Reforma laboral: cuando los números no cierran para el sistema de salud
El proyecto reduce el aporte a Obras Sociales del 6% al 5% y crea un fondo del 3%: temen menos prestaciones y más presión sobre hospitales públicos.
El nuevo proyecto de reforma laboral busca promover el crecimiento del empleo registrado.
ArchivoEl Congreso de la Nación debatirá un nuevo proyecto de reforma laboral que, según lo expresado por el propio Gobierno, busca mejorar las condiciones de los trabajadores y promover el crecimiento del empleo registrado. Al respecto, una mirada sectorial sobre algunos puntos del proyecto puede contribuir a comprender cuál es el impacto que tendrá en el sistema de salud argentino.
De la lectura del texto surgen varios aspectos relevantes, pero hay al menos dos que merecen una atención especial por sus consecuencias concretas sobre las empresas de salud y, sobre todo, sobre la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
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Reforma laboral
Uno de los capítulos más sensibles es el de las contribuciones patronales. El proyecto establece, de manera generalizada y permanente, una reducción de los aportes del empleador sobre el stock actual de empleo. En particular, el aporte al sistema de Obras Sociales pasaría del 6% al 5%, y se plantea también una reducción del 3% en las contribuciones destinadas a distintos subsistemas de la Seguridad Social.
En paralelo, se incorpora una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial a un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a financiar indemnizaciones por despidos. Este esquema tiene una consecuencia directa que no puede ignorarse: la reducción del aporte del 6% al 5% implica, en términos reales, una caída del 13% en los ingresos destinados a financiar el sistema de salud.
No se trata de una estimación subjetiva, sino de un cálculo concreto. Y ese recorte se produciría en un contexto en el que, según datos oficiales del propio Gobierno nacional, los costos de la salud vienen creciendo por encima de la evolución de los ingresos de los trabajadores.
En otras palabras, se propone reducir en un 13% los recursos que financian la salud en un escenario de costos crecientes. El resultado es previsible: menor capacidad de las Obras Sociales y de las empresas de salud para sostener prestaciones, invertir en tecnología, cubrir guardias y garantizar servicios.
Esto no afecta solo a las empresas del sector; impacta de lleno en todo el sistema sanitario. Cuando el financiamiento privado y de la seguridad social se debilita, la demanda no desaparece: se traslada. Y ese traslado ocurre hacia el hospital público.
Así, una medida pensada para aliviar costos termina empujando más presión sobre un sistema público que ya se encuentra seriamente afectado por restricciones presupuestarias y dificultades estructurales, comprometiendo el cumplimiento efectivo de un derecho constitucional básico como es el acceso a la salud.
Cambios tributarios
El proyecto también contempla beneficios impositivos. Beneficios vinculados al Impuesto a las Ganancias, con reducciones de alícuotas que en algunos casos pasan del 35% al 31,5%, y en otros del 30% al 27%. Si bien estas medidas pueden interpretarse como una mejora en la rentabilidad empresarial, es necesario mirar el cuadro completo.
La reducción de ingresos fiscales nacionales impacta directamente en la coparticipación que reciben las provincias, que ya enfrentan exigencias financieras crecientes para sostener servicios esenciales como la salud.
En el interior del país, esta discusión adquiere una dimensión adicional. Las provincias no cuentan con los mismos márgenes que el Área Metropolitana para absorber recortes o compensar desfinanciamientos. Cada punto que se pierde en ingresos termina reflejándose en menos recursos para hospitales, clínicas y prestadores locales.
Un debate clave
El debate sobre la reforma laboral es legítimo y necesario. Pero no puede darse en abstracto, ni con una mirada uniforme sobre sectores que funcionan con lógicas muy distintas. En salud, los números importan tanto como las intenciones. Reducir aportes sin contemplar su impacto real sobre el financiamiento del sistema es una decisión que puede tener consecuencias profundas y difíciles de revertir.
Legislar para mejorar el empleo es un objetivo compartido. Hacerlo sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud debería ser, también, una prioridad ineludible.
*Mario Koltan, presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud (CATES) y de Boreal Salud.