Qué dijo Norton tras las acusaciones de irregularidades por casi $1.000 millones
La empresa, que se encuentra en concurso preventivo de acreedores, respondió a las acusaciones de Cooperativa San Carlos.
Bodega Norton respondió a las acusaciones de irregularidades en una operatoria con Cooperativa San Carlos. .
Alf Ponce Mercado / MDZLa crisis financiera y judicial que atraviesa Bodega Norton sumó un nuevo capítulo luego de las denuncias realizadas por Cooperativa San Carlos y entidades ruralistas del Valle de Uco, que apuntaron contra una operatoria financiera vinculada a la venta de vino mediante Acindar, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
Tras los cuestionamientos públicos y las presentaciones judiciales anunciadas por la cooperativa, fuentes cercanas a Norton rechazaron la existencia de maniobras irregulares y defendieron el mecanismo utilizado para concretar la operación. “Acá no hubo nada raro ni nada irregular”, afirmaron desde la empresa al ser consultados sobre el caso.
El origen del conflicto
Según había explicado a MDZ Online Cristian Giusti, vicepresidente de Cooperativa San Carlos, el conflicto se originó en 2024, cuando la entidad concretó una venta de vino de exportación a Norton mediante un esquema financiero que incluía el aval de Acindar y un crédito otorgado por el Banco Santander.
De acuerdo con Giusti, la operación surgió cuando Norton ofreció comprar vino de exportación de primera calidad, pero bajo una condición: que la transacción se realizara mediante una SGR y con financiamiento bancario. “La única forma en que te compraban el vino era por intermedio de una SGR y tomando un crédito”, explicó el dirigente cooperativo.
La cooperativa aceptó avanzar porque necesitaba liquidez para comenzar a pagarles a sus socios productores. Sin embargo, allí aparece uno de los puntos que hoy cuestionan: la misma SGR que tiempo antes no había avalado un crédito de cosecha y acarreo por $26 millones terminó avalando una operación cercana a los $500 millones.
La cooperativa sostiene que la operación derivó en una deuda millonaria luego de que Norton ingresara en concurso preventivo de acreedores y el crédito quedara reclamado a nombre de la entidad mendocina. El conflicto escaló cuando, siempre según el relato de la cooperativa, Norton no habría cancelado la operación y la SGR comenzó a reclamar el pago a la entidad mendocina.
La deuda original terminó creciendo hasta ubicarse, según detalló, en unos $875 millones debido a la acumulación de intereses financieros en un contexto de tasas elevadas. Como consecuencia, la cooperativa quedó categorizada en situación crediticia irregular dentro del sistema financiero. Eso, afirmaron desde la entidad, les impidió acceder a financiamiento para cosecha, acarreo y prefinanciación de exportaciones.
La defensa sobre la operatoria financiera
Al ser consultados por este medio, desde la empresa rechazaron cualquier responsabilidad y aseguraron que las autorizaciones correspondieron exclusivamente a organismos financieros regulados. “La SGR es una entidad controlada por el Banco Central. Si autorizó la operación, es responsabilidad de ellos”, sostuvieron.
También remarcaron que el banco permitió la emisión de cheques y que toda la operatoria se realizó dentro de mecanismos habituales del sistema financiero. “Intervinieron entidades que tienen órganos internos y externos de control. Alguien autorizó esto y no fue Norton”, afirmaron fuentes de la bodega.
Además, desde la firma lujanina negaron que existiera una relación societaria o comercial entre Norton y Acindar. “La SGR es un organismo independiente. No hay relación societaria ni comercial con Norton”, señalaron.
En ese sentido, remarcaron que la utilización del concurso preventivo fue una herramienta legal para sostener la continuidad de la empresa. “Norton apeló a la única solución que encontró, que fue concursarse. Hoy la empresa está saneada, operativa y funcionando”, indicaron.
El impacto del concurso preventivo
Desde Norton también remarcaron que, una vez iniciado el concurso preventivo de acreedores, la empresa quedó imposibilitada de cancelar obligaciones anteriores fuera del marco judicial correspondiente. “Las reglas del derecho concursal argentino son claras. No se puede pagar nada de causa o título anterior por fuera del concurso”, explicaron.
En ese marco, sostuvieron que el conflicto actual corresponde a un reclamo entre la cooperativa y las entidades financieras intervinientes en la operatoria. “Norton recurrió a un recurso financiero válido como es la SGR. Hoy el problema es entre las otras partes”, afirmaron.
La denuncia penal
Otro de los puntos de tensión tiene relación con una denuncia penal de Cooperativa San contra Norton. Desde la cooperativa sostienen que mantuvieron reuniones con directivos de la empresa donde recibieron garantías de pago pocos días antes de la presentación en concurso.
Desde la firma rechazaron que haya existido delito alguno. “La compañía no cometió ningún delito y nada de lo que se hizo fue sin el acuerdo de las partes”, señalaron. Incluso, consideraron que las denuncias forman parte de una estrategia defensiva dentro del conflicto económico y judicial. “Entendemos que es un recurso legal válido para intentar no pagar mientras la situación está judicializada”, expresaron.
Por último, desde Norton pidieron cautela en el tratamiento público del tema y remarcaron que la empresa continúa operativa pese al proceso concursal. “Mucha gente depende de esto y la compañía está andando muy bien”, concluyeron.
El concurso de Norton
La situación financiera de Bodega Norton quedó expuesta a fines de octubre de 2025, cuando la histórica firma vitivinícola pidió el concurso preventivo de acreedores ante la Justicia mendocina, en medio de un fuerte deterioro financiero y problemas de liquidez.
De acuerdo a los datos expuestos en los informes judiciales, el concurso fue catalogado como un “megaconcurso” y reúne a más de 450 acreedores nacionales e internacionales. La deuda total declarada por la empresa supera los $64.000 millones, a los que se suman compromisos en dólares y euros equivalentes a unos US$41 millones. Entre los principales pasivos aparecen créditos bancarios por más de $31.000 millones, deudas con proveedores por unos $9.000 millones y obligaciones laborales y fiscales millonarias.
Entre los acreedores afectados figuran productores vitivinícolas, proveedores de botellas, empresas logísticas y entidades financieras. Además, el proceso concursal incluyó restricciones para los directivos de la compañía y un cronograma judicial que podría extenderse hasta 2027 para alcanzar acuerdos de pago.