Presupuesto 2026: el Gobierno celebra un acuerdo clave y dice que ya están los votos para que salga

Para el Gobierno, los votos ya están. Con el aporte de legisladores adherentes de Santiago del Estero que responden al gobernador Gerardo Zamora, en la Casa Rosada descuentan que estarán las manos levantadas para que el Presupuesto 2026. Así, por primera vez en tres ejercicios, el Presidente ejecutará políticas económicas, financieras, cambiarias y monetarias, con una ley que las legalice.

Afirman en el Ejecutivo que los votos para aprobar el proyecto de Presupuesto serían aportados por los legisladores propios de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, radicales cercanos e incluso algo lejanos, y los vinculados a los gobernadores dialoguistas que ya están negociando sus próximas obras públicas y una buena relación posterior con la Casa Rosada.

Cuando ocurra (lo que acontecerá en la segunda quincena de diciembre), será el evento político-económico más importante de toda la gestión de Javier Milei. Superando la aprobación de la Ley de Bases II de junio de 2024.

Lo que ocurrirá en el momento en que el Senado apruebe el Presupuesto 2026, no es menor. Para empezar, todos los actos administrativos de decisiones financieras tomadas durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei, quedarán legalizados. Y, salvo algún hecho penal que se compruebe en el futuro, no habrá posibilidades de avanzar en causas de mal desempeño en el ejercicio del rol de funcionario público en ninguna de las áreas ministeriales del Ejecutivo, incluyendo la propia casa presidencial.

La mano del FMI

Lo primero que será legal, y demolerá artillería pesada preparada por el kirchnerismo para un eventual regreso futuro al poder, será el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de abril pasado, y que hasta ahora tiene legalidad precaria, fruto de un DNU vigente. Y que, en teoría, termina su legalidad el 31 de diciembre.

Fue el propio Fondo el que le permitió a Milei y Caputo (versión Toto), avanzar en la aplicación del acuerdo con un incremento del endeudamiento, sin respetar la ley local del 2021, que obliga a cualquier incremento del pasivo internacional con privados o con organismos, a pasar por el Congreso.

Esa legislación, conocida por el titulo de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, o como Ley Guzmán (por Martín Guzmán, obviamente), prohíbe tomar deuda sin la aprobación del Congreso. Como el acuerdo de Facilidades Extendidas implica un incremento del préstamo del organismo en U$S20.000 millones, debía pasar, sí o sí, por el Legislativo.

Javier Milei contra las K

Sin embargo, fue habilitado por DNU, ante la emergencia temporal de abril de 2025, pero debe legalizarse a pedido expreso del FMI. Sucede que desde Washington, los técnicos que trabajan en el caso argentino, necesitan cobertura legal interna, sabiendo que para las leyes criollas un nuevo endeudamiento (el acuerdo con el Fondo lo es), necesita ser autorizado, más tarde o más temprano, por el Congreso Nacional.

Como en los articulados del Presupuesto referidos a los pasivos monetarios con organismos internacionales están incluidos los pagos anuales al FMI y los ítems del nuevo endeudamiento por unos U$S20.000 millones, la aprobación de la ley avalaría ya definitivamente el acuerdo con el FMI vigente. Y, desde el kirchnerismo hardcore puro y duro, ya no habría argumentos para reclamar por la legalidad del documento firmado con el Fondo.

Los dólares de Bessent

El segundo gran capítulo que quedaría aprobado con el Presupuesto 2026 es el swap firmado con Estados Unidos como consecuencia, entre otros factores menos relevantes, de la corrida cambiaria anterior a las elecciones del 26 de octubre. El rescate de Tesoro norteamericano que conduce Scott Bessent también incluye un incremento en los pasivos financieros del país, presentes o futuros.

Las características de un swap implican que los estados firmantes (Argentina y Estados Unidos en este caso), ponen a disposición de cada una de las partes la posibilidad de habilitar el dinero que se necesite. La obviedad indica que es Argentina la que necesitaría más rápidamente del dinero, con lo que implicaría una habilitación para incrementar la deuda local.

Se especula que rápidamente podría ocurrir esta situación, cuando el 9 de enero Argentina necesitaría de algún tipo de apoyo extra para poder cumplir con el compromiso de pago de los bonos Bonares y Globales por unos US$4.300 millones. O, en su defecto, para el próximo vencimiento del año del mismo paquete de títulos públicos, el 9 de julio, cuando habrá que liquidar unos US$4.200 millones.

Ingeniería financiera

En estos mismos días Luis “Toto” Caputo está elaborando el plan financiero de pago de esos títulos, esquema que podría incluir la habilitación de parte del swap norteamericano. Dicho de otro modo, estaríamos hablando de nueva deuda que para ser ejecutada necesita aprobación del Congreso. Y, precisamente, la inclusión del swap dentro de la letra fina (y no tanto) del proyecto de la ley de leyes, habilitaría institucionalmente su aprobación y uso. Nada que deba escandalizar al kirchnerismo.

Es el mismo mecanismo que se utilizó durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando en octubre del 2023 se amplió el swap con China en unos US$6.300 millones para reforzar las reservas del Banco Central y evitar corridas interminables ante las elecciones presidenciales que luego derivaron en la victoria de Javier Milei.

Lo cierto es que con la aprobación del Presupuesto gracias a los acuerdos con los gobernadores dialoguistas y afines, las dos claves de incremento de deuda estarían liquidadas. Y habilitadas. Y Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, no tendrán más problemas de legalizaciones pendientes para esta política.

Sin "Plan Platita"

Por lo demás, y tal como adelantó MDZ, los lineamientos del Presupuesto 2026 no tendrán sorpresas. El superávit fiscal primario sería de 1,5% del PBI, el financiero se ubicaría en el 0,3%, con la inclusión de la regla de estabilidad fiscal que implica que si los ingresos bajan o los gastos suben más de lo previsto, algunas partidas se ajustarán automáticamente para mantener el equilibrio.

Se prohíbe (o limita fuertemente) que el Tesoro se financie mediante emisión desde el Banco Central (es decir, sería ilegal un “Plan Platita”), y se proyecta una inflación de 10,1% anual en 2026. Todo esto con un crecimiento de 5% para la economía en general. Es lo que quedó garantizado después del apretón de manos del viernes pasado en Santiago del Estero.