Preocupación e incertidumbre por el panorama económico de la próxima cosecha

Que la vitivinicultura argentina atraviesa tiempos difíciles no es ninguna novedad ni algo de los últimos años. Empresas en una delicada situación financiera, una caída generalizada del consumo y las exportaciones de vino, costos que no han dejado de aumentar y las dificultades para el financiamiento se presentan como los alicientes para la que se encamina a ser una compleja vendimia. No tanto desde lo productivo y cualitativo, sino desde lo económico.

Referentes del sector ven la próxima cosecha con preocupación e incertidumbre, pero también con un atisbo de esperanza guardado en las reformas estructurales que el país se encamina a tener en lo impositivo y laboral y la promesa de reactivación de la economía. Sin embargo, también saben que estas no son modificaciones que se darán de un día para el otro en una industria que acusa urgencia en cada uno de los eslabones de la cadena.

El 2025 de la vitivinicultura

En términos de ventas y consumo, las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) son contundentes: en el mes de noviembre las exportaciones experimentaron una caída en términos de volumen de 8,6% y en valor FOB de 12,6% en la comparativa del mismo mes de 2024. En el acumulado de once meses del año, lo que ya marca una tendencia irreversible de lo que será el 2025, la caída en volumen para el vino argentino llega al 7,1% y en valor a 8,1%.

En el mercado interno la situación es similar. Los números del décimo mes del año marcaron una baja interanual del 4,8% y el acumulado de enero a octubre fue de 2,7%. A eso se le suma una caída en el consumo per cápita de los argentinos de 4,6%, llegando a 1,47 por persona. En los diez primeros meses del año este indicador marca un retroceso de 3,4%. Todo esto comparado con 2024, un año en el que el promedio llegó a 16,3 litros per cápita, la cifra más baja de la que se tiene registro.

Consumo, precios y financiamiento

Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reconoció que ha sido un año difícil para toda la cadena productiva: el sector primario, las bodegas y el sector comercial. Asimismo, aseguró que el 2026 se encamina como un año complejo para la industria, donde la calidad de la materia prima y el potencial de los vinos son las esperanzas.

Desde su análisis, la actividad en el futuro puede mejorar con dos variables: la recuperación económica a nivel nacional y las reformas tributarias y laboral. “La recuperación económica es importante para recuperar variables, no solo en la macro, sino en la microeconomía para poder levantar el poder adquisitivo. Ojalá también se pueda avanzar en las reformas para poder ser más competitivos en el mercado interno y el exterior”, afirmó el presidente de Coviar.

Por su parte, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) coincidió en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los argentinos para poder reactivar el consumo de vino. “Entendemos que la gente quiere tomar vino, pero a veces no puede comprarlo. Si vemos la pirámide, el vino económico o de la base es el que más se ha resentido por la baja en el poder adquisitivo del tipo de consumidor de este segmento. Si hay un poco de recuperación económica, las ventas se pueden traccionar”, destacó.

En lo que respecta a la vendimia y el punto de vista financiero, el dirigente cooperativista aseguró que para la industria será muy difícil conseguir financiamiento por las tasas que maneja el sistema bancario argentino. “Si los bancos no ofrecen tasas acorde a la realidad que está pasando la vitivinicultura va a ser muy complejo. En nuestro sistema particular, ese financiamiento para cosecha y acarreo lo vamos a tener con una prefinanciación de exportaciones, entonces vamos contar con el dinero”, anticipó Ruggeri.

A su turno, Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, reconoció que la vendimia en la zona de mayor productividad de la provincia genera preocupación e incertidumbre. “Más allá del volumen de cosecha con el que se especule, la parálisis del mercado de vinos y el bajo precio de los mismos determina un precio de la uva que no alcanzaría el punto de equilibrio económico, dado el incremento de costos operativos. Mientras, la pérdida de poder adquisitivo impacta en el consumo retroalimentándose un ciclo negativo”, expresó.

Para Sosa, la solución podría encontrarse en distintas verticales: “Algo hay que hacer, por ejemplo, es liberar a Mendoza de la diversificación obligatoria a mosto provocaría activar un mercado alternativo que ayude a potenciar el precio de la uva. También sería oportuno obtener una tarifa eléctrica preferencial para riego y elaboración, modificar plazos de contratación de potencia, etc”.

Otro aspecto a atender, de acuerdo a la visión de Sosa, será el del financiamiento: "En lo financiero y en busca de llevar algún alivio al sector y prepararnos para la próxima cosecha, por ejemplo, entre otras medidas hemos iniciado gestiones para lograr una reprogramación de los pagos de los créditos de cosecha 2025 tomados en el Banco Nación Argentina", sumó.

La preocupación sobre los controles del INV

Al panorama económico en la industria del vino se suma otra preocupación: la desregulación del INV. Si bien en líneas generales la Resolución 37/2025 por la cual se eliminaron 973 normas de control y fiscalización que se consideraban trabas burocráticas, dos puntos fueron muy cuestionados, incluso llevados ante la Justicia mediante un recurso de amparo.

Se trata del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), entre otros, los cuales se consideran cruciales para garantizar la trazabilidad y genuinidad de los productos y mantener la reputación ganada por los vinos argentinos en el mundo.

En este sentido, Acovi, la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa), ante la falta de respuesta desde el Ministerio de Desregulación, presentaron un recurso de amparo para evitar que desde el próximo 1 de enero dejen de ser obligatorias estas medidas.

“Estamos a la espera de las decisiones judiciales. Eso tiene un plazo y pueden aceptar o no. En caso de que el reclamo tenga lugar, se lo tiene que notificar al INV y ellos deberán enviar la información correspondiente sobre los puntos que se recusaron. Después, la Cámara tiene entre tres y seis días para dar su veredicto”, explicó Fabián Ruggeri.

Por su parte, Mario González aseguró que si bien están muy de acuerdo con la desburocratización de la industria, los mencionados puntos son elementales y deberían seguir estando vigentes. “Son la clave para tener todo el proceso trazable y medido para que la viticultura argentina siga manteniendo el estatus que mantiene hasta hoy. Eso es algo que no le genera ningún impacto ni en costo, ni en burocracia, ni en tiempo a nadie, y que todo el sector industrial y el productivo está de acuerdo en que eso tiene que mantenerse obligatorio”, opinó el dirigente de Coviar.

Por último, Mauro Sosa sumó que están esperando también la intervención política en el tema, tanto del gobierno de Mendoza como el de San Juan. “Esta preocupación institucional puede tener un alivio en la medida en que estas gestiones ante el Gobierno nacional sean exitosas”, puntualizó el referente del Este mendocino.