Mara Bettiol: "Las ART en los últimos seis años vieron duplicarse el índice de judicialidad"

El sistema de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) está regulado por la Ley 27.348 desde 2017, sin embargo, en el sector denuncian que el índice de judicialidad en Argentina excede en hasta 21 veces lo que ocurre en Chile y 15 veces la de España, pese a que la siniestralidad y el índice de mortalidad es similar a ellos.

Esto se debe a una práctica usual en la justicia local, que termina aceptando los resultados de pericias que indican un cierto nivel de incapacidad, cuando en realidad "evaluados por la ART y por la Comisión Médica tienen un 0% de incapacidad o quedaron sin secuelas incapacitantes", explica Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Esto es parte del costo argentino y una preocupación en una actividad, en la que empresas más pequeñas corren riesgo de quebrar por el impacto económico de los juicios. En este diálogo con MDZ, Mara Bettiol traza los ejes de la agenda sectorial y remarca la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en una actividad productiva que es un "paraguas para que el empleador pueda producir y una garantía del trabajador para que tenga prevención y prestaciones".

"Hay que nivelar la cancha, porque hay una litigiosidad exacerbada", una situación que complica a un sistema que ha logrado evitar 4,7 millones de accidentes desde su implementación y ha salvado 19.000 vidas, destacan desde la UART.

El sistema de ART lleva ya muchos años de aplicación, sin embargo, hoy tiene algunas complicaciones, especialmente por la litigiosidad laboral ¿es así?
Efectivamente, es un sistema que está al borde del colapso, a pesar de cumplir más que sobradamente con los objetivos por los cuales fue creado. Es decir, mejorar la prevención, mejorar las prestaciones. El plan A es que un trabajador no tenga un accidente y si tiene un accidente que tenga una cobertura integral acorde a sus necesidades y eso funciona muy bien.
El problema es la parte judicial, es decir, aquellos trabajadores que después de que tienen un accidente son recuperados y que evaluados por la ART y por la Comisión Médica, tienen un 0% de incapacidad o quedaron sin secuelas incapacitantes. Esos trabajadores van a la justicia y en la justicia los peritos le dan en promedio un 14% de incapacidad. Entonces son incapacidades infladas en la vía judicial, a partir de la pericia que hacen los peritos.

La ley de ART

¿Qué ocurre con eso? ¿Hay algún vacío legal, algún resquicio por el que la norma no logra la litigiosidad o dónde está la falla?
Es buena la pregunta, porque desde 2017 hay una ley nacional (27.348) y hay 18 adhesiones provinciales, que hoy están siendo incumplidas por parte de la justicia. ¿Qué dice esta ley, que hoy está plenamente en vigencia, aunque incumplida en la justicia? Que los peritos judiciales tienen que seleccionarse por concurso, sus honorarios no tienen que estar ligados al resultado del juicio o a su pericia, sino que tienen que ser un empleado del Poder Judicial o cobrar fijo y además aplicar los parámetros de evaluación del daño que tiene la propia ley, con un baremo o un listado de enfermedades. Es decir, cómo está todo muy parametrizado para que todas las personas sean evaluadas con la misma vara. Esto es lo que se está incumpliendo en la justicia.
Lo que sucede es que personas que no tienen incapacidad, en la justicia, mágicamente aparecen con una incapacidad, con un adicional. Esto fomenta sistemáticamente una mayor cantidad de juicios que hoy está haciendo colapsar un sistema que da respuestas a la comunidad productiva. En este caso se trata, no de recortar derechos, sino simplemente cumplir con la ley, porque si no hay un sobrecosto argentino injustificado, hay un beneficio para unos pocos, en desmedro de la mayoría. Es necesario que esto se termine de cumplir, es decir, se termine de concluir el camino que inició esta ley hace ocho años.

Además de subir el costo laboral ¿una pyme puede ir a la quiebra producto de estas resoluciones de la justicia?
Estos son los juicios que van a las ART, que no siempre pueden trasladar este costo, porque hoy por una cuestión de competitividad, de orden macro y demás, es necesario mirar las cosas muy finitas. Ahora, si el sistema colapsara, producto de todo este descalabro de las experiencias judiciales, podría ser una posibilidad.

¿Hoy el recibe el golpe es la ART?
El directo es la ART, una parte de ese costo se traslada, obviamente, pero no se puede trasladar todo este costo, porque hoy la alícuota promedio es de 2,85 de la masa salarial y si se tuviera que trasladar todo este costo sería como 5%, entonces es casi un 80% adicional. Más allá de que es muy difícil de estimar lo que pasa en los juzgados porque la variabilidad es muy grande, no solo entre provincias, sino dentro de una misma provincia.

¿Qué provincia o qué provincias tienen el mayor nivel de litigiosidad producto de esto que mencionás?
En primer lugar, provincia de Buenos Aires, 40% de los casos, la segunda es CABA, con el 20% y después Santa Fe con un 15% de los casos. Santa Fe es la provincia que más creció en los últimos dos años.

O sea que hay cerca del 70% entre tres distritos, tres provincias grandes, pero tres provincias al fin.
Exacto.

En momentos en que se está viendo por dónde va a ir la reforma laboral ¿entraría en este paquete el sistema de ART o va por cuerda separada?
Hoy se está discutiendo todo el trámite de norma, de ley, de regulación. En el caso de ART ya existe una ley, lo que pasa es que esa ley no está siendo cumplida por los poderes judiciales. Me parece que también es una cuestión muy a tener en cuenta, porque ahora se está viviendo un proceso muy parecido al que se vivió con la Ley sobre Riesgos del Trabajo en el 2017, de que por consenso se apruebe una norma en el plano laboral, pero que después finalmente termina siendo interpretada o aplicada por los juzgados laborales, en nuestro caso, a partir de lo que dice un perito.
Hoy los jueces validan todo lo que los peritos terminan peritando y ése es el gran problema. En el caso de lo laboral, veremos cómo termina también esa discusión. Hoy por hoy quizás podamos incluir algún punto particular de este sistema, pero la cuestión más estructural o de fondo pasa por el incumplimiento de la justicia y de la ley específica que tiene el sistema.

Según la UART, hay alrededor de 10 millones de personas en la informalidad que no podrían conseguir trabajo por el impacto de los juicios laborales. Foto: CEPA

El sistema de ART es algo relativamente moderno o nuevo. ¿Cómo está la Argentina en comparación a otros países donde tienen leyes parecidas?
Excelente punto, también en el marco de la discusión de la competitividad. Nuestro país tiene un sistema que es muy parecido al de España y al de Chile. Tenemos una siniestralidad también muy parecida, un índice de fallecimientos parecido al de España, de Chile y una cobertura más amplia que la de España y más amplia que la de Chile.
Ahora, cuando vemos el índice de judicialidad, tenemos 15 veces la judicialidad que tiene España y 21 veces la Judicialidad que tiene Chile. Estimamos que este año Argentina va a tener 130.000 nuevos juicios, que partíamos de una base a diciembre del año pasado, ya de un stock abierto de 300.000 juicios. Ahora se sumaron este año 130.000 más. Si tuviéramos el índice de judicialidad que tiene España, tendríamos alrededor de 8000 juicios por año.

Quince veces menos...
Claro. Si tuviéramos el de Chile 5600. Entonces, la verdad es que no hay comparativa posible. Este crecimiento de la judicialidad, que en los últimos seis años se duplicó, no tiene correlación con el crecimiento de la actividad, menos con el empleo, que está prácticamente estancado, ni con las variables del sistema. Bajan los accidentes, bajan los fallecimientos en el ámbito laboral y los juicios no paran de subir.

¿Le podemos poner un número a los juicios que se tramitan en un año? ¿De qué monto de dinero estamos hablando?
Es muy difícil de estimar. si bien siempre las planillas de Excel dan para todo. Es muy difícil porque cada provincia aplica su propio criterio. Yo pongo como ejemplo en el caso de CABA, toda persona que plantee una demanda por este tema obtiene una incapacidad psicológica, sea por un esguince, por una lumbalgia, por cualquier cuestión.
En el caso de Córdoba, que triplica la media de enfermedades profesionales, es decir, cada jurisdicción tiene lo suyo, y a esto a su vez le sumamos lo que generan las actualizaciones o los intereses. Que cada provincia tiene su propio criterio. Tenemos fallo favorable de Corte, después hay cortes provinciales también a favor, pero después los tribunales inferiores hacen cualquier otra cosa.
Si tuviéramos que hablar de ponerle un monto a todo esto, equivale aproximadamente a 100.000 puestos de trabajo por año, es decir que en diez años son 1 millón de puestos de trabajo.

¿Tienen conversaciones con el Gobierno sobre este tema? El Gobierno está, de alguna manera, apuntando a bajar el costo argentino y esto es uno de los ingredientes.
Sí, la verdad es que desde el Poder Ejecutivo, recientemente el ministro de Economía, pero también el secretario de Trabajo, el Ministerio de Justicia, las distintas instancias dentro del Poder Ejecutivo conocen la problemática y también están dispuestos a batallar contra esta intermediación, contra este sobrecosto que es francamente evitable. Lo que pasa es que en el caso del sistema de riesgos del trabajo la decisión de ordenar esto pasa por el Poder Judicial, que son quienes hoy están incumpliendo con la norma.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que depende del Ministerio de Trabajo, el los juicios ingresados en 2024, el 91% son casos de cero incapacidad, evaluadas por las comisiones médicas que dependen del Poder Ejecutivo, no solo por la ART. Nueve de cada diez no deja incapacidad, pero en la Justicia la obtienen, por un diferencial muy grande. Por eso nosotros decimos que es un negocio en el que lucran unos pocos, en desmedro de la mayoría.

¿Cuánto tarda un juicio normalmente? Mencionaste que hay un stock de juicios ingresados a la justicia y que cada año se suman unos 100.000.
En promedio, son más o menos dos años. En el caso de ART se aceleraron mucho, todo de la mano de la digitalización se hizo cada vez más seriado, más inmediato. En el caso de ART, imaginen que a partir de que entra una demanda, con el solo hecho de que el perito establezca un porcentaje, el juez valida, terminó el juicio.

¿No hay instancias de apelación?
La verdad es que no, porque es una pericia. El perito es amo y señor de ese porcentaje. Establece el resultado final del juicio, que después lo que hace el juez es quizás agravarlo con los intereses, pero básicamente es eso, es decir, no hay toda una cuestión de hecho y prueba. Ése es el punto por el cual todo va tan rápido, tal vez unos nueve meses, un poco más quizás.

¿Cómo es la industria de aseguradoras de riesgos del trabajo? ¿Cuántas hay, cuánta gente está cubierta?
Hay 23 ART operando en el mercado, 10 millones de trabajadores cubiertos, 1 millón de empleadores y como digo siempre, el principal trabajo o la esencia del sistema es prevenir, evitar que el accidente se produzca. Después, si ese accidente se produce, dar una cobertura plena al trabajador.
Esa cobertura y esos índices de prevención están muy alineados con lo que pasa en otros países. Lo que nos diferencia, sistemáticamente, de una manera que no tiene justificación ninguna es la litigiosidad. Es un sistema necesario para la actividad productiva, es un paraguas para que el empleador pueda producir y es una garantía del trabajador para que tenga prevención y tenga prestaciones.