Las claves del plan anticrisis para el sector vitivinícola

El Gobierno lanzó varias líneas de acción para tratar de ayudar a resolver la crisis del vino. Compra de uva, un fondo anticíclico y crédito fiscal a exportadores, entre las líneas de acción. 

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Bodegas elaboracion de vinos

Alf Ponce / MDZ

La industria del vino está en crisis  y una de las bases del problema es la caída del precio del vino por el sobrestock que hay. Por eso especulan que el precio del vino nuevo puede estar por debajo de los valores del año pasado. Si esa variable se cruza con el aumento de costos, la ecuación es crítica para el sector, principalmente para los pequeños productores de uva y vino.

En el Gobierno creen que la salida de fondo es la mejora de la economía y el ajuste de instrumentos que permitan que el sector crezca sin necesidad de “anabólicos”. Pero hasta que eso ocurra, aceptan que es necesario que haya intervención del Estado, con las acotadas herramientas que tiene la Provincia.

La cadena de valor del vino tiene una importancia enorme en la economía, la cultura y también en otras actividades de Mendoza. En total hay 11.000 productores primarios, 160.000 hectáreas cultivadas en producción, 650 bodegas elaboradoras, y cerca de 100 mil trabajadores. El vino y el mosto son los principales productos de exportación de Mendoza, con U$S 800.000.000 anuales aproximadamente. Pero además es el eje de desarrollo de otras actividades, como el turismo.

Intervención

Para enfrentar la contingencia el Gobierno emprendió varios caminos. Uno de ellos es la compra de uva para destinar a la producción de mosto. En los últimos años hubo quejas desde San Juan, por ejemplo, por la falta de cumplimiento de los cupos de uva que debían destinarse a ese fin. Ahora sería una forma de sacar uva del mercado del vino para producir mosto e intentar sostener el precio. La compra se haría a través de Mendoza Fiduciaria.

El otro eje es el fondo anticíclico para intervenir en el mercado. El proyecto de ley enviado por el Gobierno apunta a que el propio Estado tenga recursos y un margen de maniobra para decidir cómo aplicar los recursos.

El proyecto tiene pocos artículos, pero dos planos: el técnico, donde se menciona cómo ejecutar los recursos, y el político, que hace a los requisitos necesarios para que se apruebe. Allí es donde más complicado está, pues necesita la aprobación de dos tercios de ambas cámaras. El PJ por ahora dijo que, como ocurrió con el Presupuesto 2019, no avalará la búsqueda de financiamiento. “Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia a establecer un Programa Plurianual, cuya vigencia será desde el ejercicio 2019 hasta el ejercicio 2022 inclusive, con el objetivo de estabilizar el mercado de productos vitivinícolas”, dice el artículo uno del proyecto, donde también se autoriza a “hacer uso del crédito público” por 1000 millones de pesos anuales.

Crédito fiscal

El Plan estaría a cargo del Ministerio de Economía, pero los ejecutores de los fondos serían Mendoza Fiduciaria y el Fondo para la Transformación, quienes administrarían el fideicomiso.

La otra clave del proyecto es que se incluyen beneficios fiscales para exportadores. Esto podría funcionar como un aliciente por las retenciones que la Nación impuso a los exportadores. En ese sentido, se habilita el otorgamiento de créditos fiscales para el pago de Ingresos Brutos. No se mencionan montos, pero sí formato de aplicación de esos beneficios y, por ejemplo, podrán ser transferidos. “El certificado de crédito fiscal podrá aplicarse como pago a cuenta del monto total y mensual del impuesto sobre los ingresos brutos que devengue el desarrollo de una o más actividades, cualesquiera ellas sean, por las que su titular beneficiario o cesionario resulte sujeto pasivo”, dice el proyecto.

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