La marcha del ajuste fiscal (según la Fundación Mediterránea)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó, sin dudar, al gobierno de Javier Milei y la política económica instrumentada desde el ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo. Lo hizo luego de la derrota del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, y mientras la clase política opositora de toda ralea reclama cambios en la conducción financiera, cambiaria y fiscal que surge desde el gobierno nacional.

Pese a esto, desde Washington, hubo un apoyo total, reflejado en un comunicado firmado por la vocera del organismo Julie Kozak. Sin embargo, se sabe, desde la conducción del caso argentino que dirige Luis Cubeddu, hay un monitoreo constante sobre el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias, cambiarias y macro del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril pasado. Y cuyo próximo monitoreo se realizará en el primer trimestre del 2026. Lejos temporalmente hablando, de las elecciones legislativas de octubre.

Sobre el tema recae el análisis del último informe elaborado por la Fundación Mediterránea titulado “Acuerdo con FMI: ¿Cuánto debe recortarse el gasto?”, donde el foco se impone en el cumplimiento de las metas fiscales, la necesidad de ahorro y que tan lejos está el país y sus cuentas públicas de sostener las metas comprometidas en el acuerdo de abril. Especialmente ante la embestida del Congreso nacional de incrementar el gasto público en el segundos semestre del año.

Las conclusiones del informe de Fundación Mediterránea

Proyección de IERAÑ

La proyección de IERAL.

• Entre enero y julio de 2025, los ingresos totales del sector público nacional cayeron 1,2% en términos reales, especialmente por el hecho de que en mayo la recaudación de Ganancias resultó bastante inferior a la del mismo mes de 2024.
• Para los últimos cinco meses del año se estima un incremento real del 2,8% en los ingresos totales, de modo que la suba en todo el año 2025 podría resultar del 0,6%, menor al crecimiento del PIB real, pero sin el impuesto PAIS.
• Por el lado del gasto primario, subió un 2,4% real anual en los primeros siete meses del año, con una variación del 24% en las erogaciones que ajustan automáticamente con la inflación con un rezago de dos meses. El gasto que no ajusta en forma automática, en cambio, sufrió una nueva baja entre enero y julio del corriente año del orden del 12% real anual.
• Dada la inflación esperada para los últimos cinco meses del año, se proyecta una suba del gasto automático del 15% anual real en ese lapso, de modo que, para cumplir el compromiso con el FMI de un superávit primario de 1,6% del PIB en 2025, el gasto no automático debería tener una caída del 12% anual real entre agosto y diciembre de 2025, respecto de igual periodo del año pasado.
• Teniendo en cuenta la nueva ley sobre discapacidad, y si se aprueban los proyectos de ley sobre ATN e impuesto a los combustibles, con un costo de cerca de 0,2% del PIB en lo que resta de 2025, para alcanzar el objetivo de un superávit primario del 1,6% del PIB, las erogaciones no automáticas deberían recortarse aún más, en torno al 14% anual real entre agosto y diciembre (en lugar de un 12% con el escenario base).
• Si bien el gasto primario exhibe una suba real anual del 2,4% en los primeros siete meses de 2025, aún resulta un 29% inferior al del mismo período de 2023. El gasto en Personal, también en 2025 muestra una reducción (-6%), donde impacta la reducción de la planta, además de la evolución salarial, con lo que la partida de personal acumula un ajuste del 24% con respecto al año 2023.
• El gasto en jubilaciones aumenta un 20% anual real en enero – julio 2025, pero aun resulta 10% inferior a lo erogado en 2023. El gasto en AUH sube 33% en lo que va del 2025 y acumula un incremento del 55% real anual versus igual período de 2023. En cambio, otras prestaciones sociales caen 14% real anual en 2025 y un 27% contra igual periodo del año 2023.
• Los subsidios en el consumo de energía disminuyen un 56% en los primeros siete meses del 2025 y acumulan una caída del 74% versus 2023, no sólo por los cambios ocurridos en materia de subsidios al consumo de los hogares, sino también por la importante disminución ocurrida en las importaciones de gas. En cambio, los subsidios al transporte caen sólo 1% real anual en 2025, acumulando un ajuste del 35% contra el año 2023. Las transferencias a empresas públicas, por su parte, se reducen un 41% real anual en lo que va de 2025, y el ajuste alcanza al 64% si se compara con igual período de 2023.
• Las transferencias a universidades suben 3% anual real en 2025, pero aún resultan un 33% menores a las de 2023. Por el lado de las transferencias discrecionales a provincias, si bien se duplican en 2025, se compara contra una base muy baja en 2024, de modo que, si la comparación se realiza contra los primeros siete meses de 2023, el ajuste resulta del 46% en las transferencias corrientes y del 94% en las transferencias de capital.
• La inversión real directa del sector público nacional exhibe un recorte extra del 19% real anual en 2025, con lo que acumula una disminución del 75% si la comparación es contra el mismo período de 2023.
• Ahora bien, dado que buena parte del ajuste fiscal en 2025 se concentra principalmente en subsidios a la energía y en transferencias a empresas públicas, que como se analizó, en los primeros siete meses caen 56% y 41% interanual, respectivamente, si dichas partidas mantienen similar nivel de ajuste en lo que queda del año, entonces el resto del gasto no automático podría ajustarse un 5% real anual entre los meses de agosto a diciembre (en lugar de una reducción del 12%), y de todos modos cumplirse la meta de superávit primario de 1,6% del PIB en todo el año 2025.
• Dado que para el éxito del programa económico resulta imprescindible no sólo el equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno, sino también mejorar en forma importante los niveles de competitividad de la economía a través de la concreción de reformas clave, como la tributaria, a más tardar para el año 2026 deberían acordarse topes al aumento del gasto en los tres niveles de gobierno, de modo que éste no exceda la tasa de inflación. Si se cumple el tope al gasto, y la economía crece con subas de recaudación que superan a la tasa de inflación, podrán destinarse los excedentes a bajar la presión tributaria en los tres niveles de gobierno.