Fecovita vs. Iberte: una nueva denuncia por lavado de activos genera versiones cruzadas
En este caso, la causa llegó a Comodoro Py y la Justicia Federal investiga a Juan José Retamero, Guillermo García y las empresas de Aisa Group.
El empresario español Juan José Retamero es investigado por lavado de activos tras una denuncia de Fecovita.
La larga y compleja disputa entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) e Iberte, perteneciente a Aisa Group del empresario español Juan José Retamero, acaba de sumar un nuevo capítulo judicial. En lo que es conocido como “la guerra del vino”, el conflicto que nació alrededor de una sociedad para comercializar vinos y mostos en Europa llegó al fuero federal con una denuncia por presunto lavado de activos y balances falsos. Así, una vez más se han generado versiones cruzadas sobre los hechos.
Con un extenso listado de causas aun pendientes de resolución esta nueva causa fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 y comenzó a tomar impulso luego de que la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Ramiro González, considerara que existían elementos suficientes para abrir una investigación sobre determinadas operaciones comerciales y movimientos financieros vinculados con el conflicto. El expediente, identificado como CFP 5435/2025, tuvo su origen en una presentación realizada por Luciana Govoni, en representación de Fecovita.
Sin embargo, hay una precisión central desde el punto de vista judicial: la Fiscalía sostuvo expresamente que, por las características y el estado actual de la investigación, todavía no corresponde imputar formalmente a ninguna persona hasta que surjan nuevos elementos que permitan identificar a los eventuales responsables de una maniobra delictiva. Es decir, la denuncia apunta contra Juan José Retamero Gómez y Guillermo Daniel García, pero la pesquisa federal se encuentra aún en una etapa de producción y análisis de pruebas.
La denuncia de Fecovita
En su presentación, Fecovita denunció a Retamero y García por presunto lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, y por la supuesta utilización de balances falsos. Según surge del requerimiento fiscal, la Federación sostiene que detrás del vínculo comercial existía una maniobra destinada a perjudicarla económicamente y que la rescisión de los contratos habría interrumpido un esquema de operaciones que, a criterio de los denunciantes, podría estar relacionado con el lavado de dinero.
La hipótesis denunciada gira, entre otros puntos, alrededor de movimientos entre sociedades del grupo empresario, aumentos y posteriores modificaciones de capital, transferencias desde el exterior y deudas intragrupo. Fecovita planteó ante la Justicia que determinadas operaciones podrían haber servido para justificar ingresos de fondos y movimientos posteriores entre compañías vinculadas.
La Fiscalía recogió esa descripción como parte de los hechos denunciados, aunque la investigación no convalidó todavía esa hipótesis. Por el contrario, el fiscal González dejó asentado que el objeto de la pesquisa debía ser delimitado y que era necesario evitar una investigación indiscriminada sobre todo el patrimonio y las actividades de las personas y sociedades involucradas.
Ese punto resulta clave: la causa federal no constituye, hasta ahora, una conclusión judicial sobre la existencia de lavado de activos. Es una investigación abierta para determinar si determinadas operaciones vinculadas directamente con el conflicto entre Fecovita y las empresas denunciadas tuvieron o no relevancia penal.
La defensa de Aisa Group
Desde Aisa Group rechazaron la denuncia y remarcaron que, hasta ahora, “no existe ninguna persona imputada” en la causa. La empresa sostuvo además que Fecovita cuestiona fondos que, según su propia versión, había considerado legítimos al momento de ingresar al negocio.
“¿Cómo pueden ser sospechosos hoy los mismos fondos que ella calificó de lícitos cuando se los llevó?”, planteó la compañía, que aseguró que las operaciones fueron realizadas dentro del sistema financiero formal y que aportará a la Justicia la documentación necesaria para demostrar la trazabilidad de los recursos.
El grupo empresario -que además integran empresas como Minas Argentinas y la pesquera Cabo Vírgenes- también cuestionó que la denuncia relacione las operaciones realizadas mediante Contado con Liquidación con un supuesto origen ilícito de los fondos. Según la empresa, la utilización de ese mecanismo no convierte por sí misma al dinero en ilegal y recordó que en actas internas de Fecovita se habría calificado la operatoria como “lícita, ética y moral en todos sus aspectos”.
Para Aisa Group, la nueva denuncia debe interpretarse en el marco del prolongado conflicto comercial y judicial entre las partes. En su caso, consideran que la acusación busca desacreditar públicamente al grupo y anticiparon que, por los eventuales perjuicios ocasionados, podría promover nuevas acciones por daños y perjuicios.
La investigación financiera
Antes de impulsar formalmente la acción penal, la Fiscalía solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales antecedentes y reportes de operaciones sospechosas relacionados con Retamero, García y una serie de sociedades, entre ellas Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC —ex Word Wine Trading LLC—.
Con los informes obtenidos, el Ministerio Público consideró que correspondía profundizar la investigación sobre operaciones desarrolladas durante 2021, 2022 y 2023 que tuvieran una vinculación directa con Fecovita y con las personas denunciadas.
Entre los movimientos bajo análisis aparecen transferencias por más de $1.027 millones acreditadas en una cuenta de Exportadora Vitivinícola SA en el Banco Galicia durante 2022; ingresos por $198,6 millones en una cuenta de la misma empresa en Banco Macro; créditos y débitos por cientos de millones de pesos en Banco Coinag; y operaciones con cheques de terceros y rescates de fondos comunes de inversión en Banco Supervielle.
La Fiscalía pidió obtener la documentación respaldatoria y reconstruir los movimientos, identificando, entre otros datos, a los intervinientes en transferencias, depósitos, extracciones y operaciones con cheques. También requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las operaciones de comercio exterior de Evisa, su situación en los registros correspondientes y eventuales inspecciones o fiscalizaciones realizadas sobre la compañía.
Secretos bancario, fiscal y bursátil
La última novedad en el caso es que el 24 de agosto, el juez federal Daniel Rafecas dio un paso significativo para el avance de la investigación. A pedido de la Fiscalía, ordenó el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil respecto de Retamero, García y las sociedades incluidas en la pesquisa.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la información protegida por esos regímenes de confidencialidad guarda relación directa con el objeto de la investigación y que su acceso permitiría profundizar el análisis de las operaciones comerciales y los movimientos financieros atribuidos a las personas físicas y jurídicas denunciadas. Por eso consideró que la medida era pertinente, conducente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
La medida alcanza a Retamero y García y a Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC, ex Word Wine Trading LLC.
La decisión judicial no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad. Lo que habilita es el acceso a información que hasta ahora estaba protegida por el secreto bancario, fiscal y bursátil para que la Fiscalía pueda reconstruir el circuito de las operaciones investigadas y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar en la causa.
Sobre este punto, desde Aisa Group aseguraron que se trata de un paso normal en este tipo de investigaciones. Asimismo, plantearon que el hecho que el grupo sea uno de los aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con Gualcamayo y las operaciones de exportación de oro y otros productos hacen que las empresas sean constantemente auditadas y confían en una total transparencia de las cuentas.
Del negocio del vino a una “guerra” judicial
El quid de la cuestión se remonta a 2022, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Fecovita e Iberte por diferencias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa que desató una batalla legal que, al día de hoy, se mantiene abierta y derivó en una sucesión de causas cruzadas.
Yéndonos hacia atrás en el tiempo, Iberte asegura que desde Fecovita la engañaron para que invirtiera $3.139 millones en capital en la sociedad exportadora que habían creado. Para el grupo empresario, los directivos de la Federación habrían redirigido esos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que, según esa posición, nunca fueron entregados. También persisten diferencias sobre los montos definitivos de las deudas al momento de finalizar la sociedad en 2022 y, fundamentalmente, sobre quiénes deben ser considerados acreedores y deudores.
A esa primera causa le siguieron pedidos de quiebra, denuncias por balances fraudulentos, acusaciones cruzadas de estafa y otros procedimientos judiciales en los que Fecovita e Iberte no han logrado encontrar un punto de acuerdo.
La causa federal se incorpora así a un tablero judicial cada vez más amplio. El propio fiscal González advirtió que, detrás de los expedientes, existe un “ida y vuelta” entre denunciantes y denunciados que, en distintos momentos, han intentado trasladar al terreno penal diferencias nacidas de una relación comercial y contractual.
