El equipo de Luis Caputo viajó a Rosario: presionó por el acuerdo con Estados Unidos y buscó calmar al campo

Por tercera vez en pocas semanas, el equipo económico fue a Rosario, más específicamente a la Bolsa de Comercio, pero esta vez el grupo fue ampliado. Y, por supuesto, con la ansiedad sobre algún datos de esta intensificación de la relación con EE.UU., se podría asegurar que hubo “codazos” para lograr un lugar en esa especie de cumbre de dirigentes, empresarios, y el equipo de Luis “Toto” Caputo, más algunos otros.

El hermetismo, sin embargo, es difícil de quebrar. Incluso, los hombres de empresa, bastante propensos al “off the récord”, en este caso prefirieron el cauto silencio, que incluye que no trascienda ni siquiera su presencia en este tipo de encuentros que, por el lado oficial, incluyó al alter ego de Caputo (en ausencia), o sea, el multifacético Juan Pazo, Director Ejecutivo de ARCA; Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía; Federico Furiase, Director del Banco Central; Martín Giaccio, Subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores; Esteban Marzorati, Secretario de Industria y Comercio; Guido Baistrocchi, Asesor de ARCA; y la Diputada Nacional, Romina Diez. También participaron Guido Orlandi, Director Ejecutivo de PAMI Rosario; y Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional en Santa Fe por La Libertad Avanza.

El encuentro, incluso, se superpuso con el último día del Coloquio de IDEA en Mar del Plata el viernes, lo que obligó a algunas empresas a dividir su presencia, Así, mientras el Ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger “retaba” a los hombres de negocios en la costa marplatense, por su “demora” en avanzar en cambios del contrato laboral voluntario; Pazo y los suyos jugaban a los “buenos”, con el centenar de dirigentes reunidos en Rosario (de los cuales más de 60 eran de las más grandes exportadoras del país, dado que Rosario es el 2º polo agroexportador mundial), pero hubo poco dato “duro” sobre el acuerdo final.

Mientras la ansiedad de varios de los presentes crecía, Pazo insistió con que “el acuerdo es muy bueno”, y dejaron trascender algo sobre el tema de la carne vacuna que luego ratificó el propio Trump. Aunque no dijo que el “beneficio” para Argentina, se debe a que por los altos aranceles que le impuso, Brasil le dejaría de abastecer más de 350.000 toneladas por año.

Los técnicos hablaron bastante sobre la coyuntura macroeconómica, el programa fiscal y monetario, y las herramientas de financiamiento y crédito orientadas a impulsar la inversión. También se abordaron iniciativas de simplificación operativa para exportadores, y una agenda de reformas para mejorar la competitividad, con foco en reducción de costos y modernización normativa.

Básicamente todo apuntó a reforzar, y profundizar, los lineamientos ya conocidos de la política de Javier Milei, lo que no alcanzó a tranquilizar en todos los temas, ni siquiera tras la ronda de preguntas después de las exposiciones.

“Fue una reunión claramente política, y la volatilidad del mercado es propia del período pre-eleccionario”, reconoció una fuente, aunque para algunos analistas en este caso es más fuerte incluso que en la época de (Domingo) Cavallo y el megablindaje, y a pesar de la presencia en la negociación de Scott Kenneth Homer Bessent, el Secretario del Tesoro estadounidense, un reconocido administrador de fondos de alto riesgo, y en monedas.

El segundo mensaje pareció apuntar a los gobernadores y, aunque en un tono más “amigable” que el de Sturzzenegger, se les habría insinuado a los hombres de negocios ejercer una mayor presión sobre las provincias e, incluso, intendencias, para achicar gastos y bajar impuestos.

“Aunque el tema lo amerite, ¿no son demasiadas visitas a Rosario? No será que están midiendo como les iría con un cierre de campaña en la cuna de la bandera?”, deslizó un observador, probablemente pensando en Maximiliano Pullaro, el gobernador santafesino.

Fitosanitarios y biocombustibles

Mientras se conocía la inflación de septiembre de 2,1, y trascendía que en dos meses el BICE ya adjudicó $ 3.500 millones para ganadería (retención de vientres, compra de vaquillas, capital de trabajo, etc.) el campo, que tiene asumido que en esta etapa no “juega en primera”, y todavía trata de digerir la eliminación de las retenciones “solo para la minería”, cuenta los días para que pasen las elecciones y se puedan volver a plantear los problemas puntuales a funcionarios y legisladores que, desde hace meses, vienen “en campaña”.

Tal vez por eso, fue llamativa la repentina reaparición de sendos proyectos de ley, muy trascendentes para la producción, pero muy demorados en el Congreso, y no solo en esta administración.

El primero, hasta ahora muy conflictivo, es el que establece las pautas para la aplicación de agroquímicos que, en general por desconocimiento, casi tiene normas propias en cada localidad, y busca establecer por primera vez un marco regulatorio nacional que brinde previsibilidad al sector productivo y garantice la protección ambiental y sanitaria.

El proyecto define varias zonas, como la zona sensible que “es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola” como pueblos, escuelas, o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento que demanda una serie más de requerimientos.

La propuesta, cuenta con amplio consenso, no solo de productores y sus entidades, sino también de los aplicadores de estos insumos, especialmente teniendo en cuenta la muy alta tecnología con que se cuenta y los antecedentes en los países más avanzados.

El segundo, igual de sensible, aunque por otras razones, es el referido a una nueva Ley de Biocombustibles, sobre un proyecto elaborado por 9 provincias “bioenergéticas”, y las cámaras que nuclean a la actividad (aunque ya habría alguna diferencia entre un grupo de ellas), que promueve la producción y utilización de biodiesel y etanol ampliando, incluso, el porcentaje de “corte” con los combustibles fósiles convencionales.

De acuerdo a la propuesta “no requiere de beneficios fiscales (como el RIGI)”, y “no implica costo fiscal alguno, genera ahorros en divisas, promueve competencia, empleo e inversiones, ofrece mayor soberanía energética”.

Según la propuesta, la ley vigente ya está “agotada” y frena la posibilidad de inversiones. En ambos casos, se trata de sectores en los que EE.UU. tiene un gran desarrollo e interés de capitales privados estadounidenses para su ampliación.