Economía del Fastidio: cuál es el costo de trámites engorrosos y cargos sorpresa

Los costos vinculados al tiempo perdido en trámites, la dificultad para resolver reclamos y la aparición de cargos no informados representarían gastos indirectos por alrededor de $23.900 mensuales para cada hogar argentino, según una estimación elaborada por la consultora Focus Market. El informe analiza el fenómeno conocido como “Economía del Fastidio”, un concepto desarrollado por los economistas Chad Maisel y Neale Mahoney para describir los costos que enfrentan los consumidores al interactuar con empresas y servicios a través de procedimientos complejos, demoras, información poco transparente y obstáculos administrativos.

De acuerdo con el estudio, estas prácticas generan un impacto económico en el consumo de las familias que no suele reflejarse en facturas ni presupuestos, pero que implica pérdidas de tiempo, recursos y productividad.

Consumidores insatisfechos

Para evaluar cuáles son las principales fuentes de insatisfacción, Focus Market relevó las respuestas de 2.640 consumidores argentinos.

La práctica más mencionada fue la presencia de condiciones ocultas o información poco visible, señalada por el 46% de los encuestados. En segundo lugar se ubicaron las promociones y descuentos considerados confusos, con el 28% de las respuestas.

El tercer factor más citado fue la aparición de costos de envío no informados inicialmente, con el 13%. Más atrás se ubicaron los cargos administrativos adicionales (6%), la exclusión de determinados productos de promociones (5%) y la preselección de servicios o alternativas más costosas (2%).

Según el relevamiento, las tres primeras categorías concentran el 87% de las situaciones que generan mayores inconvenientes durante el proceso de compra.

Economía del Fastidio

Reclamos y atención al cliente

En la etapa posterior a la compra, la principal dificultad identificada por los consumidores está relacionada con los sistemas automatizados de atención. El 64% de los participantes señaló como principal problema la imposibilidad de acceder fácilmente a un representante humano al realizar consultas o reclamos.

Los procesos de garantía y devolución con múltiples requisitos ocuparon el segundo lugar, con el 14% de las respuestas. Le siguieron las suscripciones con modificaciones de precios consideradas poco transparentes (12%), los programas de puntos de difícil utilización (6%) y las dificultades para cancelar servicios o suscripciones (4%).

El informe sostiene que estas situaciones incrementan los costos indirectos para los consumidores, especialmente cuando los procedimientos demandan reiteradas gestiones o largos tiempos de espera. También menciona ejemplos vinculados a servicios bancarios, telecomunicaciones, medicina prepaga, comercio electrónico, alquileres temporarios y transporte aéreo.

Entre los casos relevados figuran promociones sujetas a condiciones poco visibles, costos adicionales que aparecen al finalizar una compra online, cambios en tarifas de servicios, turnos técnicos con amplias franjas horarias y procedimientos complejos para modificar o cancelar contratos.

Según Focus Market, estas situaciones tienen en común la transferencia al consumidor de costos asociados al tiempo, la gestión administrativa y la resolución de inconvenientes. La consultora tomó como referencia un estudio realizado en Estados Unidos, donde la Economía del Fastidio fue estimada en el equivalente al 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI).

Aplicando esa proporción al PBI argentino de 2025, estimado en 601.150 millones de dólares corrientes según datos del INDEC, el costo anual ascendería a más de 3.242 millones de dólares. La cifra equivale a aproximadamente 4,57 billones de pesos al tipo de cambio oficial considerado por el informe.

Distribuido entre los 15,9 millones de hogares registrados por el Censo 2022, el resultado representa un costo promedio de 204 dólares anuales por hogar, equivalente a unos $23.912 mensuales.

El informe aclara que se trata de una estimación basada en la metodología utilizada para Estados Unidos y que busca dimensionar el impacto económico potencial de las fricciones que enfrentan los consumidores en su vida cotidiana.