Cooperativismo: el privilegio fiscal del que nadie habla

Hoy las cooperativas están totalmente exentas del impuesto a las Ganancias sobre sus excedentes, sin ningún límite de monto. El proyecto no eliminaba ese beneficio, pero le ponía un piso: los primeros 500 millones de pesos de excedente anual (ajustables por inflación) seguirían libres de impuesto, y solo lo que superara ese monto empezaría a tributar como cualquier empresa. Antes de aplicar ese cálculo, además, las cooperativas podían descontar lo que destinan por ley a sus fondos de reserva y de educación cooperativa. En la práctica, la exención total se convertía en una exención parcial o limitada, y el cambio afectaba sobre todo a las cooperativas más grandes: las medianas y chicas, con excedentes por debajo del umbral, no notarían la diferencia.

Ese matiz importa porque el debate público suele simplificarlo como “le sacan la exención a las cooperativas”, cuando en realidad el proyecto conservaba el beneficio para la enorme mayoría del sector y solo lo acotaba en la punta de la pirámide. No es lo mismo una cooperativa eléctrica de un pueblo que otras sociedades comerciales que se disfrazan de cooperativas pero que en los hechos son grandes aseguradoras, entidades financieras de gran porte, cadenas de supermercados, o crecealeras que concentra el 25% del mercado.

La discusión de fondo, sin embargo, va más allá del texto legal. Al no pagar Ganancias, las cooperativas cuentan con una ventaja de costo de capital que ninguna empresa privada puede igualar: mientras una sociedad comercial reinvierte utilidades después de pagar el 35% de impuesto, una cooperativa reinvierte el 100%. Esa diferencia, sostenida durante décadas, ayuda a explicar por qué algunas cooperativas hoy alcanzan una escala comparable a la de las grandes empresas privadas del sector en el que compiten, pero sin la misma carga tributaria. Hay que aclarar que cuando una cooperativa obtiene utilidades por operaciones con terceros que no son cooperativas, las mismas no las puede distribuir. Conclusión: una cooperativa bien administrada, con excedentes, y con semejante beneficio fisca, no puede parar de crecer en el mercado en el que opera.

La Constitución Nacional, en su artículo 16, consagra el principio de igualdad como pilar del sistema tributario y de las cargas públicas. Ahora bien, las cooperativas desarrollan una actividad económica prácticamente idéntica a la de cualquier otro actor que compite en el mismo mercado, y lo único que las distingue es su estructura jurídica. Ese factor pareciera ser suficiente para justificar un tratamiento tributario diferencial de semejante envergadura.

El costo fiscal de este tipo de beneficios tampoco es un detalle menor. El conjunto de exenciones y privilegios sectoriales que prevé el Presupuesto Nacional de este año ronda los 780.000 millones de pesos. Llama la atención, dado el monto y el debate que hay entorno a impuestos como el del cheque o las retenciones, como también de las exenciones que disfruta Tierra del Fuego, que de esto no se hable.

El modelo cooperativo se ha convertido en uno de los principales vectores de concentración económica. La ausencia de topes a sus beneficios está desplazando paulatinamente a numerosas empresas privadas no cooperativas en distintos puntos del país. Con el capítulo cooperativo fuera de la negociación legislativa, al menos por ahora, la situación actual se mantiene sin cambios: exención plena y sin techo. Queda abierta la pregunta de si este punto volverá a discutirse en una futura reforma tributaria o el presupuesto 2027, o si seguirá siendo, como hasta ahora, un tema que pocos miran de cerca y del que nadie quiere hablar.