Causa YPF: la Cámara de Apelaciones de Nueva York comienza a definir la demanda contra el país
La causa por cómo se reestatizó YPF en 2012 sigue esta semana con una nueva instancia de apelaciones en los tribunales de la jueza Loretta Preska.
El juicio que se tramita en Nueva York surgió tras la nacionalización de la petrolera en 2012 y todavía tendrá varios capítulos más.
Esta semana se vivirá una de las paradas más difíciles en la larga marcha por el juicio contra Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof sentado en el sillón principal del Ministerio de Economía.
Desde el miércoles, y por unas 48 horas, los abogados que representan al país del estudio Sullivan & Cromwell (S&C) y de los demandantes del fondo Burford Capital, se cruzarán en la Cámara de Apelaciones de Nueva York para comenzar a definir el resultado en la segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos.
Luego, el tribunal se tomará un tiempo indeterminado para dar su fallo de ratificación, corrección o rechazo de la decisión de la magistrada de primera instancia Loretta Preska, de condenar a la Argentina a pagar US$16.000 millones de capital, pero según estimaciones hoy, con la acumulación de intereses, superaría los US$18.000 millones.
La jueza federal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, tiene a cargo la causa iniciada por los fondos Burford y Eton Park por la forma en que se reestatizó YPF en 2012. Foto: NA
En el estrado estarán tres jueces: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Ninguno tiene antecedentes en causas contra el país; y lo único que puede mencionarse es que el trío fue nombrado por presidentes demócratas. El primero durante la gestión Bill Clinton, el segundo por Barak Obama y la tercera por Joe Biden.
Quien piense que esta denominación política podría beneficiar la causa argentina, está equivocado. Si hay un denominador común en los juicios contra el país en los tribunales norteamericanos (y del resto del mundo), es que los jueces de todas las extracciones política condenan a la Argentina.
El escritorio de Loretta Preska
Habrá que ver qué suerte tiene el país en esta oportunidad. Se especula que como alternativa positiva, quizá, los abogados de S&C podrían conseguir una rebaja en la cuota de sanción que impuso Preska. Pero lo cierto es que intentar que un tribunal de segunda instancia rechace un fallo de primera instancia, tan contundente como el de la jueza de la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York, sería difícil.
Igualmente, y por obligaciones legales dentro de la Argentina, si el fallo de la segunda instancia es negativo, los abogados que representan al país apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y recién cuando el máximo tribunal de EEUU defina el caso, el gobierno argentino podrá abrir una rueda de negociaciones con los acreedores de Burford.
Burford Capital, un duro litigante con la petrolera estatal.
Lo que debe resolver la segunda instancia judicial de Nueva York es el fallo de fondo de Preska de septiembre del 2023, que le da la razón a Burford y Eton en la demanda y obliga al país a pagar ese monto monumental más intereses y gastos a los vencedores.
Antecedentes del caso
Argentina apeló la decisión, y el tribunal debe decidir sobre dos cuestiones. La primera es difícil de cambiar: la causa de fondo que falló a favor de los demandantes. Se entiende en general que se trata de cosa juzgada. Pero donde sí puede haber algún tipo de consideración jurisprudencial, es en el argumento de S&C sobre que la medición del dinero a pagar (los 16.000 millones) es una cifra desproporcionada en relación al daño sufrido por los demandantes.
También que el número final a liquidar merece una readecuación y un nuevo cálculo. Lo que podría tomar en cuenta ahora la Cámara de Apelaciones, es si antes de determinar qué hacer con el 51% de las acciones de YPF, definir el fallo de fondo.
Una decisión de este tipo demandará al menos lo que resta del 2025 y quizá varios meses del 2026. Y, luego, aún le quedará al país la alternativa de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Un nivel donde difícilmente se acepte una revisión, pero que igualmente demandará un tiempo para tomar una decisión.
La ciudadanía en general acompaña la re-estatización de YPF, aunque no sobre la forma en que lo hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La especulación más amplia desde la Argentina, es que quizá para cerrar la causa haya que esperar hasta comienzos del 2027, un año donde eventualmente ya el país pueda recurrir de manera más fácil a los mercados financieros de deuda voluntaria.
Cabos sueldos peligrosos
- Los puntos fundamentales de la causa que transita días tormentosos en las cortes de los Estados Unidos.
- Para muchos la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina.
- Se razona además que ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina. En lo posible estatal.
- El juicio no es por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria. Es por la manera en que se reestatizó la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como responsable máximo de la operación.
- El estatuto de la privatización de 1992 (era Estenssoro) incluía una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al resto de los accionistas.
- Desde el 26 de junio de 1993 Argentina decide (como país soberano) salir a cotizar parte de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York. A partir de entonces, inevitablemente, acepta las normas de la SEC, que incluyen el respeto de la OPA. Y la jurisprudencia de EE.UU. indica que esto es superior, incluso a las normas de países. Esto puede gustar o no, pero es así. Y debía haberse tenido en cuenta.
Las acciones argentinas cotizan con alzas de hasta el 5% en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también suben los bonos reflejando el cambio de "humor" en los mercados tras un comienzo de semana incierto.
- En la decisión de reestatización de 2012, se decidió pagar unos US$6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA.
- Se decidió, además, dejar de distribuir dividendos a los accionistas.
- El Grupo Petersen, que ingresó luego de la estatización, había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentan en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso. (crean o no, es así).
- El sindico de la causa radicada en Madrid, le vendió la causa (esto es habitual) el 4 de mayo de 2015. La compró Burford en 15 millones de dólares. Lo hizo a través de Prospect Capital (una subsidiaria semi secreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones de dólares.
- En septiembre de 2015, Burford se presentó en los tribunales de Nueva York. Por sorteo la causa le tocó a la jueza Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como magistrada juez de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.
- Entre diciembre 2016 y marzo 2018, Preska se tomó su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo 2019 definió que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basó, otra vez, en jurisprudencia de Estados Unidos.
- En septiembre de 2023, falló a favor de Burford y el segundo demandante, Eton Park (Dios sabe quien está detrás de éstos).
- El problema y el origen de la causa en los tribunales de Nueva York fue no haber extendido el pago a Repsol, a una oferta al resto de los accionistas. Luego éstos podían aceptarla o no. Pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.
- Sobre la obligación de esta operación, hay jurisprudencia en la justicia de EE.UU. Argentina podría haber aceptado o no abrir las cotizaciones de una parte de las acciones de YPF en Wall Street. Pero si lo hacía, debía respetar las reglas de la Security and Exchange Commission (SEC), la autoridad reguladora del mercado de capitales norteamericano.
- El fallo de fondo de Preska fue el de septiembre del 2023. Ahí se perdió el juicio. Argentina está obligada por leyes locales a apelar, tanto en la segunda instancia (lo que comienza a definirse ahora) como ante la Corte Suprema de EEUU. De no hacerlo, al presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus funciones.