Caputo ante un problema: el IPC de enero reaviva la crisis de la credibilidad del Indec

Luis Caputo tendrá esta semana una, quizá, el mayor desafío desde las elecciones legislativas del año pasado; donde los libertarios lograron una importante victoria. El ministro de Economía deberá convencer al público, los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), que los porcentajes que mañana publicará el Indec sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero 2026; medición que debía mostrar el debut de la nueva metodología diseñada por el ex titular del organismo Marco Lavagna, pero que mostrará una evolución con la misma fórmula que el 2025 y ejercicios anteriores. Según la información que circulaba este fin de semana, probablemente el anuncio que se publicará mañana a las 16:00 horas, peleará el 2,5% y, seguramente, será menor el 2,8% de diciembre pasado. El problema para el ministro es que nadie tomará ese porcentaje muy en serio, y la polémica fundamental será especular cuanto habría sido se hubiera debutado el diseño de Lavagna. Una dificultad grave que tendrá además el Palacio de Hacienda, es que la polémica no se cerrará este martes, sino que continuará hacia delante cada vez que mensualmente el Indec publique el IPC.

El día clave para el Gobierno: sostener la credibilidad

Como ya indicó este medio, el problema más serio para el gobierno si se aplicara la medición preparada por el ya ex titular del Indec, no era la encuesta de enero. Tampoco la de febrero. El peligro para Caputo y el gobierno era el resultado que apareciera cuando en abril se presentará en sociedad el cálculo de marzo 2026. Y según la especulación generalizada del gremio de economistas privados (tanto mandriles como el resto), es que el porcentaje podría haber crecido hasta el 3,5%. Y esto sin tener en cuenta cuestiones estacionales de cada marzo, como el impacto de los útiles escolares y las cuotas de colegios privados que siempre se incrementan en esos tiempos. Para Javier Milei y el equipo económico de Luis “Toto” Caputo, hubiera sido una situación políticamente insostenible. La intención y el plan del gobierno nacional es que durante el 2026 se de el proceso de reducción de la inflación, y que para diciembre de este ejercicio se esté peleando a la baja el 20%. Y si se hubiera aceptado la aplicación del nuevo índice de inflación, en el cuatrimestre del 2026 el alza del IPC hubiera alcanzado el 10%; la mitad de toda la expectativa de máxima anual del Poder Ejecutivo. Ante la realidad que arrojaban los datos de enero que se conocerán esta semana (cerca del 2,5%), la realidad que febrero se acercaría al 3% y marzo al 3,5%; el Ejecutivo tomó la decisión política de suspender la aplicación del nuevo IPC, y continuar con la medición anterior. La que, como clave, no pondera como consumo fundamental el incremento de los servicios públicos regulados, los que este año se incrementarán en un 16% real contra la inflación; incrementos en gran parte concentrados entre febrero y junio de 2026.

Esta decisión de retornar al cálculo anterior fue insostenible para la continuidad de Marco Lavagna al frente del Indec y derivó en la crisis de credibilidad quizá más grave en cuanto al manejo de la administración económica desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023. Lavagna no habría tenido problemas en continuar en el organismo. Se sentía cómodo, contenido y, hasta fin del 2025, absolutamente respetado por el Ejecutivo. Pero, queda claro, todo cambió con la decisión presidencial de intervenir en un organismo que, para toda la comarca económica y financiera (incluyendo, sobre todo, la ortodoxa), debe mantenerse en una independencia absoluta similar a una caja de cristal.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacaron las cifras de inflación.

Más si se tiene en cuenta que llegaron el viernes pasado al país los técnicos del FMI comandados por el venezolano Luis Cubeddu, y que tienen que fiscalizar y aprobar el ejercicio 2025; con las metas y objetivos fijados en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril del año pasado. Y que, luego del cambio de actitud oficial de comenzar a comprar dólares de manera sostenida desde el Banco Central; parecía que no tendrían mayores cuestionamientos graves para aprobar los números y porcentajes oficiales y, en consecuencia, liberar hacia marzo los aproximadamente 1.000 millones que el FMI debía liberar por el acuerdo vigente. Descartan en Buenos Aires, que no habrá problemas en la aprobación del Board del Fondo de las metas y objetivos 2025 y, luego, el giro del cheque correspondiente. En definitiva, en ese directorio reina Estados Unidos y nada ni nadie lo contradice. Pero los técnicos del FMI que manejan el caso argentino, siempre se reservas un espacio para la crítica pública, clara y directa. En este sentido, la aprobación del año pasado de la aplicación del nuevo índice de inflación bajo el diseño ejecutivo de Marco Lavagna, su aval como mecanismo serio y certero y la confirmación posterior que sería esta medición la que se tomaría como válida; forma parte de la marcha del acuerdo para el 2026. No hay reportes públicos (ni privados) de quejas por la fórmula porcentual anterior que continuará ahora siendo la oficial. Pero desde el ministerio de Economía habrá que convencer al FMI que la idea de sostenerla en el tiempo (hasta que termine un insondable proceso de “desinflación”, es la correcta.

En enero se registró el sexto mes consecutivo de aumento de los ingresos tributarios por debajo del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC); algo que, se sabe, irrita y mucho a los técnicos del organismo, que por manual interno siempre esperan que la recaudación sea positiva y real contra el alza de los precios. La variable se sostiene en un peligroso rojo de entre 5 y 7% desde noviembre, resultado que parece continuará hasta, al menos, marzo; para luego comenzar a corregirse. O al menos eso es lo que se espera. En principio, el FMI fue prudente en tiempos difíciles para plantear el problema. Básicamente no se lo mencionó en el 2025, sobre todo en los primeros días de este año, cuando los números de ingresos tributarios correspondientes al ejercicio anterior manifestaban preocupación. El problema se agravó al conocerse también el resultado final de la inflación de diciembre del 2025, que se ubicó en un muy molesto 2,8%, nivel que en un porcentaje algo menos se repetiría en enero (dato que se conocerá el próximo martes). Este nivel porcentual, lejos de favorecer a la corrección de la recaudación contra la inflación, profundiza el problema. Y lo coloca en un nivel que retrasa la recuperación. Y para que quede en claro; para el FMI, así como debe haber superávit fiscal, también la recaudación deberá estar por arriba del IPC. Y con la mayor brecha posible.

El gobierno, sabiendo que es difícil que la relación con el FMI se rompa o complique por un índice inflacionario marginal, redobló la apuesta. El propio Luis “Toto” Caputo blanqueó sin mayores pruritos que hubo una decisión personal del presidente de intervenir en la aplicación del nuevo índice, y que la idea final del Ejecutivo es crear una nueva medición que se aplicaría en el futuro cuando el proceso “desinflacionario” se logre. No se explayó el funcionario sobre cuál sería el momento “desinflacionario”, ni qué porcentaje lo representaría. Se supone que sería cuando el IPC tenga un cero por delante y la anualización llegara al dígito porcentual. Si este año el gobierno lograra entre un 20 y 30% de alza de los precios, la propia métrica de la caída de la variable indicaría que tampoco el 2027 sería el año de nacimiento y ejecución de la nueva medición; ya que sería imposible que el IPC pasara de un (especulando) 25% para este año; a un dígito el próximo. En el mejor de los casos, el nuevo IPC vería la luz en el 2028 o 2029. Obviamente, con una gestión que siga la actual de Javier Milei, aunque el libertario gane las elecciones. En síntesis, una nueva medición de la inflación quedaría para el gobierno que llegue al poder luego de la actual; sea con Milei o no al frente de la misma. Si se tiene en cuenta y los indicadores y variables mensurables deben ser actualizadas, mínimo, cada cinco años, y se recuerda que el ahora actual IPC fue diseñado en el 2017 (debía haberse modificado en el 2022); si una nueva medición se aplicara (en el mejor de los casos) en el 2027; el delay del indicador inflacionario tendría en la Argentina cinco años. Poco serio.