El fin de la moratoria previsional, los nuevos jubilados y los reclamos del FMI

Entre otras promesas, Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a concretar una reforma previsional. Entre los requerimientos que el organismo financiero que conduce Kristalina Georgieva le exige al gobierno de Javier Milei, está el trata de modificar el muy deficitario sistema de reparto que rige en el país, desde el fin de la administración privada de fondos de pensión durante el kirchnerismo.

El FMI no impone tiempos inmediatos, pero si expone como límite los cuatro años de vigencia de la primera parte del acuerdo, en los que el país no deberá pagar capital, aunque sí intereses. Y durante el plazo en que el Fondo irá girando al Banco Central unos U$S5.000 millones de manera trimestral.

Por ahora no hay plazos políticos dentro del gobierno de Javier Milei para avanzar en el proyecto que debe ser tratado por el Congreso. Se especula en realidad, en que será luego de las elecciones legislativas de octubre, con un nuevo diseño político del Poder Legislativo, más amistoso para las iniciativas de la Casa Rosada. Especialmente las requeridas por el propio FMI.

Mientras tanto, el panorama del sistema previsional argentino es terminal. Y tendiendo a complicarse. Según un informe preparado por la Fundación Mediterránea titulado “Reforma previsional: El debate que se viene tras el fin de la moratoria”, el fin de ese instrumento permitió que en 2024 el 73% de las altas jubilatorias se otorgaran con este mecanismo.

Con la finalización del régimen, habrá problemas serios para que puedan darse de alta nuevas jubilaciones, debido a la dificultad de contar con 30 años de aportes. 

Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

- Desde el 23 de marzo de 2025, dejó de estar vigente la moratoria previsional, un mecanismo que facilitaba el acceso a beneficios jubilatorios para personas sin la totalidad de aportes requeridos. Este instrumento legal permitía regularizar períodos de aportes faltantes mediante la generación de una deuda previsional, que podía cancelarse a través de un plan de pagos flexible, frecuentemente deducido del propio haber jubilatorio. Como resultado, se universalizó el acceso a la jubilación.

- El 73% de las altas jubilatorias (313.950 casos) se otorgó bajo este régimen, mientras que sólo el 27% correspondió a beneficiarios con la totalidad de aportes reglamentarios (113.555 casos). La moratoria representó una solución transitoria a una problemática estructural: el requisito legal de 30 años de aportes resulta difícil de alcanzar en un mercado laboral en el que poco más de un cuarto de los trabajadores logra cumplir con esta exigencia al momento de alcanzar la edad jubilatoria.

- La expansión del sistema previsional mediante moratorias generó un significativo impacto fiscal. En 2017, el gasto previsional alcanzó el 9,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra considerablemente superior al rango del 4-6% que correspondería según la estructura demográfica argentina. Al no ser financiable, se recurrió a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria en tres ocasiones (2017, 2019, 2024). Estas modificaciones permitieron que la alta inflación licuara el valor real de las jubilaciones, acumulando una pérdida del 40% entre 2017 y 2024 

- Como resultado, el gasto previsional tendió a converger hacia los niveles internacionales adecuados para la demografía argentina, pero a costa de una drástica caída en el poder adquisitivo de los jubilados. 

- Emerge como alternativa más razonable la implementación de una reforma integral del sistema previsional. Esta transformación debería incluir un fortalecimiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), garantizando protección a aquellos que llegan a la edad jubilatoria con aportes insuficientes.