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ARCA anunció alivios impositivos para quienes sufrieron las inundaciones en Bahía Blanca

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero implementó medidas fiscales especiales para aliviar a personas y entidades perjudicadas por las inundaciones en Bahía Blanca y alrededores.
Estas disposiciones forman parte de una política fiscal de contingencia que apunta a acompañar a los sectores afectados por desastres naturales Foto: EFE
Estas disposiciones forman parte de una política fiscal de contingencia que apunta a acompañar a los sectores afectados por desastres naturales Foto: EFE

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un paquete de medidas extraordinarias para quienes residen o tienen domicilio fiscal en las zonas impactadas por las recientes inundaciones en Bahía Blanca, Ingeniero White y General Daniel Cerri. A través de la Resolución General 5671/2025, se establecen beneficios impositivos orientados a personas físicas, PyMEs, entidades sociales, organismos estatales y universidades.

La decisión apunta a mitigar el impacto económico que provocaron las intensas lluvias en gran parte del sur bonaerense. Las disposiciones incluyen desde prórrogas en los vencimientos de declaraciones juradas hasta la suspensión de acciones legales por parte del fisco.

La resolución del ente recaudador pone el foco en garantizar la continuidad operativa y financiera de actores claves de la región, desde pequeñas empresas hasta instituciones públicas.

Quiénes pueden acceder a los beneficios

Según lo dispuesto por el organismo, los contribuyentes alcanzados serán aquellos que figuren en el sistema registral bajo la categoría “Emergencia por inundaciones - Bahía Blanca”. Esta caracterización será indispensable para acceder a las medidas especiales. La resolución incluye a micro, pequeñas y medianas empresas hasta el Tramo 2, entidades sin fines de lucro, el sector de la salud, y organismos públicos, incluidas las casas de altos estudios.

Una de las medidas más relevantes es la suspensión de intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas o pagos tributarios. También se frenan, hasta el 31 de diciembre de 2025, los juicios de ejecución fiscal y el dictado de embargos preventivos.

La prórroga en los plazos de presentación alcanza tanto a personas humanas como jurídicas. En el caso de empresas con cierres contables entre octubre de 2024 y febrero de 2025, las fechas se distribuyen según la terminación del CUIT: el 13 de agosto para las terminaciones 0, 1, 2 y 3; el 14 para las terminaciones 4, 5 y 6; y el 18 para las terminaciones 7, 8 y 9.

Para contribuyentes individuales y sucesiones indivisas del período fiscal 2024, los nuevos vencimientos serán el 15, 16 y 17 de septiembre, también según el número final del CUIT. Estos cambios buscan otorgar margen a los afectados que, en muchos casos, enfrentan pérdidas materiales y dificultades operativas.

Embargos y planes de pago: qué cambia

ARCA también estableció que cualquier medida cautelar ya vigente, como embargos sobre cuentas bancarias o créditos por cobrar, deberá ser suspendida. En caso de que los fondos ya hayan sido retenidos, quedarán a disposición del contribuyente sin ser transferidos al fisco, lo que otorga un margen adicional de maniobra financiera.

Los planes de facilidades de pago activos tampoco se verán afectados por falta de cumplimiento durante este período. Es decir, aunque no se abonen las cuotas, los mismos no serán dados de baja hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1° de enero de 2026, quienes no hayan regularizado su situación volverán a estar sujetos al sistema habitual de caducidad.

Una medida pensada para dar respiro

Estas disposiciones forman parte de una política fiscal de contingencia que apunta a acompañar a los sectores afectados por desastres naturales. Con la suspensión de acciones legales y la reprogramación de vencimientos, se busca evitar que personas y entidades con dificultades para operar sufran consecuencias adicionales por incumplimientos inevitables.

La resolución del ente recaudador pone el foco en garantizar la continuidad operativa y financiera de actores claves de la región, desde pequeñas empresas hasta instituciones públicas. Además, representa un intento por recuperar el tejido económico en una zona que todavía enfrenta las secuelas del temporal.