Javier Milei aprobará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por ley (pero no ahora)
El mundo estuvo a segundos de una guerra mundial nuclear en octubre de 1962. Fue cuando los Estados Unidos, bajo el gobierno de John F. Kennedy, descubrieron que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares de alcance medio en Cuba. El entonces líder soviético Nikita Jrushchov primero negó los hechos, pero ante las evidencias que presentaron los norteamericanos ante las Naciones Unidas, terminó de reconocerlos. Pero los relacionó con el intento del presidente de los Estados Unidos de invadir la isla gobernada por Fidel Castro.
El mundo estuvo en vilo durante 13 interminables días, hasta que las partes aceptaron negociar. Kennedy y Jrushov sabían que no podían llevar al mundo a un extremo termina. Menos por Cuba. Pero el principal problema es que ninguno de los dos quería quedar como el perdedor. Justo a punto del nuclearmente peligroso fracaso, el enviado de Kennedy Robert McNamara encontró una la solución al nudo gordiano. Jrushchov aceptaría retirar los misiles, y, a cambio, los Estados Unidos reconocerían al régimen de los Castro y no intentaría ninguna aventura más como la fallida invasión de Bahía de los Cochinos, ni ningún tipo de intromisión interna. Los soviéticos firmaron. Pero querían algo más. No les interesaba el uno a uno. Fue ahí como McNamara encuentra la llave del candado. Estados Unidos también retiraría misiles Jupiter instalados en Turquía, pero lo haría 6 meses después; cuando las focos ya no estuvieran en el conflicto. Como caballeros, las condiciones se cumplieron. Y la historia continuó, sin vencedores ni vencidos. En los papeles Estados Unidos cedió más que los soviéticos, pero en un cálculo cuyos resultados no se vieron en el momento.
Esta negociación quedó en la historia como un hito de la diplomacia subterránea y fundó una disciplina en las ciencias políticas denominada "La Esencia de la Decisión", cuyo fundador fue Graham T. Allison. Se trata de analizar las decisiones de los líderes políticos con una consideración tiempista, que mida los efectos y consecuencias de una resolución, no en el momento sino en el futuro. Y ahí resolver si fue la correcta o no.
Salvando las distancias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de comienzos de los 60 y la Argentina de estos días, puede analizarse la decisión de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vía un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) bajo el matiz de la teoría de "La Esencia de la Decisión". Bajo este plasma político se debe tender un puente en el tiempo hacia delante, para saber que fue lo que se negoció con el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva quién le prometió al staff técnico que intervino en las negociaciones con la Argentina; que el acuerdo tendrá un plafón legal institucional que les dará a ellos dentro del FMI protección y estabilidad ante un potencial fracaso del próximo Facilidades Extendidas.
Sucede que saben los hombres y mujeres del departamento del Hemisferio Occidental, que si el acuerdo se cae en el corto plazo; la historia indica que ante una investigación de "asuntos internos" del FMI sobre porqué no funcionó el acuerdo, los culpables serán los técnicos que lo negociaron. Y la jurisprudencia interna del FMI indica que inevitablemente terminarían perdiendo su puesto. Eyectados del Fondo o en alguna otra dependencia de menor nivel (y retribución). Que lo diga la hoy vocera del organismo, Julie Kozac, quién en algún momento era la número dos del venezolano Luis Cubeddu en el FMI, pero que ante el fracaso del Stand By firmado con el gobierno de Mauricio Macri, terminó eyectada del departamento del Hemisferio Occidental, convirtiéndose en la vocera de lo que otros hacen. Georgieva les dio a los técnicos una garantía que negoció con Javier Milei: el Facilidades Extendidas saldrá ahora vía DNU, un nivel inestable de institucionalidad. Pero, para el mediano plazo, tendrá una ley hecha y derecha que lo respalde.
No será ahora. Sino a fines de este año o durante el primero trimestre del año próximo, cuando el presidente argentino envíe al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio 2026. Milei se comprometió ante Georgieva que cuando cambie la composición del Parlamento argentino, luego de las legislativas de octubre próximo y con una realidad diferente en cuanto a la fortaleza de sus propios diputados y senadores; tendrá la posibilidad de lograr lo que aún no consiguió. Que el Congreso le apruebe su propio presupuesto, sin mayores cuestionamientos de aliados críticos.
Dentro de ese proyecto de ley de Presupuesto para el 2026, se incluirán todas las metas, objetivos, nueva deuda, cambio de calidad de pasivos y todo el resto de los capítulos del nuevo Facilidades Extendidas que se firmará antes de la anteúltima semana de abril. Probablemente, mientras el FMI y el Banco Mundial sean los anfitriones de la Asamblea Anual Conjunta 2025 de los dos organismos, que tendrá nuevamente a Washington como sede institucional.
Esa aprobación futura del Presupuestos 2026, sería para los hombres y mujeres del staff técnicos del Fondo, la garantía que dentro de un tiempo, no ahora, haya una aprobación con todos la institucionalidad que da el Congreso Argentino y que incluya el contenido amplio del nuevo Facilidades Extendidas. Y su salvoconducto interno para la eventualidad que el tratado no funciones en el corto plazo. Obviamente nadie cree que esto vaya a ocurrir. Pero, por las dudas, la garantía legal, y laboral, para los técnicos del Fondo, sería una realidad.
Más allá de las declaraciones de Kozac del jueves de la semana pasada, sobre que los problemas de aprobación vía ley del acuerdo eran cuestiones "internas" y "no vinculantes", en el FMI hay un antecedente importante que si bien no obliga, aconseja de manera firme esa instancia legislativa. Se trata del documento elaborado por el propio Fondo Monetario publicado en diciembre del 2022 llamado "Evaluación Ex Post del Stand By otorgado a la Argentina en 2019", un trabajo elaborado por "asuntos internos" del FMI durante el 2022 y que evalúa que falló en el acuerdo cerrado bajo el gobierno de Mauricio Macri. Una especie de "autocrítica" del FMI. En ese documento se menciona lo siguiente: "El foco debería estar en defender una noción de participación más exigente que incluya el apoyo al programa del Congreso, la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos y la sociedad en general. Las autoridades actuales han contribuido a fortalecer la participación en el futuro tras presentar en el Congreso Nacional la denominada Ley de 'Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública', que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2021 y que implicó que será obligatorio que el Congreso apruebe todo acuerdo futuro entre la República Argentina y el FMI respecto de programas apoyados por la institución multilateral".
"Este es un logro importante para la sociedad argentina, ya que evitará que, en el futuro, cualquier gobierno avance a su discreción con la firma de acuerdos que tienen el potencial de provocar consecuencias dramáticas para las futuras generaciones (tal como lo hizo el SBA de 2018), y establece condiciones que fortalecerán la noción de participación de la nación en sus acuerdos con la institución multilateral. Por otro lado, garantizará que el apoyo que brinde la comunidad internacional a través del FMI no sea un apoyo político a un gobierno en ejercicio, sino a una nación miembro en su conjunto, lo que promoverá un multilateralismo más respetado y confiable".
En definitiva, para el FMI uno de los errores del fallido Stand By firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, fue no haberlo aprobado por el Congreso. Ese Stand By firmado en junio del 2018 tuvo en realidad poca vida. Terminó su utilidad en diciembre del 2019, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández. Milei tiene, obviamente, otra visión. Nunca habrá un informe del tipo "Evaluación Ex Post", porque, asegura, su acuerdo sí funcionará y se aplicará por años. Allí queda claro que el FMI no considera indispensable una ley que avale el acuerdo. Pero, dada la historia reciente, le daría un vuelo institucional extra.
Javier Milei lo hará. Peor no ahora. Y de manera indirecta. A través del Presupuesto 2026.