El empleo clandestino: un reto urgente a enfrentar en la era digital
Millones de personas trabajan en las sombras, dirían en la oscuridad, en un laberinto de ilegalidad y silencios cómplices. El empleo en negro de la Argentina no sólo es un número en una fría estadística, es una herida abierta en el tejido social y en un mercado de trabajo, que no crece hace 20 años. Es la historia de los invisibles que construyen el país sin protección, sin futuro. La verdad duele, y ésta es cruda.
El empleo no registrado, también conocido como trabajo informal, es un fenómeno que persiste en muchas economías, incluida la nuestra, y que requiere atención inmediata y acciones concretas por parte de los gobiernos, nacionales y provinciales. Esta problemática no sólo afecta a los trabajadores, (dependientes y empleadores) que se ven privados de derechos y beneficios básicos, sino que también debilita el tejido económico del país y el mercado laboral.
El empleo no registrado deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad. Sin relación de dependencia formal, carecen de acceso a la seguridad social, a jubilaciones, a cobertura de salud adecuada, y protecciones laborales básicas como las licencias por enfermedad o las vacaciones pagadas y el aguinaldo. Esta informalidad laboral socava el bienestar de más de 10 millones de argentinos, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social.
El empleador también se ve afectado, desde el punto de vista de su vulnerabilidad, debido a la escasa seguridad jurídica y el alto costo a la hora de contratar dependientes, siendo los organismos descentralizados del Estado (ARCA) quienes deben sacar el pie sobre la cabeza de los únicos que generan empleo genuino: los empleadores.
El trabajo informal representa una pérdida significativa de ingresos fiscales. Sin impuestos y contribuciones recaudadas de estos empleos, se reduce la capacidad del Estado para financiar servicios públicos críticos, desde infraestructura hasta educación y salud.
Además, una fuerza laboral sin protección adecuada es menos productiva y más propensa a experimentar inestabilidad económica. El gobierno tiene la responsabilidad de crear un entorno regulatorio, un marco, que incentive a las empresas a formalizar sus empleos. Mas allá de la necesidad de una reforma laboral, acá hablamos de una reforma tributaria.
Esto podría incluir reducciones impositivas, beneficios por formalización, y un endurecimiento en la fiscalización y sanciones por incumplimiento. Por su parte, los empleadores serian tentados a la contratación de empleo genuino no siendo ya, el costo laboral lo que abruma día a día a estos. Esto se transformaría en una inversión en la estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.
Es crucial elevar la conciencia pública sobre los derechos laborales. De ambas partes (empleador y dependiente) y fomentar una cultura de cumplimiento y obligaciones. Esto comienza por la educación, asegurando que los individuos conozcan sus derechos, emprendan, se capaciten y las ventajas de la formalización, no solo para ellos mismos, sino para la sociedad en su conjunto y el trabajo del futuro.
El empleo no registrado es una trampa para el crecimiento sostenible y el desarrollo humano. A través de políticas públicas de empleo efectivas, y una ciudadanía informada, instruida e idónea, en el futuro del trabajo podemos comenzar a revertir esta tendencia. Es hora de que todos reconozcamos que cada día trabajado sin registro es un paso atrás en nuestra lucha por un futuro más competitivo y próspero.
La paradoja es cruel, el mismo sistema que genera la precariedad, la Inteligencia Artificial (IA) podría ser la llave para resolverla. Una gestión inteligente de datos, la automatización de procesos de contratación y la vigilancia del cumplimiento normativo a través de algoritmos podrían trasparentar el mercado laboral y erradicar las sombras del empleo en negro. El desafío está en diseñar sistema de IA éticos y equitativos, que no se repliquen las desigualdades existentes, sino que las corrijan. El futuro del trabajo, incluido el informal, podría ser digital, pero debe ser justo.
* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.
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