La era Milei: el futuro de IMPSA entra en terreno de definiciones

La venta de las acciones de IMPSA que poseen el Estado nacional y la Provincia apunta a ser la primera privatización de la presidencia de Javier Milei. El proceso ha entrado en una etapa decisiva luego de que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Gobierno de Mendoza resolvieran en conjunto trasferir sus acciones en la compañía. Se esperaba que la definición del eventual comprador se resolviera durante el fin de semana, pero en las últimas horas se extendió el plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de septiembre. Se trata de una operación que, curiosamente, fue iniciada por el gobierno de Alberto Fernández, pero que el actual presidente aceleró.

El primer cambio importante de traspaso de acciones de una compañía con mayoría pública a un inversor privado y, probablemente, uno de los primeros en el que se aplicará el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), será el traspaso de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), que próximamente tendrá un nuevo dueño. Y, casi con certeza, de capitales extranjeros.

Hasta este viernes sólo hay una propuesta para avanzar en la compañía argentina: ARC Energy, una empresa de capitales estadounidenses dedicada a la producción, provisión y servicios de insumos de petróleo y gas, que canalizará la inversión a través del Fondo de Inversión Americano (IAF). Como el ganador deberá cubrir un pasivo de más de U$S 500 millones (deudas con todo tipo de acreedores privados), reclamará los beneficios del RIGI. 

El proceso final comenzó la primera semana de julio y en los próximos días se esperaba una definición. Sin embargo, el FONDEP y el Gobierno de Mendoza decidieron, a través de una resolución conjunta, extender el plazo para la presentación de ofertas hasta el 15 de septiembre de 2024.

Las autoridades la extensión del plazo "responde al avance del proceso de debida diligencia, y se considera razonable para asegurar que todos los interesados cuenten con la información necesaria". Aclararon que se podrán efectuar consultas sobre la situación legal y contable de la empresa, para participar activamente en este proceso.

Una vez que venza el nuevo plazo comenzarán a correr unos 60 días para que alguien mejore la oferta y una eventual contraoferta del ganador. Si no lo hay, el proceso estará terminado. E IMPSA, por cierto, una empresa nacional con base en Mendoza, empezará una nueva etapa en su agridulce historia.

Historia y antecedentes

La empresa fue fundada a comienzos del siglo pasado por el turinés Enrique Epaminondas Pescarmona, creció sostenidamente hasta convertirse hacia los 80 en el ejemplo más notable de la industria argentina. Todo era crecimiento hasta después de la crisis de la convertibilidad.

Con Néstor Kirchner en el poder, todo comenzó bien. El 18 de diciembre de 2005, el nieto de Epaminondas, Enrique Menotti Pescarmona declaraba ante la prensa que la economía argentina crecería ese año un 8%, debido a que "hay un tipo de cambio productivo, que los mercados internacionales son favorables para los commodities y que Roberto Lavagna hizo un gran trabajo, aunque su alejamiento del ministerio no cambiará las cosas".

Elogió a Néstor Kirchner, asegurando que el presidente "la tiene clara, porque maneja los números" y porque "es la primera vez en los últimos 50 años que la Argentina tiene superávit comercial y fiscal por cuatro años seguidos, pese a las presiones inflacionarias".

Contratos en el kirchnerismo

En un principio, con el kirchnerismo surgieron los buenos negocios. El 18 de enero de 2008, y luego de mucho trabajo de lobby del entonces exmandatario argentino, y ya con Cristina Fernández de Kirchner como jefa de Estado, IMPSA firmó un contrato con la Venezuela Bolivariana de Venezuela por 520 millones de dólares para proveer turbinas al proyecto hidroeléctrico Tocoma. En Buenos Aires, el Gobierno exhibía una carta por la cual IMPSA afirmaba que se trataba del contrato "más grande de exportación de alta tecnología" de la historia argentina y el inicio de una nueva era para la empresa.

IMPSA había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004, en la que también compitieron la estadounidense General Electric, la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austríaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. IMPSA les había ganado a todas.

El contrato implicaba que IMPSA proveería turbinas y generadores para la central hidroeléctrica de Tocoma, en el sureste de Venezuela, proyecto que demandaría una inversión total de 3.061 millones de dólares. "Es un orgullo para la tecnología nacional el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas enteramente en nuestro país", firmaba Pescarmona en la carta rubricada por el propio empresario.

Todo era festejo. Se aunaba en un solo acto, todo lo bueno de aquellos días. La integración bolivariana, los privados haciendo juego, y la Latinoamérica grande. Sin embargo, todo terminó mal. Venezuela no pagó y el 16 de septiembre de 2014, IMPSA anunció que no podría hacer frente a sus compromisos financieros externos. Previamente, el 30 de julio la empresa había explicado que al no poder atender sus compromisos financieros ingresaba en default "técnico".

Lo hizo a través de una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que reconoció que no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto por 42 millones de dólares y otro por 23 millones de dólares. Se trata de las Obligaciones Negociables (ON) clase X y XI, así como también del pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus ON en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros. Inmediatamente después, el Gobierno confirmó que estudiaba un plan de salvataje para la empresa.

Argumentos de la empresa

Las explicaciones de IMPSA eran simples. La empresa no había podido hacer pie en la expansión de la obra pública dentro del país por la falta de crédito internacional, el cierre de los mercados internacionales por la mala imagen de la Argentina ante el mundo. Sin embargo, la principal causa es que Venezuela no había cumplido con los pagos prometidos.

Para esa época, Enrique Menotti Pescarmona había perdido en control de la compañía, y para el 2018 el grupo de acreedores, que encabezaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nación y un fondo de inversiones de Chile, entre otros, se hizo con dos de tres directores y marcó la salida definitiva del poderoso empresario mendocino.

Continuaría siendo noticia ese año pero por otra cuestión: terminó siendo arrepentido en el pago de coimas en la causa Cuadernos (corrupción en la obra pública nacional) luego de la detención de Rodolfo Valenti, uno de los gerentes de la compañía y hombre de confianza del empresario. Admitió que su empresa le había pagado al Ministerio de Planificación Federal 2,98 millones de dólares en “conceptos indebidos”.

La empresa pasó luego a ser reestatizada el 4 de junio de 2021, en una curiosa alianza entre el Gobierno nacional de Alberto Fernández y el de Mendoza de Rodolfo Suarez. La Nación detentaría el 63,7% de las acciones y la provincia el 21,2%. Tres años después, ya comenzó el proceso a la inversa.