La "Batalla de los Colectivos" ya tiene precio del boleto y es un número de espanto
Sin acuerdo a la vista, y con negociaciones con posiciones intransigentes (especialmente de parte de la Nación), el boleto de colectivo de unas 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasaría a valer desde el próximo domingo 1 de septiembre, unos 863 pesos por viaje.
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Este es el valor de cálculo al que se llegó desde el gobierno porteño, al estimar que, sin el subsidio nacional, manteniendo el que aplica la Ciudad y sosteniendo la tarifa actual de pasajeros equivalentes a unos 371 pesos. En este cálculo, el nivel de subsidio que, de no mediar acuerdo, se eliminaría desde el primer día del próximo mes, es de unos 271 pesos.
Para la Ciudad, el costo fiscal de la decisión del gobierno nacional, llegaría a unos 18 millones de dólares mensuales, un nivel de gasto local que la gestión de Jorge Macri no está dispuesta a aceptar. Y que podría llevar a las partes nuevamente ante la justicia nacional.
Por el lado de los empresarios, el cálculo se queda corto. Los propietarios de los colectivos, aseguran que el nivel de los boletos debería ubicarse sin el aporte de los subsidios de la Nación, en unos 1.400 pesos por viaje, al incluir no sólo la salida de los aportes de dinero públicos, sino también el costo de amortización y de recuperación de los fondos para recambio de unidades, una operación que debería concretarse cada 10 años.
Fuera de esto, y tal como adelantó el martes MDZ, el Gobierno de Jorge Macri descarta asumir el costo del traspaso de los subsidios de la Nación. Se asegura que esta "Batalla de los Colectivos" es ya una cuestión política y económica, que incluye además la intención del Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo de evitar repercusiones directas en el índice de inflación nacional de septiembre. Además de no pagar costos políticos, siempre complicados en tiempos de crisis.
Para CABA la posición del Gobierno Nacional es algo confusa. Hay negociaciones entre las partes, pero con posiciones duras por parte del secretario de Transporte Franco Moguetta, un funcionario con línea directa, tanto con Caputo como con Javier Milei.
Para el caso que se insista en que se terminaron los subsidios a CABA porque “el Gobierno Nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones”, los argumentos de contraataque definidos en la noche del lunes serán los siguientes:
- Las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependen directamente en todo del Gobierno Nacional. Nunca hubo transferencias de jurisdicción ni responsabilidades, con lo que si se eliminan los subsidios deberá ser la Nación la que aplique el incremento de los boletos. Y el monto del aumento.
- No es razonable, además, exigirles a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional. Pero, de todas maneras, si esto ocurriera, será responsabilidad política excluyente del Gobierno Nacional.
- La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación. Esta no es responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Se considera que la Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios. Y que es el Gobierno Nacional el que reparte los subsidios totales a sus líneas de transporte público de colectivos.
- En cuanto a los beneficiarios de los subsidios, la Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación, sino que se giran directamente a las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación.
- Fuera de esto, contabilizan desde CABA que desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado Nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares).
- La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la CABA sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. La interpretación legal desde el gobierno de Jorge Macri es que hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna.
- -Desde el gobierno porteño se menciona que el Ministerio de Economía de la Nación el 19 de julio, envió una nota en la que comunicaba su decisión “unilateral e inconsulta” para que la Ciudad se haga cargo, a partir del 1 de septiembre próximo, de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño.
- Luego, el 8 de agosto, la Ciudad respondió, mediante nota oficial dirigida al Palacio de Hacienda, que el gobierno porteño rechazaba el planteo, advirtiendo que el Estado Nacional debe decidir si se recortan o eliminan los subsidios a su cargo, haciéndose además “responsable de los conflictos que puedan surgir”.
Para el gobierno porteño, la Nación quiere dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio, incluyendo la facultad de fijar el valor de las tarifas y los montos de las compensaciones. Las que, por otro lado, y según la pretensión de la Nación, deberían pasar a ser soportadas por CABA. Según se reflexiona “la la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”.
Para el gobierno porteño, “no hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa” y “una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”. La posición de la gestión de Jorge Macri no tiene grises. No se aceptará el traspaso directo de la responsabilidad de las tarifas porteñas, y menos sin diálogo ni negociación.
Si desde el gobierno de Javier Milei y la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía local se considera lo contrario, se espera una batalla fiscal tan dura y directa como la que Alberto Fernández mantuvo con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta entre el 2020 y el 2022. En este caso fue por la reducción unilateral de la coparticipación y ahora será, con otros actores obviamente, por el subsidio a los colectivos.