Axel Kicillof, YPF y los peligros de la planta de GNL en la causa de Nueva York

Axel Kicillof podría estar jugando con fuego. El gobernador de Buenos Aires, al referirse a la elección de YPF de levantar su planta de licuefacción en Río Negro, dijo que "los directivos de YPF son funcionarios de Milei. Tomaron decisiones por pedido de Milei".

La frase está enmarcada en la disputa más política que económica que Kicillof mantiene con el Gobierno nacional, al que apunta por el hecho de no haberse elegido Bahía Blanca para la radicación de la planta de la sociedad conjunta entre la petrolera argentina y los malayos de Petronas, con lo cual los dichos tendrían repercusión únicamente local en su pelea con Javier Milei.

Sin embargo, el concepto podría viajar hacia los Estados Unidos. Concretamente a Nueva York, donde los abogados que representan al fondo Burford Capital, ganador del juicio contra el país por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, toman nota de cada movimiento que se hace en el país y que pueda tener alguna implicancia para sus intereses ante el juzgado de Loretta Preska.

La magistrada, que decidió que la causa se volcara a favor del fondo demandante, maneja una jurisprudencia que abrió su antecesor en el Juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York, juez Thomas Griesa, en el juicio inciado por los fondos buitre y que indica que los dichos de los funcionarios en función o ya fuera de sus cargos de responsabilidad, pueden ser tomados como válidos en cuanto a los intereses de los demandantes, siempre que la causa ya tenga sentencia firme en primera instancia.

Es el caso de la causa por la renacionalización de YPF. Hay que recordar que fue el actual gobernador bonaerense, en su rol de último ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien llevó adelante el proceso de estatización de la petrolera, con lo cual sus declaraciones pueden ser tenidas en cuenta en la causa.

¿El tiro por la culata?

En este sentido, la frase sobre la relación y obediencia del directorio de YPF al presidente Milei, podría impactar directamente en el reclamo de Burford de relacionar directamente a la petrolera como parte de los activos de la Nación y, en consecuencia, pasibles de eventuales embargos.

Preska había fallado originalmente que las responsabilidades del caso no impactaban en la petrolera, bajo la explicación que la conducción de la empresa era independiente y que el Estado nacional simplemente era accionista mayoritario. Sin embargo, los dichos de Kicillof podrían interpretarse como una situación contraria. O, al menos, esto podrían interpretar los abogados que representan a Burford.

La situación se complica si se tiene en cuenta que, desde mayo, Preska dio visto bueno para definir si, a partir de un reclamo de Burford, tanto YPF como otras compañías como el Banco Nación o el Banco Central son potenciales "Alter Ego" del país. Esto es, sujetos jurídicos directamente relacionados y en acción conjunta permanente.

Argentina debió, en consecuencia, enviar información sobre los movimientos de los últimos años de la petrolera y las entidades financieras, para luego avanzar en eventuales embargos al país. Desde ese mes, por lo tanto, YPF está en peligro de potenciales embargos, ya que Preska debe resolver si las acciones que el Estado nacional posee en la petrolera son o no manejadas por el Gobierno nacional o activos independientes. 

a frase de Kicillof, puede no ayudar a que se rechacen como parte de los bienes del Estado argentino. Y, luego, embargables como garantía que el país cumplirá el compromiso de pagarle al demandante, los U$S 16.000 millones más intereses que Burford y Eton Park (como minoritario) que Preska consideró como acreencias de los dos fondos que vencieron en el juicio. Desde ayer, YPF y el BCRA son consideradas por Preska como "Alter Ego".

El reclamo había sido rechazado por Argentina en junio, bajo el argumento que por las propias leyes argentinas no se puede transferir acciones a través de los poderes judiciales, tanto nacionales como extranjeros, y que una operación de este tipo sólo puede ser concretada por el Congreso Nacional. Y, en el caso de las sociedades que son hoy propiedad del Estado nacional por haberlas renacionalizado, la aprobación del Congreso debería contar con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Hoy una utopía política.

Argumentos varios

El argumento legal que presentaron los abogados que representan al país del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell (S&C), vuelve sobre el capítulo que no se pueden aplicar leyes y jurisprudencia norteamericana, cuando están involucradas regulaciones locales que hayan pasado por el Congreso Nacional.

Este planteo no dio resultados en el pasado en este caso, dado que en su momento se reclamó la cuestión de las leyes locales para defender la reestatización y el no haber abierto la oferta realizada a Repsol a los accionistas privados. Según el argumento original, una ley local tendría más fuerza que las normas y la jurisprudencia de Wall Street, algo que Preska ya rechazó.  

La jueza de Nueva York determinó que la demanda original de Burford y Eton es correcta y ya falló en contra del país, decisión que Argentina llevó a la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es en esta instancia que ahora se debe resolver el reclamo de los dos fondos (Burford Capital y Eton Park) que quieren garantizarse el futuro cobro, embargando bienes de Argentina.

En marzo habían presentado la alternativa de considerar como "Alter Ego" del país las acciones de YPF, y ahora amplían el reclamo a esas otras sociedades en poder todo o en parte del Estado argentino. 

YPF, como sociedad independiente del Estado nacional pese a tener la mayoría accionaria luego de la reestatización del 2012, había presentado un escrito por el cual se opuso a la entrega al juzgado de esa información, considerándola privada y exclusiva de los socios de la compañía, y asegurando que se trata de una sociedad privada, con cotización abierta, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y que como tal está protegida por las normas de confiabilidad y auditoría de las bolsas de comercio de las dos ciudades.

Además, en el caso de Wall Street, esa acción de apertura de información a los demandantes externos a la compañía violentaría la protección de amparo de la Security Exchange Commission (SEC). YPF, como sociedad cotizante en los mercados de capitales, aseguró además en el escrito que mantiene, además del Estado argentino, muchos socios privados, con lo que no podría ser un "Alter Ego" del país. Y que, en consecuencia, sus acciones (tanto las públicas como las privadas) no pueden ser pasibles de embargos.

Siguiendo esta línea judicial, la argumentación no podría extenderse hacia el resto de las acciones reclamadas ahora por Burford, ya que ninguna de ellas tendría cotización en Wall Street; y, luego, no estarían bajo la vigilancia de la SEC.

El caso está hoy en la segunda instancia judicial de Nueva York, al haber presentado Argentina una apelación ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, tribunal que decidió aceptar el reclamo y que se tomará casi un año en resolver. Mientras tanto, y como garantías que cobrará los más de 16.000 millones de dólares que Preska consideró de retribución a Burford, el fondo busca los activos para avanzar en embargos.

La causa que debe tratar la Cámara se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios.

Antecedentes

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitara su ingreso como socios locales de la petrolera.

El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. 

Si la justicia de los Estados Unidos mantuviera en todas sus instancias el fallo contra el país (lo más probables) y los U$S 16.000 millones de dinero a liquidar, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en algo más de 10 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.