Tensión en el mercado y un camino que puede llevar a una nueva ronda de hiperinflación

El 12 de diciembre de 2023 a las 19 horas aproximadamente el actual gobierno de Javier Milei, a través de su ministro de Economía Luis Caputo anunció que desde la medianoche de ese día nuestra moneda pasaba a devaluarse de $360 a $800 por cada dólar estadounidense y se paralizaba por completo la obra pública.

Para entenderlo mejor todavía se depreciaba la moneda en un 54% y quedaban sin trabajo cerca de 100 mil obreros de la construcción, que trabajaban en esas obras como también unos 300 mil obreros de pymes que indirectamente le venden a quienes realizan las obras.

En ese momento se avisó que eso iba a generar casi una duplicación de la desocupación, pero que los efectos de esa devaluación se iban a empezar anotar desde el mes de marzo en adelante. Hoy a más de seis meses de ese anuncio tenemos que comunicar que la inflación se terminó de devorar los efectos de esa suba del dólar de 118% que ordenó el presidente, ante sus propios dichos.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 la inflación acumulada fue de 115%, ya que debemos incluir sí o sí la del mes de diciembre ya que esa duplicó la de noviembre llevándola a 25,5%, en la cual la inflación oficial acumulada de los primeros 5 meses del año proporcionada por el Indec es de 71,4%. 

Fue como resultado de la no liquidación total de exportación de granos del primer corte de soja -cerca de 25 millones de toneladas- y llegando a un poco más del 50% del total, y la salida constante de divisas del BCRA a los efectos de controlar los movimientos del mercado cambiario y de los bonos locales y/o extranjeros de la deuda mediante el DNU 23/2024. 

Eso le permitió al Gobierno retirar U$S 3.200 millones de las reservas contra una letra intransferible firmada por el ministro de Economía, con fecha de restitución en 2034. Se recurrió al FMI, a los efectos de solicitarle un nuevo desembolso de fondos frescos del orden cercano al monto que Alberto Fernández como presidente rechazó, de los acuerdos rubricados por el actual ministro de Economía cuando era ministro de Finanzas y luego presidente del BCRA en la gestión de Mauricio Macri, entre mayo y agosto de 2018, por convertirse en una deuda impagable para nuestro país.

Más claro, casi U$S 14.000 millones que el FMI -con la misma sobretasa de endeudamiento que la actual- le pone como condición al país para empezar a hablar de una nueva devaluación del 100%, al igual que lo solicitado por el campo para exportar las toneladas de soja acumuladas en los silo-bolsas.  

El tema principal es que ello terminaría siendo la segunda mega devaluación del peso en menos de un año y la inflación, al realizarse sin un sistema de compensaciones a todos los sectores sociales, como sí se hizo con la del 22% del 16 de agosto 2023, terminaría devorándosela en un plazo todavía más corto, que podría ser entre tres y cuatro meses, con corrimiento a precios. 

Así, los salarios/ingresos quedarían completamente atrasados y habría una población cercana al 85% en la pobreza, ya que otro 15/20% de los trabajadores pasarían a ser pobres, tal como ocurrió con la del 12 de diciembre del 2023 o en el período 2016-2019, cuando la inflación subió 300% y los sueldos registrados subieron 150%, pasando 4,5 millones de trabajadores a la pobreza -según datos de la UCA. 

Avanzando en estas próximas devaluaciones, tal como piden desde el exterior e interior del país, nos encontraríamos con una inflación de punta a punta cercana al 600%, o para decirlo de otra forma, en una hiperestanflación, que el Gobierno mismo generó al desconocer cómo se maneja la macroeconomía del país. Como consecuencia, desde el 11 de diciembre de 2023 a fin de 2024 tendría en total tres mega devaluaciones iguales o mayores al 100%.

Para que tomemos dimensión de ello los servicios públicos subirían el 100% con referencia a los valores de las boletas de julio próximo y el litro de nafta super pasaría a valer $ 2.000 (puesto que históricamente las naftas del segmento premium no existían).

Son valores plenamente avalados por las leyes vigentes en cuanto a sus precios como los países no productores de petróleo, cuando siempre tuvimos y tenemos amplias reservas de gas y petróleo, y por lo tanto deberíamos tener valores acordes como los productores (ejemplo: Estados Unidos, Venezuela, Arabia Saudita, etc.) que son casi un tercio de los actuales sin necesidad de otorgarles subsidios económicos a las empresas energéticas, porque se encontrarían en zona de ganancias. Lo que permitiría reducir la inflación al desanclarle los efectos del tipo de cambio en una de sus causas.

* Fabián Medina. Analista económico y tributarista.