Por qué la sombra de los fondos buitre sigue sobrevolando la Argentina
A 23 años del default del 2001 y a 16 del inicio del “Juicio del Siglo" entre Argentina y los fondos buitre por el default derivado de la salida de la convertibilidad, la causa aún no termina. Y se resiste a finalizar. Hoy habrá otro capítulo de la interminable saga, cuando los abogados que representan a la Argentina presenten sus argumentos ante la jueza Loretta Preska, luego que en septiembre pasado el fondo Bainbridge Capital, quien no aceptó la propuesta de cierre de la causa de abril del 2016, planteara cobrar embargado las acciones que el Estado posee en YPF.
Argentina repetirá los mismos argumentos que se expusieron hace 10 días ante la misma jueza, pero por el caso Burford Capital contra el país por la manera en que se reestatizó la petrolera en 2012. En ese escrito firmado por los abogados de Sullivan & Cromwell (S&C), Argentina se defendió asegurando que esas acciones no pueden ser enajenadas, salvo a través de una ley con el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, además de ser propiedad del gobierno argentino, pero al margen de su manejo al ser una sociedad independiente.
Preska deberá resolver la cuestión entre la última semana de junio y la primera quincena de julio. Pero algo es cierto. Si define que las acciones son embargables, la jueza deberá decidir si acepta el pedido de Bainbridge o el de Burford. O si el embargo se comparte.
Bainbridge reclama por unos 96 millones de dólares en bonos impagos que, por su propia decisión, no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda que fue lanzando la Argentina, luego del default del 2001. No aceptaron el llamado de Néstor Kirchner- Roberto Lavagna del 2006, el de Cristina Fernández de Kirchner- Amado Boudou del 2010, ni el de Alberto Fernández- Martín Guzmán del 2020, y buscaron la vía del pago total más intereses.
Intentos de cobro
El planteo quedó en su momento en el juzgado de Thomas Griesa y fue heredado por Loretta Preska. Ante esta magistrada Bainbridge intentó dos embargos fallidos. El primero fue una propiedad ubicada en Washington, cerca de embajada argentina en Estados Unidos. El segundo fue a las reservas del Banco Central. Preska rechazó ambos reclamos. Ahora insistirá con las acciones de YPF.
El fondo Bainbridge reclama 96 millones de dólares desde 2001 y no aceptó el llamado de Néstor Kirchner- Roberto Lavagna del 2006, el de Cristina Fernández de Kirchner- Amado Boudou del 2010, ni el de Alberto Fernández- Martín Guzmán del 2020, buscando la vía del pago total más intereses.
Bainbridge Capital, que tiene sede en las islas Bahamas, inició el juicio por títulos en default no canjeados en 2005 y 2010, durante los anteriores gobiernos kirchneristas y como ya se dijo tampoco aceptó la renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández con acreedores privados en 2020.
Bainbridge no es el único holdout en este juicio. Otros fondos que litigan en el mismo sentido son Attestor por unos U$S 68 millones, Titan por U$S 325 millones y Trinity por U$S 68 millones.
Todo esto indica que, pese a que en el canje del 2020 se logró que más del 99% de los inversores aceptara los términos ofrecidos por el país, aún quedan estas pequeñas cicatrices y literalmente, cabos sueltos.
Nubarrones en el horizonte
Según el especialista Sebastián Maril, “Argentina enfrenta un período muy complicado en términos de litigios internacionales. Es importante que el país empiece a cambiar su estrategia legal y no utilizar siempre las cortes, porque esta estrategia en el pasado ha mostrado ser poco fructífera para nosotros. El país no solo debe utilizar las cortes como está previsto y estipulado, sino que también debe empezar a dialogar con aquellos que son beneficiarios de sentencias multimillonarias, a los cuales no estamos prestándoles atención. Si no le prestamos atención, este panorama se va a complicar aún más”, señaló.
Maril habla así de la falta de diálogo que impone el país en estos juicios en la corte de Preska, una situación que se repite y que se replica en todas las causas. Incluyendo la más compleja de todas: la de la reestatización de YPF.
El "Juicio del Siglo" contra los fondos buitre comenzó marzo de 2008, cuando el fondo NML Elliott de Paul Singer se presentó ante la Justicia de Estados Unidos para reclamar el pago de los bonos caídos en default, luego de negarse a aceptar el canje de deuda propuesto en su momento por Roberto Lavagna.
En total fueron 12 los jueces que fallaron de manera unánime en contra de la posición del país, incluyendo el juez de primera instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien impuso en la causa el criterio que "los contratos se cumplen y lo que se firma se respeta".
Interpretada la jurisprudencia para el caso Baindbridge, Argentina debe pagar lo que se comprometió a pagar cuando emitió deuda soberana, aunque en 2001 haya caído en default y aunque en 2006 y 2010 haya habido dos procesos de canje de deuda exitosos.