Exclusivo: cómo marchan las negociaciones por Ganancias y el RIGI en el Senado

Corren las horas, y la negociación entre el Gobierno y los senadores provinciales para intentar avanzar en la aprobación en general de Bases II y el paquete fiscal ya toma ritmo frenético. Y desde el Ejecutivo se le dieron ya instrucciones a los funcionarios y legisladores oficialistas que buscan los aproximadamente siete votos necesarios para que los dos proyectos se hagan realidad.

Sobre la mesa hay dos decisiones de Javier Milei que parecen irreductibles en dos capítulos clave que los senadores a convencer quieren abrir. Por un lado, dentro del nuevo y polémico “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), el oficialismo está de acuerdo con hacer modificaciones, pero con una salvedad política importante: que todo lo que se negocie y se acuerde forme parte de una posterior reglamentación de la ley. Y que el texto final aprobado por Diputados no se altere ni vuelva a la cámara baja. Por otro lado, y en el caso de Ganancias, en principio el Ejecutivo no quiere más modificaciones en los mínimos no imponibles, ni excepciones como el reclamo para que los trabajadores patagónicos tengan un régimen especial. En este caso, el argumento es político. Se hablar en el Gobierno que las cifras como tope de Ganancias que figuran en el paquete fiscal aprobado por Diputados, fueron ya consensuadas con otros gobernadores. Incluso opositores. Y que, en todo caso, es a ellos a los que hay que reclamar. 

En el caso del RIGI, el Gobierno en principio aceptaría algunas sugerencias más o menos importantes que llegaron desde cámaras empresarias e industriales y que fueron observadas por algunos senadores potencialmente adeptos. Las más importantes de las quejas vinieron desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y de algunas de sus cámaras colectoras como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); que piden igualdad de tratamiento en los beneficios que el RIGI abre a las grandes empresas que inviertan en el país más de 200 millones de dólares. Lo que piden los industriales locales es que las ventajas impositivas se extiendan también a los locales; y que en el caso de la libertad de importar sin restricciones ni cargas tributarias para desarrollar esas inversiones  en el país, también haya igualdad de normas.

Se quejan los industriales locales, especialmente pymes, que la desregulación total y los beneficios casi absolutos para que las empresas que acepten el RIGI e inviertan millones de dólares en el país, incluye la posibilidad de traer sin pagar aranceles a la importación a todo tipo de proveedores del exterior; beneficios que dentro de las fronteras locales las empresas argentinas o extranjeras ya radicadas en el país no cuentan. Y que esto representa una desventaja competitiva letal, que las sacaría del mercado de eventuales proveedores para esas inversiones extranjeras. 

Otro reclamo de los gobernadores, es que los beneficios impositivos y fiscales para los que concreten esas inversiones son tan amplias, que incluyen también ingresos potenciales de las provincias tanto en el desarrollo del programa como en la posterior etapa de exportación de bienes o servicios producto de ese régimen de incentivo exportador. Reclaman los gobernadores menos flexibilidad en el texto a tratar en el Senado, y que haya mayores obligaciones (impuestos) para el momento del beneficio de esas inversiones. EL caso más concreto del reclamo, es en las provincias mineras donde el texto que llegó al Senado, prácticamente excluye cualquier beneficio para las gobernaciones en las inversiones que lleguen con el régimen RIGI. 

El Gobierno asegura que todos estos reclamos serán escuchados y eventualmente tomados en cuenta. Y que los senadores deben contar con la palabra de los negociaciones del oficialismo, para que las modificaciones formen parte de la futura reglamentación de la ley, en el momento en que el Ejecutivo ponga en marcha el RIGI con resoluciones ministeriales a publicar en el Boletín Oficial. Una especie de “Pacto de Caballeros” entre el oficialismo y los legisladores, para que no se modifique la letra de la norma a tratar en la Cámara Alta, bajo la promesa que una vez aprobado los cambios comprometidos formarán parte de la redacción de la ley en el momento en que el Ejecutivo la reglamente. Esta es la propuesta que los negociadores del oficialismo están prometiendo a los legisladores potencialmente abiertos al apoyo; aún sin respuesta clara por parte de estos. 

En el caso de Ganancias, la posición de los libertarios es más directa. No se aceptan más cambios, y se defiende a rajatabla el límite de los mínimos no imponibles ya aprobados en Diputados. Esto es, 1.800.000 pesos de salario en bruto para los solteros sin hijos y 2.300.000 pesos para los casados con dos hijos y cónyuge a cargo. Entiende Milei que este capítulo de Ganancias es su arma fundamental para que no haya más cambios ya que es un capítulo que le garantiza a los gobernadores que  vuelvan a percibir ingresos por un 11% de su recaudación vía coparticipación. Este punto es particularmente seguido de cerca por los gobernadores de La Rioja, Catamarca, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Juan; donde el impacto de la reducción del impuesto fue fuerte, y donde la alternativa del regreso del tributo es más que esperada. Casi más que la obra pública.

Sin embargo, los gobernadores patagónicos tienen otra visión, y no están dispuestos a apoyar ni Bases II ni el paquete fiscal, si no se excluye a los trabajadores de esa región del país del nuevo cálculo de Ganancias. Afirman que el impacto del nuevo mínimo no imponible en sectores como los petroleros, es un misión fulminante sobre el poder adquisitivo patagónico; que repercutirá demoledoramente en el mercado de consumo local. Lo que reclaman en consecuencia los gobernadores de la región, es que se excluya a la Patagonia de los topes para la cuarta categoría, y se redacte un artículo específico donde los mínimos no imponibles de la zona sea sensiblemente superiores. A cambio, afirman algunos senadores de la zona, podría haber algún que otro voto afirmativo para que Bases II y el paquete fiscal, avancen. La respuesta del Gobierno a la idea de un mínimo no imponible patagónico selectivo fue fulminante: No. Según la visión del oficialismo, no habría argumentos sólidos para reclamar el beneficio, teniendo en cuenta que dentro del impuesto estarían alcanzados los mismos trabajadores en relación de dependencia que tributaban a noviembre del año pasado, cuando Ganancias fue modificado durante la campaña electoral. Y que si antes podían hacerlo, también ahora.

Se menciona además entre los negociadores oficialistas, que esas topes para los trabajadores en relación de dependencia fueron negociados entre los delegados de la Casa Rosada y los referentes de los gobernadores, para que la ley avance en Diputados. Y que, como tal, ya fueron acordados con las provincias. En consecuencia, un capítulo ya negociado, acordado y cerrado. 

Resta aún abrir la negociación en otros de los capítulos más polémicos: las privatizaciones, y el listado de empresas a poder vender o concesionar. Será el debate que viene. Milei está ansioso. Quiere que su proyecto estrella esté aprobado en el Senado antes del 25 de mayo. El tiempo corre rápido.