Causa Cupón PBI: cómo es el caso espejo de Londres que tuvo fallo negativo
Un mismo origen y caminos judiciales distintos en EE.UU. Londres gatilló la manipulación del dato de EMAE de 2013, para evitar pagar el cupón PBI que surgió del arreglo con los holdouts de 2006.
Los juicios que soporta Argentina en el mundo por la gestión del kirchnerismo, generan curiosidades múltiples en los tribunales internacionales. Mientras la jueza Loretta Preska le dio al país un inédito fallo positivo esta semana, por la misma causa originada en la supuesta manipulación de las estadísticas en 2013 y sus efectos en el pago del cupón PBI durante 2014, un tribunal del Reino Unido le aclaró en las últimas horas a los abogados que representan al país, que esa decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, en nada altera a la causa radicada en Londres.
Y que, por el contrario, no se liberarán los US$ 309 millones de caución que el Tribunal de Apelación del Reino Unido le impuso el 8 de marzo pasado a la Argentina. El juzgado de segunda instancia del Reino Unido, aclaró que esa decisión del mes pasado se justifica ante peligro que la Argentina no pague un fallo ya determinadamente negativo, ante los muy malos antecedentes internacionales del país en su historia de juicios de este tipo. Además, la jurisprudencia del Reino Unido nada tienen que ver con la estadounidense y los argumentos de Preska para resolver a favor del país el caso espejo en los Estados Unidos.
Según el escrito presentado por el juez Stephen Phillips el 8 de marzo pasado, y luego de reconocer la llegada de un nuevo gobierno al país, mantuvo el criterio del fallo en contra de la Argentina, confirmando que a criterio de la justicia británica Argentina alteró el PBI del 2013, perjudicando a los ahorristas de ese país que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default del 2002, y durante el canje de deuda del 2006.
Deudor de riesgo
Phillips afirmó, además, que Argentina mantiene un nivel de riesgo financiero alto, con muchas posibilidades de registrar impagos importantes en el futuro. Tanto a los bonistas que confiaron en el cupón PBI, como a los tenedores de deuda en general. Por tal motivo le impuso a la Argentina que mientras perdure la apelación en los tribunales de Londres, deposite esos 309 millones de dólares.
En el Reino Unido, Argentina mantiene fallos negativos tanto en primera como en segunda instancia, y, se especula, con que antes de fin de año el juzgado de Apelaciones del Reino Unido con sede en Londres determinará el monto final que Argentina debería liquidar a los demandantes en esos tribunales.
Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo, "las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás".
Y agregó: "Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso”.
Antecedentes de la causa
La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, y derivó en una causa espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver. En la primera, se conoció el fallo de Preska a favor del país, decisión que ahora podría ser apelada por Aurelius. La segunda, radicada en Londres, tiene fallo a favor de los demandantes y ahora espera resolución.
Según la demanda de Novoriver, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.
Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips y la Cámara de Apelaciones de Londres.
En ambos tribunales Argentina se defendió con los mismos argumentos. Fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Palabra de Preska
Sobre la causa cupón PBI, Argentina recibió esta semana una muy buena noticia desde el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que en su momento manejaba Thomas Griesa y que desde hace ya más de seis años conduce Preska, con el fallo a favor en esta causa. Según Preska, no hubo “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013; ahorrándose ahora el país de liquidar unos U$S 1.500 millones.
Aurelius, en Nueva York está acompañado por un fondo buitre paralelo radicado en Uruguay, el Norinver SA, que posee US$ 181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país, y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso.
La jueza directamente rechazó el reclamo, negó que haya habido manipulación del PBI ese año, y, en todo caso, garantizó que es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas, siempre que haya justificaciones estadísticas sin "mala fe".
Preska había abierto el caso en febrero del 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según explica el analista Sebastián Maril, “según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.