Nueva ley ómnibus: fuerte guiño a los gobernadores al eliminar retenciones
Tanto el nuevo proyecto de ley ómnibus que puso en circulación el Gobierno de Javier Milei como la propuesta de reforma fiscal no contienen ningún artículo que modifique la legislación en materia de derechos de exportación.
El aumento de las llamadas retenciones había sido originalmente uno de los puntos principales de la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos para lograr apuntalar la recaudación en un contexto de caída de la actividad.
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Sin embargo, también fue uno los puntos más conflictivos que provocó el rechazo de productores y varios gobernadores y diputados dispuestos al dialogo, entre ellos el gobernador cordobés Martín Llaryora quien reiteró en varias oportunidades su disposición a acompañar al poder ejecutivo en muchas de las reformas propuestas en la ley, pero que nunca acompañarían un aumento de las retenciones a los productores agrícolas.
Los artículos 200 al 207 del proyecto de ley anterior fijaba en un 15% la alícuota de derecho de exportación "para todas
aquellas mercaderías" que actualmente no estuvieran gravadas" o con una "alicuota inferior", menos el vino que se fijaba en un 8% y algunos productos alimenticios (olivo, arroz, cueros bovinos, lácteos, frutas, productos hortícolas, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana) que mantenían la tasa cero.
Tras arduas negociaciones y amenazas de votar en contra de la ley por parte de diputados aliados, el gobierno decidió durante el mes de febrero retirar esos artículos del proyecto de ley, cosa que se mantuvo en el nuevo proyecto.
Los recursos que el Gobierno pretendía recaudar US$ 400 millones extra por este impuesto, ahora lo reemplazará fundamentalmente con la restauración del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, es decir, a los salarios más altos. Al reducir el monto mínimo imponible a salarios de más de $1,5 millones se sumarían al pago del impuesto mucho más de $1 billón anuales (más de US$ 1000 millones), cifra que era el cálculo de pérdida tras la decisión del ministro Massa y que claramente es muy superior a lo que iba a recaudar, aunque se trata en este caso de un impuesto coparticipable.