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Nuevo frente de tormenta para Javier Milei a pesar de los buenos oficios del FMI

La Argentina deberá depositar U$S 337 millones si quiere continuar el juicio para evitar el pago de U$S 1.500 millones a fondos de inversión.

El Gobierno de Javier Milei deberá enfrentar un gasto no previsto en un contexto de fuerte ajuste de las cuentas públicas y a pesar de las opiniones positivas que en los mercados y en el FMI tiene su política económica.

Un tribunal británico determinó que el Estado argentino debe pagar U$S 337 millones si quiere continuar el juicio para revertir la sentencia que lo condenó a compensar por alrededor de U$S 1.500 millones a inversores poseedores de los bonos de deuda soberana argentinos llamados "cupones PBI".

Argentina apeló el fallo de abril de 2023 que le daba la razón a los fondos de inversión HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners en el juicio que le realizaron al país por la manipulación de los índices de inflación realizados en el instituto de estadísticas oficiales Indec durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a instancias del Secretario de Comercio Guillermo Moreno, de tal forma de reducir el monto de intereses que se debían pagar.

Los bonos fueron emitidos en el canje de deuda de 2005 y determinaba pagos extras a los tenedores cuando el crecimiento económico del año fuera superior al 3,3%.

Guillermo Moreno. NA

"Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población", argumentó el juez Stephen Phillips en su fallo, según la agencia Bloomberg.

Aunque conocen la vocación de cumplir con los compromisos del Gobierno de Javier Milei, los abogados de los demandantes no esperan que la Argentina pague en el corto plazo a causa de la crítica situación económica del país.

La demanda se inició en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), con el cual sus bonos estaban atados.

Un fallo de primera instancia condenó al país a pagar 1.330 millones de euros, más los intereses devengados desde diciembre de 2014.