Caso Fecovita: autoridades y unos 50 productores van a la Legislatura para pedir que termine el "hostigamiento" de Iberte

En un nuevo episodio de la guerra entre Fecovita e Iberte, la organización que reúne a más de 5.000 productores acudirá este jueves al ámbito político para pedir que termine “el hostigamiento” judicial que acusan que están recibiendo por parte de su exsocia en la exportadora Evisa.

Luego del pedido de imputación de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge David Irañeta y Juan Rodríguez por la denuncia de estafa y la posterior oposición de los acusados, más el allanamiento solicitado por ARCA (ex AFIP) por una denuncia de evasión fiscal y contrabando agravado, directivos de Fecovita y unos 50 productores llegarán a las 12 del jueves a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia. 

Según explicaron desde la Federación, serán recibidos por José Luis Ramón, presidente de dicha unidad en el edificio del anexo de la Cámara de Diputados en Calle Espejo, y la intención es exponer “el hostigamiento que se está recibiendo por la ilegitimidad de las denuncias penales que realizan José Luis Retamero y Guillermo García” aseguraron.

“No se puede seguir soportando la cantidad de denuncias”, afirmaron desde Fecovita. Incluso, la organización hace algunos días, por medio de su abogado Eduardo Gerome, había acusado un presunto modus operandi por parte de Iberte y especialmente Retamero y García, asegurando que su intención es “cobrar una deuda inexistente o tal vez de quedarse con la célebre empresa mendocina”. 

En ese comunicado, Gerome hizo mención de algunos casos polémicos en los que han estado involucrados tanto la empresa como sus representantes. El primero de ellos es la quiebra de la Distribuidora de Vinos Retamero Villaspesa. “La deuda impaga en ese caso fue de más de seis millones de euros”, sostuvo el letrado. 

Por otra parte, aseguró que Iberte “es una empresa fantasma, sin domicilio físico, solo un buzón postal, sin empleados y hoy declarada por una de las más prestigiosas calificadoras de riesgo a nivel global, como de alto riesgo”. “Además en sus balances no tiene declarado el dinero que ingresó a Argentina, más de 50 millones de dólares. Esto la expone a investigación por presunto lavado de dinero. Además, ha dejado de tributar sus impuestos en Eslovaquia, donde está radicada”, dijo el abogado Eduardo Gerome.

Siguiendo con los casos de conflicto con ex socios de Retamero y García, Gerome mencionó los ejemplos de Jugos Australes, Fraccionadora San Juan y Antonio González S.A., más conocida como Bodega Galán. “Se caracterizan por primero celebrar acuerdo con sus socios y luego demandarlos extorsionándolos”, planteó el jurista. 

“A la fecha se registran 13 denuncias penales de Juan José Retamero y su socio Guillermo García contra Fecovita. Todo ello ha hecho que la Federación denuncie ante la prensa un acoso y un hostigamiento contra los 5000 productores y las 29 Cooperativas que reúne”, afirmó Gerome. 

Las últimas denuncias de Iberte

Además de la causa principal que enfrenta a Fecovita e Iberte por el pedido de quiebra que hizo la firma liderada por Retamero y García en 2023 y la contradenuncia de estafa y administración fraudulenta por parte de la Federación, las últimas denuncias por parte de la española tuvieron un doble foco: estafa, por un lado, y evasión fiscal y contrabando agravado, por el otro. 

En la primera de ellas, la Fiscalía Nº7 de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza ordenó la imputación de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge David Irañeta y Juan Rodríguez por el delito de estafa. Sin embargo, casi de inmediato los directivos de Fecovita interpusieron una oposición acusando "graves irregularidades" en el procedimiento, por lo que la causa está en suspenso. 

En el segundo de los casos, a partir de la denuncia por parte de Guillermo García por evasión fiscal y contrabando agravado, infracciones a la Ley 19.359, que contempla delitos con penas de 4 a 10 años no excarcelables, ARCA (ex AFIP) ordenó el allanamiento de de las oficinas de la Federación. Sin embargo, desde b negaron esa versión y aseguraron que se trató de un simple procedimiento de pedido de información.