Revisarán la imputación a los directivos de Fecovita y acusan "graves irregularidades"

La batalla legal entre los directivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) y su ex socia Iberte sigue escribiendo sus páginas. Luego de la imputación por estafa de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Juan Rodríguez y Jorge David Irañeta por la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza por pedido del fiscal Alejandro Iturbide, la defensa logró interponer una oposición para que se revise la decisión y, a su vez, acusó graves irregularidades en el proceso. 

La causa recaerá en la jueza de Garantías Eleonora Arenas, quien ya había revocado la prohibición de salir del país que había dictado el fiscal Tichelli en el proceso judicial que se está llevando adelante por la presunta presentación de balances falsos por parte de Fecovita. 

Para Osvaldo Coll, abogado de Fecovita en el caso, lo llamativo “es que el Fiscal Tichelli hizo lugar a la oposición de Fecovita y ordenó la remisión a la Dra. Arenas. La imputación será revisada. Este cambio de rumbo tiene una sola explicación, las graves irregularidades de la decisión del Fiscal Iturbide que ordenó a Tichelli la imputación del delito de estafa”. 

En este sentido, el letrado argumentó que la primera es el hecho de apartar la decisión del Fiscal Damore de archivar la causa, “sin fundamentos serios”, desde su perspectiva. “El Fiscal Damore había ordenado el archivo de la misma, entendiendo que no se daban ninguno de los delitos denunciados, en especial el de Estafa, delito que ahora es achacado a los imputados”, sostuvo Coll. 

En palabras de la defensa de la organización que nuclea 5.000 productores vitivinícolas, Damore advirtió en su momento que no puede haber estafa ya que ese delito requiere engaño. “Agrega que no existe tal engaño, dado que la salida de Fecovita, lo fue de común acuerdo con los denunciantes”, completó el abogado. 

“Llamativamente el Fiscal ve ahora el engaño, omitiendo en su resolución citar al Fiscal Damore quien resalta que todos los actos denunciados por García fueron consensuados por éste. Pero las incongruencias no terminan allí. El Fiscal Tichelli ordena el desarchivo en acuerdo con sus Fiscales jefes, a fin de producir nueva prueba”, dijo Coll.

Esa prueba remita a una pericia contable que se llevó a cabo con peritos oficiales y peritos de Fecovita y de el denunciante Guillermo García, quien a su vez había sido presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) hasta 2015. “Todos los peritos emitieron su dictamen en acuerdo, sin disidencias. De la pericia no surge elemento alguno que pueda modificar la opinión del Fiscal Damore. Por ello el Fiscal Iturbide no hace referencia a la pericia, salvo en un caso que disiente de la misma”, planteó el defensor de Fecovita. 

Calificándolo como “un verdadero escándalo jurídico”, Coll aseguró que otra de las irregularidades que presenta la argumentación de Iturbide para pedir la imputación es que el Fiscal recurrió a las declaraciones del director general de Fecovita, Juan Rodríguez. “Esta declaración ya había sido considerada por Damore para el archivo. No formaba parte de la nueva prueba que se invocó para el desarchivo. Pero más grave aún es que Rodríguez, citado textualmente por Iturbide, vuelve a aclarar que no hubo delito en tanto la salida de Fecovita de Evisa fue de común acuerdo.. Insistimos, así lo entendió Damore para archivar. Sin embargo, Iturbide omite flagrantemente esta declaración y las consideraciones del Fiscal Damore y ahora, sin prueba alguna que modifique los hechos ordena la imputación”, sentenció. 

Por último, Coll hace referencia a la acusación que recae sobre Fecovita sobre “retrasar voluntariamente las registraciones de Evisa para que pudiera exportar”. En este caso, el letrado recordó que “en la gestión de Evisa, el presidente del Directorio era puesto por Iberte y los demás directores por Fecovita. De este modo Damore aclara que no puede imputarse atraso solo a Fecovita. Una vez más Iturbide solo analiza una parte de la prueba. La vara es muy distinta para una parte que para otra. Pareciera que Fecovita ya estaba condenada sin importar que se dijera en el expediente”. 

Iberte pide que se rechace el pedido de Fecovita

Los abogados de la firma española Santiago Pontis Day y Carlos Alfredo Aguinaga enviaron un escrito al Fiscal de la causa pidiendo que "rechace la oposición por improcedente". Desde esta parte entienden que se trata de un recurso solo para ganar tiempo y pusieron de ejemplo el caso de Yanina Ortíz, acusada de malversación de fondos. 

“Entendemos que la oposición al avoque no se encuentra comprendida en los supuestos que la ley contempla como oponibles. En consecuencia, no corresponde la celebración de audiencia oral alguna, dado que no se trata de un caso en el que proceda presentar oposición”, explicaron los letrados en el documento al que tuvo acceso MDZ, aludiendo al artículo 350 del Código Procesal Penal (CPP).

Para Pontis Day y Alfredo Aguinaga, tanto en esta causa como la de Ortíz, “no existe gravamen irreparable” que justifique la oposición presentada por la defensa. “La justicia de Mendoza no debe y no puede dejarse utilizar para este tipo de obstruccionismos temerarios, que, además, perjudican de manera directa a los productores y a las cooperativas nucleadas en Fecovita”, argumentaron.

La última denuncia de Iberte

El pasado lunes, los directivos de Fecovita Eduardo Sancho, Rubén Panella, Juan Rodríguez y Jorge David Irañeta fueron imputados por la Fiscalía Nº7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza por el delito de estafa. 

En el escrito elaborado por la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el fiscal Alejandro Iturbide, argumentó que “queda suficientemente aclarado que la posición Fecovita es claramente deudora, aún aplicando las cláusulas sujetas a condición, las multas y los derechos de retención producto de los contratos de consignación. Ese punto clarifica el perjuicio causado, prima facie, como otro de los elementos del tipo objetivo, más allá del ardid, del incumplimiento, y de la disposición patrimonial perjudicial del co-contratante”.

De acuerdo a los denunciantes, en lo expuesto en el expediente No P–17.924/23 “Fs. En Av. Estafa”, para la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, Fecovita, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad Evisa, habría engañado a Iberte para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras ellos tramaban una serie de maniobras para apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.

Conforme lo entienden desde Iberte, según los argumentos del fiscal para resolver la imputación, los directivos de Fecovita redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que jamás se entregaron, dando así la espalda a sus obligaciones contractuales.

Siguiendo con la versión de los demandantes, para la Fiscalía se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un plan engañoso desarrollado y llevado a cabo por los directivos de Fecovita.