El duro reclamo de un concesionario vial a la privatización que impulsa Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei sigue firme en su convicción de reducir el gasto público y en especial avanzar en la desregulación de la economía, lo que supone, entre otros aspectos, que el Estado deje de tener injerencia en actividades que, en la visión oficial, bien pueden desarrollar los privados.
El anuncio de privatización de Corredores Viales, que hizo el pasado jueves el vocero presidencial Manuel Adorni, apunta a una empresa estatal que administra 6000 kilómetros de rutas en 13 provincias.
Pero lejos de la simplificación con la que el Gobierno pretende presentar la necesidad de avanzar con privatizaciones, lo cierto es que hay algunas concesiones que arrastran incumplimientos de los contratos desde hace años, también de parte del Estado.
Entre los anuncios de próximas licitaciones se menciona el Corredor 18, que abarca la gestión y mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14, de una importancia capital en el transporte de mercancías vía transporte de cargas en la llamada Ruta del Mercosur y cuya concesión está actualmente otorgada a Caminos del Río Uruguay S.A.
Según pudo saber MDZ desde la compañía hace un fuerte reclamo al Estado nacional por incumplimientos de un acuerdo de renegociación del contrato, que vence el próximo 9 de abril de 2025.
"El contrato tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada", denuncia la concesionaria en un comunicado.
Desde la compañía expresan su "preocupación por la continuidad del atraso tarifario" y señala que es debido a los "incumplimientos contractuales" que llevaron adelante los sucesivos gobiernos. Y explica que esta situación llevó a no poder realizar las inversiones necesarias que, por otra parte, llevó a la empresa a una "situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 550 empleados".
La concesionaria admite que la situación llevó a un mantenimiento deficiente del trazado, pero atribuye la gravedad de la situación a la falta de respuesta del Estado, lo que por lo demás condujo a la empresa a abrir un concurso preventivo, que según las últimas informaciones permitió alcanzar un acuerdo homologado con la mayoría de los acreedores.
Los incumplimientos contractuales incurridos desde el año 2009, en especial por la falta de ajuste y por no realizarse la renegociación comprometida, llevaron a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria", destaca Caminos del Río Uruguay S.A. Y agrega que recientemente, el juez Julián Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión.
Avalando explícitamente la política de superávit fiscal y la baja de la inflación, así como la posición del gobierno de Javier Milei a favor de la participación de los privados en numerosos ámbitos de la economía, la concesionaria sostiene que "el país merece un nuevo marco, como el anunciado por las autoridades, que brinde a los privados oportunidades en un sistema de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia".