FMI: el Gobierno tiene 9 días para juntar la plata pero el reloj corre rápido hasta el 22
Los tiempos se aceleran, y, de no mediar novedades positivas, el próximo jueves 22 de junio Argentina debería pagarle el Fondo Monetario Internacional (FMI) unos U$S2.300 millones correspondientes al quinto pago del acuerdo de Facilidades Extendidas, y como, obviamente, en las reservas del Banco Central ese dinero no está disponible (ni estará), Argentina no liquidará ese dinero.
Y, en consecuencia, ingresaría automáticamente en default. Sucede que las normas del organismo que maneja hoy Kristalina Georgieva no tienen tolerancia de tiempos para los países miembros que no cumplan con los vencimientos de los acuerdos vigentes, y quedan calificados en default de manera inmediata.
Sin embargo, la buena noticia es que las consecuencias de este veraz internacional no implica la llegada al infierno financiero mundial, sino que el inicio de un sendero de entre cuatro y seis meses donde el Estado en cuestión, en este caso Argentina, tendría tiempo de ponerse al día, llegar a un nuevo acuerdo, y volver a estar "on track" con el acuerdo vigente.
La situación actual del país es de negociaciones abiertas para una nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas, con metas más flexibles de reservas a acumular en el BCRA y el reconocimiento de los efectos de la sequía en las metas comprometidas ante el FMI en el acuerdo firmado en marzo del año pasado, y que hasta enero del 2022 no hubo mayores problemas en cumplir.
El fantasma de la B
Resumiendo el panorama, caer en default desde el próximo jueves, sería algo muy negativo, pero no trágico, siempre y cuando las negociaciones estén abiertas y el equipo de Sergio Massa continúe con las negociaciones abiertas.
Mientras tanto, siguen hoy las discusiones en la séptima semana de cruces entre los funcionarios locales y el staff técnicos del FMI; en los últimos días de discusiones libres, antes de los días previos a la necesidad de liquidar el vencimiento del 22.
En las últimas horas se evaluaba la alternativa que Argentina ejecute un pago simbólico que sea tomado como gesto de buena voluntad de parte del organismo, y que se extiendan las negociaciones por unas semanas más. Sin embargo, en este caso, el país igualmente entrará en default. Únicamente que sería selectivo, una alternativa poco común para los estándares del FMI. Y poco recomendada por los propios técnicos.
Otra opción sería que directamente se caigan las negociaciones actuales, que todo vuelva a las discusiones clásicas del crédito de Facilidades Extendidas vigente, que el país no cumpla con las metas pactadas (al menos eso ocurrirá en el caso de las reservas), que el FMI dictamine oficialmente que las metas se medirán anualmente y no por trimestre, que se apliquen las normas de liquidaciones cada tres meses, que libere entonces los U$S4.300 millones comprometidos, que Argentina pague, y que se abran un nuevo período de discusiones por otros tres meses; etapa que culminaría en septiembre 2023.
Esta tercera opción no es la que se negocia en estos tiempos, pero todas las alternativas se abrirán en las jornadas de la séptima semana de cruces que comienza hoy.
Contra reloj
Mientras tanto, el reloj corre. Ya se suspendió la misión que desde el sábado pasado debería haber fiscalizado el caso argentino, y que implica cuatro controles anuales obligatorios de cumplimientos de metas (ineludibles) y objetivos (discutibles) por parte de Argentina.
Desde el comienzo del caso, ya se cerraron cuatro revisiones, todas exitosas en cuanto a las metas de reservas, déficit fiscal y emisión monetaria, lo que llevó a la aprobación general del 2022. Ahora corresponde la primera fiscalización de 2023, correspondiente al período enero- marzo de este año, la que debería llevar a las partes a resolver la aprobación (o no) del desembolso de unos U$S4.300 millones para cumplir con el pago pactado para el 22 de marzo por unos U$S2.400 millones.
Ésta es la letra firmada el 25 de marzo del año pasado en Washington. Sin embargo, las partes saben que Argentina no cumplió las metas de reservas, y que las otras dos necesarias para recibir los avales pasaron a convertirse en anualizadas y no tomadas como cuatrimestrales. Los negociadores discuten la nueva meta de reservas, mientras que las de un déficit de 1,9% para todo el año y una emisión monetaria máxima de 0,6% del PBI están en observación.
