La causa por la que Argentina perdió en Londres el caso por los cupones PBI

Argentina perdió esta mañana la primera etapa del complicado y multinacional juicio contra el país por los pagos del Cupon PBI de 2013 y la manipulación de las estadísticas del Indec para la medición del crecimiento de economía de ese año, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner en el Ejecutivo y Axel Kicillof comandaba el Ministerio de Economía.

La definición de ayer corresponde a la sucursal Londres del caso, donde el Tribunal Superior de esa ciudad correspondiente a la City, fallaron a favor de fondos buitre  que reclamaban por tenencias de esos títulos públicos por unos 643 millones de euros y U$S 794 millones, dinero que suma algo más de U$S 1.460 millones a los que habrá que sumarles intereses y gastos del juicio.

Los fondos demandantes en Inglaterra son Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited quienes comenzaron en 2019 una demanda por considerar que se habían alterado a propósito los datos estadísticos de crecimiento del PBI de ese año.

Según lo pactado en el canje de deuda organizado durante el gobierno de Néstor Kirchner en el canje de deuda del 2005 para regularizar la deuda caída en default de 2001, esos cupones debían pagar dividendos si el país hubiera crecido en 2013 más de 3,26%; algo que se descartaba sucedería.

Sin embargo, la gestión de entonces de Axel Kicillof anunció en marzo de 2014 que Argentina había crecido 2,4%, con lo que no se pagó el cupón. Los tenedores de esa deuda consideraron que hubo una alteración en la forma en que el INDEC medía el producto, lo que luego fue confirmado por los jueces ingleses en el caso conocido esta mañana. 

Loretta a escena

Lo peor del caso, es que la situación del país en Inglaterra por esta causa es sólo una parte de la demanda. La más importante es otra etapa de la demanda, pero radicada en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el que está a cargo de la jueza Loretta Preska.

La jueza que falló en contra del país la semana pasada por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, ahora debe resolver la etapa norteamericana del caso por el Cupón PBI, con el antecedente del fallo en contra de Londres. Según los tiempos del juzgado, la resolución debería conocerse a fin de este año. 

La causa de Nueva York fue iniciada por el fondo buitre Aurelius por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013. 

La jueza Preska abrió el proceso en febrero del 2014 y resolvió en marzo del 2021 que avanzaría con la causa. La cifra en dólares del eventual reclamo de Nueva York provoca escalofríos: ante un fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de u$s5.000 millones.

De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI de 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,26% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

Para la Argentina, la causa puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo.

Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que, durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014.

Palabra de buitre

Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,26% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”.

Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su defensa el 3 de julio de 2021, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, ya había defendido durante el 2016 la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo.

Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono, a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la Procuración del Tesoro, aseguraron ante la justicia norteamericana que el gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

En 2021 la jueza de Nueva York Loretta Preska, al fallar en contra del país publicó una resolución de 38 páginas, donde aclara explícitamente que "Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI", con lo cual a los abogados que representan al país sólo les quedará, en primera instancia, demostrar su capacidad de liquidación.

Para Preska, Argentina actuó de "mala fe" al alterar la medición del cupón PBI de ese año y "causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el compromiso".

En ese juzgado, la causa se encuentra terminando la etapa de Discovery. Éste apunta a que la jueza tenga elementos para evaluar los daños concretos que la decisión de alterar la medición del PBI tuvo en los fondos de inversión. Se descarta que en esa fecha Aurelius y los otros fondos afectados reclamen un proceso "sumario", que debería ser aceptado o rechazado por la jueza.

Si el fallo termina siendo definitivo y Preska reclama la aceleración del Discovery, será el momento en que Argentina apele el fallo y deba ser resuelto por la Cámara de Segunda Instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, una instancia donde el país también perdió en el "Juicio del Siglo".

En ese momento, los votos fueron 3 a 0 en contra de Argentina. De cualquier manera, el fallo continuará en el tiempo y demandará no menos de tres o cuatro años hasta que la justicia de los Estados Unidos (y la de Gran Bretaña cuando defina una causa paralela por el mismo caso) se expida. Lo más probable es que la resolución final termine siendo tratada o rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado del fondo Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “Juicio del Siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en Estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.