La inflación sigue licuando haberes y los jubilados no llegan a fin de mes

Desde que la actual cartera de Economía se hizo cargo de la situación en agosto pasado, la expectativa, mucho más política que económica, se alzó por las nubes. La inflación iba ser manejada, los jubilados recuperarían lo perdido y el Estado dejaría de despilfarrar recursos. A poco más de seis meses del inicio de esa gestión la realidad muestra un escenario que es perfectamente opuesto al prometido.

A pesar de los anuncios bienintencionados los jubilados continuaron perdiendo, no ya “poder de compra” sino la mera posibilidad de subsistir dignamente. Y no hay ningún indicio de que dejen de seguir perdiendo en lo que queda del año. Con una inflación que ronda el 100% y unas jubilaciones que no se ajustan por inflación, es muy difícil avizorar un escenario positivo en el corto y mediano plazo. 

Los bonos que se entregan para cubrir ese bache son parches que se ponen para disimular el hecho de que las jubilaciones están perdiendo de manera constante. Cada bono que se entrega va quedando absorbido, a su vez, por la inflación. Ésa era la situación antes de que asumiera la actual gestión de Economía. Y es exactamente la misma hoy en día. Lo único que hicieron fue sistematizar la entrega de los bonos, convirtiendo una política de parches en una estrategia permanente de Gobierno. 

Los jubilados ahora tienen que aceptar que sus ingresos sean decididos arbitrariamente por el Poder Ejecutivo, sin que haya ningún tipo de relación entre lo que aportaron alguna vez y lo que cobran todos los meses. A su vez, el sistema previsional es la única variable de ajuste que le permite a los funcionarios cumplir con los objetivos planteados por el Fondo Monetario Internacional.

Si el ministro Sergio Massa es bien recibido en Washington se debe a la licuación de las jubilaciones que su gestión viene llevando a cabo de manera tan eficaz.

En otras áreas, el Gobierno sigue despilfarrando recursos y desperdiciando oportunidades de desarrollo. Exprimir a los jubilados es la única medida que tomaron y llevaron a cabo. Por todo ello, es válido preguntarse: ¿Para qué hubo un cambio de gestión? ¿Para empeorar una situación que ya era insostenible? Si no es posible mejorar la situación real que renuncien y paguen el costo político de sus medidas, del mismo modo que los jubilados tienen que pagar por las consecuencias de las mismas. 

* Eugenio Semino,  Defensor de la Tercera Edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).