Cómo operaba la banda dedicada al contrabando de contenedores

La Dirección General de Aduanas (DGA) desarticuló una organización dedicada al contrabando de contenedores. Tras un relevamiento de más de 3000 conteiners con indicios de que podrían intervenir en la maniobra, se determinó que el valor de mercado de la operación podría superar los $400 millones.

Según informó el organismo aduanero, "la operatoria de las tres empresas en cuestión implicaba la compra de las unidades en el exterior, el giro de fondos con intervención de empresas extranjeras para ocultar el real origen del dinero, la presentación de documentación apócrifa y la intervención de cuatro auxiliares de comercio exterior"

El trabajo de inteligencia desarticuló una importante organización, dedicada al contrabando de contenedores, con base en las ciudades de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

A partir de la investigación, la DGA, organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), radicó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del doctor Casas Nóblega; e intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del doctor Sánchez Freytes.

La denuncia penal involucra 173 contenedores. Las actuaciones corroboraron que, en muchos casos, la compra en el exterior se realizó previo al ingreso de los contenedores al país, lo cual supone una transgresión del régimen de admisión temporal. También se detectó la presentación de documentación adulterada.

La coartada

Como parte de la maniobra, los contenedores eran comercializados en el mercado interno sin haber sido nacionalizados —esto es, sin abonar los tributos— y dentro del plazo de la admisión temporal. Los contenedores fueron destinados a almacenaje y transformación para viviendas, oficinas, comercios, baños, puestos sanitarios, food trucks, bares, talleres, galpones y gimnasios, entre otros.

El régimen de admisión temporal de contenedores exime de tributar los impuestos correspondientes. Fue adoptado como forma de permitir el ingreso y egreso transportando mercaderías en el marco de una operatoria del comercio exterior, aunque estableciendo un plazo de admisión de 480 días para su reexportación. En caso de querer nacionalizarlos, ya no rigen los beneficios del régimen de admisión temporal y, en consecuencia, se debe abonar los tributos correspondientes.

Ante las sospechas, la Aduana realizó 13 allanamientos en Córdoba y Buenos Aires, que culminaron con la interdicción de 61 contenedores sin derecho a uso en la Provincia de Córdoba. También se llevó a cabo el relevamiento de otros 3.000 contenedores en dos depósitos, y el secuestro de importantes elementos probatorios para la causa.

Tráfico internacional

Gracias a ellos se pudo determinar cómo fue el esquema de operación de las tres empresas. Implicaba la compra de las unidades en el exterior, el giro de fondos con intervención de empresas extranjeras para ocultar el real origen del dinero, la presentación de documentación apócrifa y la intervención de 4 auxiliares de comercio exterior.

En el marco de sus actuaciones, la Aduana pudo valerse de información que aportaron gobiernos públicos de Chile y Paraguay, apoyados en convenios de cooperación internacional suscritos por Argentina. De esa manera, se pudo reconstruir cuál fue el flujo de fondos y cómo fue la intervención en la operatoria de firmas extranjeras radicadas en dichos países.

Algunos de los mecanismos de intercambio de información a los que adscribe la Aduana Argentina son: Convenio multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), Sistema de Intercambio de información de los Registros Aduaneros (INDIRA, Mercosur), y Trade Transparency Unit (TTU), entre otros.

También se determinó que más allá del aspecto aduanero de la maniobra, las firmas obtenían crédito fiscal apócrifo. Y un paso más allá, también se emitían notas de crédito para la anulación de ventas correspondientes a la comercialización de mercadería obtenida en forma ilícita, completando una maniobra escandalosa.

Para poder dilucidar la operatoria, la minuciosa investigación demandó una gran cantidad de cruces y análisis. Incluso, se determinó una subfacturación del orden del 50% del valor real efectivamente pagado.