El oficialismo detectó irregularidades en el crédito que tomó Mauricio Macri con el FMI
La mayoría oficialista de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que se constituyó en la Auditoría General de la Nación (AGN) para investigar el proceso de endeudamiento en la Argentina aprobó un informe donde se acusa al gobierno de Mauricio Macri de haber cometido diversas irregularidades en la toma de deuda de 2018 con el FMI.
En la sesión del Colegio de Auditores que sesionó con su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva plantearon que hubo un "incumplimiento de los procedimientos normados", es decir, que no realizaron los procedimientos establecidos por la ley para avanzar en la toma de deuda.
La legislación argentina prevé que se necesita la autorización expresa del Congreso para tomar deuda, sin embargo, el 20% de los créditos fueron asumidos a través de un DNU, decretos de necesidad y urgencia, según destacaron.
Aún así, el dictamen general fue favorable con algunas "salvedades". Entre ellas apuntó a avales con atrasos confirmados, avales que exceden el monto autorizado, inconsistencia en intereses de la deuda impagos, inconsistencia en la exposición de la deuda en los estados contables, utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda, incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por ley al momento de la emisión.
La AGN también acusó al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, por emitir y colocar Títulos Públicos en Nueva York por un total de US$ 9.000 millones, una cifra inusitada de emisión y de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina.
El informe precisó que a fines de ese año la emisión neta de deuda fue de US$ 55.940 millones, con lo que la deuda pública alcanzó los US$ 332.192 millones.
La operación fue catalogada como "extraordinaria", debido al volumen de lo solicitado y también a que la Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI, muy superior al de los años 2000 y 2001 (megacanje) con US$ 8.000 millones.
Los auditores enrolados en la oposición, como Jesús Rodríguez y Miguel Ángel Pichetto votaron en contra del informe mayoritario, aunque avalaron su emisión.
