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Qué es la ley de promoción industrial y por qué Milei la elimina

Entre las tantas leyes que derogó el presidente, la que protege a las industrias en distintas provincias puede generarle disputas con gobernadores.
Los parques industriales recibirán el impacto Foto: webpicking.com
Los parques industriales recibirán el impacto Foto: webpicking.com

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei incluye la derogación de la Ley de Promoción Industrial. Esta norma otorgaba beneficios fiscales y aduaneros a distintas regiones del país para la instalación de diferentes industrias. 

La ley tuvo un extenso recorrido en el país con un punto central en el decreto firmado por el gobierno de facto en 1977 cuando incluyó en él a las provincias de Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Aunque con el tiempo se expandió a provincias como Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

No obstante, hace años caducó esa legislación, pero permanecieron algunos regímenes especiales, sobre todo la de Tierra del Fuego.

 

Esta medida, no obstante, se da en el marco de un programa de desregulación económica general que podría implicar la eliminación de impuestos y diversos tipos de trabas. Según la concepción de Milei, expresada en varias oportunidades, la industria debe ofrecer mejores productos para ser competitivo, sin intervención del Estado.

La provincia de Tierra del Fuego será una de las más perjudicadas.

Claro que la medida se complementará, además, con la liberación del comercio exterior, con lo que el sector industrial local deberá competir con los bienes importados que ya no tendrán trabas para el ingreso, más allá de la restricción de dólares que hoy vive la Argentina. 

El presidente Milei necesita, para gobernar, el apoyo de los gobernadores. Es de esperar que los mandatarios que pierden los beneficios en sus provincias rechacen la medida y pidan que se revea.

No obstante, hay que aclarar que aunque no rige como tal una ley de Promoción Industrial, los regímenes vigentes tienen un fuerte componente impositivo, por lo que hay juristas que ya comenzaron a señalar por las redes sociales advirtiendo que el cambio debe pasar por el Congreso.

El decreto