Cuáles serán las consecuencias del cierre del BCRA que confirmó Javier Milei
La eliminación de la entidad no será sencilla y necesitará de un apoyo político que hoy no existe.
El acuerdo del presidente electo, Javier Milei, con el expresidente Macri se puso en marcha en la conformación del gabinete nacional fundamentalmente con la incorporación de Luis "Toto" Caputo al ministerio de Economía. Esto provocó que Emilio Ocampo, uno de los ideólogos del cierre del Banco Central, desistiera de asumir en esa entidad por entender que quienes tomarán las riendas de Economía tienen otra visión. Además, esto generó rumores de un cambio de perfil en la idea de gobierno de Milei.
Sin embargo, en un comunicado público, el mandatario dejó bien en claro que el Banco Central pasará a la historia en algún momento de su gobierno, señalando que ese objetivo es "irrenunciable".
Lo que sigue es analizar si es posible realizar semejante tarea, si tiene el poder político para avanzar en ese sentido y qué consecuencias traería para la economía y la sociedad argentina.

Un problema constitucional
No son muchos los países del mundo que no cuentan con un banco que regule el sistema financiero y la emisión de moneda. En general, son pequeños países -no más que islas- dependientes económicamente de sus antiguos dominadores coloniales como Kiribati, Tuvalu, Islas Marshall, Isla de Man, Nauru, Micronesia y Palaos, o Estados europeos insertos territorialmente en otros estados con realidades económicas que los contienen, como Mónaco, Andorra o el principado de Liechtenstein.
La realidad es que no hay antecedentes de grandes países, con economías diversas y con potencial como Argentina, que renuncien a tener una entidad regulatoria, y por eso mismo, moneda propia.
No obstante, aunque el gobierno intente llevar adelante semejante propuesta, poner en marcha esa medida no será sencillo. Algunos constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez, sostienen que para llevar adelante la medida se deberá reformar la Constitución Nacional. Señala que el art. 75 de la Constitución instituye como atribución del Congreso "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda", "hacer sellar la moneda y fijar su valor" y "proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda". Además, señala que ir hacia una dolarización "implicaría transferir las facultades otorgadas por el art. 75 a la Reserva Federal de los Estados Unidos de América".

Es cierto que Milei no habla de dolarización en forma concreta, sino que propone que cada uno elija en que moneda quiere operar. Pero no queda claro bajo que regulaciones se van a desarrollar las transacciones de esas monedas, quien controlará que no se produzcan abusos en el sistema financiero o cómo se desarrollará el sistema bancario argentino.
Es posible que el nuevo presidente tenga respuestas para cada una de las preguntas que surjan, pero nadie sabe aún si su aplicación en la realidad argentina será factible.
De cualquier manera, el cierre de este organismo deberá tener aval del Congreso. De allí saldrá la autorización para implementar cualquier otro sistema financiero / monetario. Pero en ese espacio, lamentablemente para el gobierno, La Libertad Avanza es franca minoría, con pocos aliados a la vista. La expectativa es, sumando al PRO, llegar a cerca de 90 diputados y una decena de senadores, lo que no alcanza ni para contar con el quórum para iniciar las sesiones.
Consecuencias
Las atribuciones del Banco Central son, entre otras, la de emitir monedas y billetes, regular el funcionamiento del sistema financiero, aplicar la Ley de Entidades Financieras, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, regular y orientar el crédito y ejecutar la política cambiaria.
Por lo tanto, las consecuencias, entre otras impedirá en primer lugar tener una moneda nacional. De allí que se proponga la dolarización. Esto provocará que no se pueda evitar quedar atrapado en las decisiones de política monetaria de terceros países con políticas cambiarias y de tasa de interés que les permitan regular a favor el comercio exterior y el flujo de capitales.
Tampoco el Estado podrá regular la intermediación financiera de los bancos y no habrá quien proteja a los usuarios de servicios financieros de un desempeño abusivo.
Tampoco podrá actuar como prestamista de última instancia al tesoro nacional, sobre todo en caso de urgencia.
Muchos analistas, plantean que el cerrar el Banco Central alegando que ha funcionado mal hasta ahora, es culpar a una institución y no a la política que se aplica. La institución en sí sólo cumple una función que puede ser bien aprovechada y ser útil al programa político económico elegido.

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