Cristina Fernández de Kirchner aceptó un acuerdo a 10 años con el Fondo Monetario Internacional

Cristina Fernández de Kirchner cedió; y aunque aún faltan muchos capítulos importantes por negociar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Argentina ya está cerrado en sus lineamientos generales y fundamentales. Lo más importante y trascendente que aceptó la vicepresidenta (y todo el kirchnerismo), es que sea aprobado el límite de 10 años para el Facilidades Extendidas que se discute con el organismo financiero.

Finalmente la expresidenta comprendió que forzar aún más los tiempos y seguir presionando por la utopía de un acuerdo a mayor plazo, era en vano. Y que las consecuencias de no tener un acuerdo con el FMI eran peores que las de aceptar esa condición innegociable. La inclusión de una cláusula en el pacto que incluya una eventual extensión de los plazos para el caso que el directorio del FMI acepte una modificación de su estatuto con la posibilidad de acuerdos a más de 10 años, terminó por aceitar la aceptación kirchnerista.

Se aclara cerca del poder político que esta aceptación no es un cheque en blanco sin más ante lo que Guzmán pueda cerrar con el Fondo. Ni cerca de eso. Sino del otorgamiento del aval al ministro para que este pueda avanzar en la negociación final con el organismo, con coincidencias básicas aceptadas. Esto es, un Facilidades Extendidas a 10 años, con un plazo para comenzar a pagar los U$S44.700 millones que se deben al organismo en 4,5 años después de haber firmado el acuerdo, con un plan de metas fiscales y monetarias que lleven a un equilibrio sustentable en un mediano plazo (no menos de tres años) y la aceptación de misiones del FMI anualizadas.

El acuerdo incluirá como principal logro de Guzmán, una reducción importante de las tasas de interés que se les cobra a los países incumplidores seriales como la Argentina, y la aplicación de la tasa que se le aplica a los estados más responsables. Esto es, de un 4,05% anual, se le cobrará 1,05% máximo. En los papeles, implica un ahorro de aproximadamente 10.000 millones de dólares en los 10 años de contrato entre las partes; dinero que el país se ahorraría en intereses. También se tendrá que incluir en el acuerdo la alternativa de aplicar una refinanciación de los pagos anuales, en el caso de que Argentina cumpla en los ejercicios previos las metas económicas y financieras pactadas con el Fondo.

Finalmente, el "ala política legislativa dura" del oficialismo aceptará como una consecuencia inevitable la llegada a Buenos Aires de misiones anuales del FMI; pero con condiciones más políticas que económicas. Una alta fuente del oficialismo legislativo lo describió de este manera: "Que el FMI muestre en su visita al país la misma buena fe que nos pide a nosotros. No queremos un show de desprestigio en las fiscalizaciones de Buenos Aires".

La llave que destrabó las negociaciones entre Guzmán y el ala política, es la inclusión de una cláusula inédita en la historia reciente del FMI: la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años, el documento de Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos.

Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julie Kozac, como el ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

El ministro y el staff negociador del Fondo están discutiendo, además, que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro puedan no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial, sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada. Guzmán sabe que hoy el FMI acepta visiones heterodoxas, quizá por primera vez en su historia.

Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia.

Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente es posible demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. En el haber de los negociadores también se podrá anotar la posibilidad de extender el tiempo sin liquidaciones a los 4,5 años después de haberse aprobado el acuerdo en el board.

Si se cerrara antes de diciembre 2021 un acuerdo del tipo hoy vigente, debería comenzar a liquidar capital a los 4,5 años de firmado; lo que implica que los primeros pagos serían en el segundo semestre del 2026. Pero además, si Argentina cumpliera con los compromisos firmados de metas y objetivos, ese dinero a liquidar podría ser renegociado con lo que en concreto no habría que realizar desembolsos si la currícula monetaria, financiera y fiscal se lograra.