Bienes Personales, reactivación y compliance, tres puntos fuertes a los que prestarles atención

En estos días, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió el plazo para presentar declaraciones juradas y efectuar pagos referidos a Ganancias, Bienes Personales y Cedular. Esta prórroga es tanto para personas humanas y sucesiones indivisas que corresponden al período fiscal de 2020.

Los nuevos plazos, que intentan ayudar a los contribuyentes, están definidos en la normativa y son los siguientes:

Por otro lado, para el caso del pago del primer anticipo del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2021, las nuevas fechas son:

Bienes Personales: cambios en la imposición de renta financiera

Actualmente, existen exenciones a los depósitos en cajas de ahorros, sin importar limitación de tiempo mínimo. Es importante destacar que el saldo que se tenga al 31 de diciembre no se encuentra alcanzado por el impuesto a los Bienes Personales.

Sin embargo, ahora se quiere modificar el primer párrafo del artículo 21 bis, del Capítulo I Titulo VI de La Ley 23966 (to 1997 y sus modificaciones). Respecto del inciso h): "Depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la Ley 21526, a plazo fijo, en cajas de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otra forma de captación de fondos de acuerdo a lo que determine el BCRA", dichas exenciones regirán en la medida que los depósitos permanezcan en su patrimonio, como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%) de los días –contados en forma continua o discontinua–, del año calendario correspondiente al periodo fiscal por el que se declaren o se encuentren depositado desde el 1º de diciembre del periodo fiscal del que se trata hasta el 31 de mayo siguiente, inclusive.

En conclusión, se restringen las exenciones en Bienes Personales para las imposiciones en pesos, pesos con cláusula de ajuste y dólar, efectuadas en entidades financieras de la Ley 21526 para el periodo fiscal 2021.

Programa Federal de Fortalecimiento de Reactivación Productiva de la Provincia de Mendoza

Se presentó el Programa Federal de Fortalecimiento de Reactivación Productiva de la Provincia de Mendoza, que tiene por objetivo generar nuevos puestos de trabajo genuino y de calidad en las actividades promovidas en cada una de las provincias que adhieran al mismo.

Este proyecto busca beneficiar a empresas privadas, constituidas en la Republica Argentina, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio de acuerdo a los regímenes legales y vigentes, y con sede en la Provincia de Mendoza.

Esto abarca diferentes actividades. Para acceder a los estímulos del Programa, las empresas deberán acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados, por tiempo indeterminado y a jornada completa, relacionando el mes a devengar respecto al mes base fijado en la convocatoria pertinente.

El programa contempla la erogación de un estímulo económico por cada trabajador o trabajadora nuevo registrado de manera formal, con contratos por tiempo indeterminado que, cumpliendo con la reglamentación especificada, fuesen incorporados o incorporadas a partir del 1º de abril de 2.021 y hasta el 31de marzo de 2022, inclusive.

Compliance, una práctica cada vez más habitual y con valor agregado

En los últimos años creció el concepto de compliance y, al mismo tiempo, esto hizo que cada vez lo escuchemos más y que sus servicios sean demandados por las empresas. Sin embargo, hasta no hace mucho era un término ignorado por gran parte de las personas.

El compliance, o cumplimiento normativo, comenzó a ponerse en práctica en los Estados Unidos y Europa. En Argentina recién empezó escucharse hace algunos años en empresas vinculadas al sector financiero. En la actualidad se ha extendido su práctica a otros rubros y pisó fuerte en el país a partir de la sanción y entrada en vigor de la Ley N°27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria en 2018.

¿Qué es el compliance? Es el conjunto de procedimientos que permiten identificar y clasificar riesgos normativos, operativos y legales de las empresas, de manera que se establezcan mecanismos de prevención y control que contribuyan al cumplimiento de requerimientos regulatorios.

En el mundo empresarial, el “programa de compliance” se define como el proceso para asegurarse que tu empresa y empleados siguen las reglas, regulaciones, estándares y prácticas éticas dentro de tu organización, con el objetivo de no dejar de cumplir ninguna normativa legal.

Lo llamativo es que, si bien la mencionada Ley N°27.401, establece el régimen de responsabilidad penal que aplica a las personas jurídicas, “sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal”, por determinados delitos contemplados en el Código Penal (como cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances o informes falsos, entre otros), las empresas han aprovechado esta situación como una nueva oportunidad en la elaboración de estrategias de control interno que faciliten la detección temprana de riesgos que puedan afectar a la organización no solo por el incumplimiento de una normativa, sino también por desvíos de gestión, debilidades o falta de control en áreas críticas.

Si bien la posibilidad de complementar las funciones de auditoría interna (función de tercera línea) y compliance (función de segunda línea) presenta un desafío clave en materia de independencia, muchas empresas trabajan sobre los ajustes necesarios en materia organizacional, que complementándose con la aplicación de evaluaciones al programa de integridad, conducidas por un consultor experto e independiente a la organización, logran encontrar un punto de conexión entre estas dos áreas en la búsqueda de objetivos tanto de cumplimiento, como de gestión y salvaguarda de activos y recursos que pueden ser llevadas en conjunto.

Son estas empresas las que han logrado las mejores sinergias y han sabido sacarle provecho a una a una situación “impuesta por ley” en objetivos organizacionales como: robustecer la administración integral de riesgos de todo tipo (estratégicos, financieros, de operaciones y de cumplimiento), mejorar la gestión y el cumplimiento de objetivos de negocio con implementaciones en materia de control interno, y la oportunidad de integrar y optimizar las inversiones en tecnología necesarias para el desarrollo de ambas funciones (procesamiento de datos, inteligencia corporativa, herramientas de visualización, simulación de escenarios de riesgos y establecimiento de alertas).

Esta situación descripta les ha permitido a las organizaciones, con la ayuda de asesores externos expertos, contar con un cuerpo asesor confiable y capaz de identificar riesgos nuevos y no conocidos, como parte de una visión integral que permita más y mejores oportunidades de negocio en la empresa y aceitar los procesos de control para mejorar la toma de decisiones y cumplir con los objetivos de gestión.