Presión oficial a empresas: congelamiento de precios debe llegar a todos los comercios

Comenzó la convocatoria a empresas alimenticias por parte de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. En el primer round ayer, la funcionaria apuntó a una de las varias filtraciones que tiene su régimen de controles, es decir los “Precios Máximos”. Bajo ese esquema, los supermercados actúan como agentes de control, frenando las compras de productos de empresas alimenticias que contengan aumentos no autorizados por la secretaria de Comercio Interior. Ese control no rige en los almacenes o los denominados “comercios de cercanía”. El problema principal es que las personas de menores ingresos no concurren a los supermercados a efectuar sus compras sino que lo hacen en esos comercios de cercanía. De hecho sólo el 30% del consumo se realiza a través de los supermercados.

De esta manera, los aumentos de precios se verificaban mayormente en los almacenes barriales. El Indec, cuando efectúa el relevamiento de los precios todos los meses lo hace en todos los canales de distribución, supermercados y almacenes. Por ello el fracaso de los Precios Máximos para contener la inflación se veía reflejado también en las mediciones del Indec, que hicieron eclosión el jueves pasado cuando se difundió el 4,8% de la inflación de marzo.

En la primera reunión con empresarios del sector alimenticio Paula Español apuntó a crear una nueva canasta de productos que incluya a los comercios de cercanía. Pero el problema para la secretaria de Comercio Interior es que las empresas ya están en una situación límite en lo que respecta al congelamiento de los precios. Ya se estaban produciendo faltantes en varios productos ante la imposibilidad de las empresas de trasladar a los precios los aumentos de costos como en la logística, salarios, materias primas, dólar oficial, etc.

Para peor, la relación de la COPAL (la cámara que agrupa a las empresas alimenticias) y Español está prácticamente rota ante las recientes medidas adoptadas por la funcionaria: el SIPRE (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas para la Reactivación Económica), que obliga a empresas a dar información sensible, desde stocks, proveedores, precios, y el SIFIRE (Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas) que impone una autorización previa antes del lanzamiento de nuevos productos.

“Quieren lanzar una nueva canasta de alimentos para los comercios de cercanía, con precio sugerido en el envase que sea fijo por seis meses; es imposible” señaló un empresario del sector. Desde el Ministerio de la Producción afirman que estarían dispuestos a dar de baja el régimen de Precios Máximos a cambio del lanzamiento de esta nueva canasta que abarque a todos los comercios.

Las negociaciones recién comienzan y se basan en los productos a incluir en esa nueva canasta. Igualmente, más allá de un eventual acuerdo, los problemas del gobierno con la inflación se mantendrán a mediano plazo: en primer lugar, el BCRA estima que emitirá $1,2 billón para asistir al Tesoro Nacional en 2021. En segundo lugar, no menos importante, es que muchos funcionarios dentro del equipo económico sostienen que esa emisión de pesos no es inflacionaria. Bajar la inflación así se torna una misión imposible.