Paula Español citó a empresarios: se acentúan los controles

De nuevo Argentina tiene todo el pasado por delante: la secretaria de Comercio Interior citó el sábado a directivos de las principales empresas alimenticias a una reunión presencial hoy lunes a las 17.45 horas en el Ministerio de la Producción. A los empresarios citados, desde Unilever hasta Procter and Gamble, les llamó la atención el horario, dado que una hora y cuarto después de la convocatoria, rige la prohibición de circular. Asistirá también el titular de esa cartera Martín Kulfas. ¿Qué pasará? Más de lo mismo, es decir, controles exhaustivos a las empresas a las que se le quiere asignar la culpa por la suba de los precios al consumidor en marzo, del 4,8%. Ayer la información proveniente de la oficina de Español fue una nueva multa a empresas, en esta ocasión Mercado Libre y Suavestar, por incluir en el Hot Sale, productos con precios idénticos a los existentes previamente.

Más allá de lo justificado o no de esta última sanción, la intención oficial es acentuar el control sobre empresas por la inflación, dejando de lado que la causa de los incrementos está basada en la política monetaria 2020. Concretamente, el circulante en pesos según el informe monetario del BCRA al 13 de abril, pasó de $1,3 billones hace un año a $1,8 billones en la actualidad. Si bien la base monetaria trepó de $2,4 billones a casi $2,6 billones, las Leliq treparon de $1,1 billón a $1,9 billones y los pases pasivos de apenas $172 millones a $1,3 billones.

En la reunión del equipo económico del miércoles pasado, con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero a la cabeza, cuando en el gobierno ya estaban al tanto del desborde inflacionario y el 4,8% que se iba a informar al día siguiente, se optó por acentuar la presión sobre empresas. Allí se anunció que se iban a incorporar a 500 fiscalizadores para fortalecer las tareas de control de precios, trabar el lanzamiento de nuevos productos que impliquen aumentos de precios escondidos, y como corolario, la creación de un “Observatorio de Precios”.

Para contener el aumento de la carne, no se prohíbe la exportación ante el fuerte rechazo que generó Paula Español, una ministra en las sombras en realidad, pero sí se imponen mayores requisitos para la venta al exterior, con un nuevo registro de exportaciones. Cabe recordar que en 2006, el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno promovió una prohibición temporal a las exportaciones de carne vacuna, cupos y permisos para acceder a las ventas externas. Desde entonces, y hasta el 2011 el kilo de carne se incrementó 422% y el stock bovino retrocedió más de 20%, en 10 millones de cabezas. De manual: con precios máximos, cae la oferta.

Lo curioso es cómo se repiten errores de política económica. Más allá de la abundancia de ejemplos en la historia económica del fracaso de los controles a empresas para contener la inflación, se sigue insistiendo aún dentro de la gestión de Alberto Fernández. Basta recordar que el 5 de abril del año pasado, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia otorgando a los intendentes de diferentes ciudades la autoridad para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia y controlar así el aumento de precios en almacenes de barrio.

“Lo que vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la ley de defensa de la competencia y de sancionar directamente a esos lugares”, afirmó entonces Alberto Fernández durante una entrevista. Luego vinieron a sumarse a los controles los denominados “dirigentes sociales”, inmersos en el Consejo Federal de Comercio Interior, una nueva estructura burocrática creada bajo la órbita de Español.