Guzmán pone límites al "ala política" y rechaza candidatura legislativa

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá ser a 10 años. Pensar en plazos  mayores es una pérdida de tiempo. No pueden volver las restricciones fuertes a la actividad económica. Si las hubiera, la macroeconomía no lo soportaría. Las tarifas deben incrementarse, al menos, al nivel de la inflación anual. Porcentajes menores harían que los equilibrios fiscales imprescindibles para ordenar las principales variables se desacoplen, y los niveles de subsidios se conviertan en un peligro.

Martín Guzmán se plantó. El ministro de Economía le impuso a Alberto Fernández estas tres fronteras que deben respetarse para que su gestión sea exitosa. Y que representan una muralla para las intenciones del kirchnerismo duro de avanzar sobre la política económica del gobierno. El funcionario expuso su posición dura el jueves pasado, antes de comenzar su gira por Europa para negociar con el Club de París la fórmula para pagar los U$S 2.400 millones de dólares que se le deben a ese organismo. Guzmán nunca perdió ni la calma ni la templanza y la buena educación que lo hicieron ya famoso dentro del gabinete nacional, y también fuera de él. Pero a sus interlocutores, entre ellos el Presidente, le quedó claro que quizá por primera vez que para su gestión ahora hay límites.

El primer capítulo donde Guzmán se puso firme, fue en el debate sobre  las restricciones económicas que muchos integrantes del gobierno querían imponer en la nueva etapa de la lucha contra el covid. El ministro conocía las presiones directas que llegaban desde Buenos Aires de parte de la administración de Axel Kicillof, donde la propuesta restrictiva era amplia y dura; e incluía trabas al comercio como cerrar shopping y industrias como la construcción en su versión privada. Ni hablar de la gastronomía, turismo y entretenimiento, sectores en la mira bonaerense como una de las claves de la multiplicación de contagios.

Guzmán interpretó (con razón) que si aceptaba en esta primera etapa las trabas que quería imponer Kicillof, para una segunda versión de las restricciones dentro de tres semanas; el avance en los cierres y prohibiciones sería aún peor.

Se interpreta en el ministerio de Economía que las intenciones reales de Kicillof  son cerrar las actividades en general, volviendo a una especie de fase uno similar a la de una año atrás; sin miramientos en las consecuencias económicas y fiscales de semejante decisión. Y que si no se impone  su criterio por sobre las presiones bonaerenses, en poco tiempo la cuarentena dura estaría pasando factura a la economía. Guzmán sabe que gran parte de su éxito para este año, depende de dos variables: que la recaudación se mantenga por encima de la inflación en al menos 10 puntos porcentuales y que, en consecuencia, el déficit fiscal comience a ceder de manera rápida.

La primera meta se está cumpliendo, pero se vería seriamente afectada si la actividad se frena y el consumo cae. La segunda, aún no da muestras de concretarse, y dependerá de lo que suceda con la economía en el segundo semestre.

Esta situación se complicaría aún más si desde el gobierno nacional, para atender las consecuencias de una cuarentena pura y dura con cierres de comercios e industrias, se deben diseñar planes de ayuda; indispensables para evitar consecuencias graves en la paz  social general. No hay ni un sólo peso presupuestado para estos fines; y cualquier dinero que se quiera disponer para atender estas derivaciones, agravarán la situación fiscal. Mencionar este capítulo ante Guzmán, es hoy como citar a Belcebú.

Curiosamente, Guzmán tuvo un apoyo firme y concreto en el reclamo fuerte al gobierno para que no aplique restricciones en la actividad económica. La CGT le dejó en claro a Alberto Fernández que volver a cierres de actividades importantes como la construcción y el comercio provocaría un alza desmedida en los despidos, sin certezas ciertas que la central obrera acompañe una saga mas de restricciones fuertes.

El segundo capítulo donde Guzmán se plantó duramente, es en la restricción temporal del acuerdo con el FMI. El ministro le aclaró al Presidente que sólo negociará un plazo de 10 años máximo, con la alternativa de comenzar a pagar a 4,5 años luego de firmado el pacto y con una tasa de interés menor al 3%. Aclaró Guzmán que un plazo mayor le excede como posibilidades de negociación, y que sería responsabilidad exclusivamente política del Presidente, la vicepresidenta y el ministerio de Relaciones Exteriores. Pero que no puede ingresar en su misión que comenzó este fin de semana, de establecer contactos y pedir apoyo a sus colegas de los ministerios de Economía de Alemania, Italia, España y Francia. Y muchos menos sobre sus espaldas convencer a la administración de Joe Biden de un requerimiento semejante.

En las últimas horas el ministro hizo pública su posición, en un mensaje dirigido más al oficialismo del Congreso que al Ejecutivo al asegurar que "Cambiar los 10 años con el FMI es una negociación geopolítica para lo que no hay tiempo si se quiere un acuerdo pronto".

Mencionó que para cambiar estos plazos se necesita el apoyo de Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia, cuestiones que, aclaró, le exceden. Esto más allá de ser una misión que no está dispuesto a asumir. Porque conoce el resultado del eventual requerimiento argentino.

Los límites de Guzmán avanzan también al capítulo tarifas. El ministro de Economía no acepta rechaza de plano cualquier alternativa que implique complicar aún más la situación fiscal; y sabe que la batalla comienza en el capítulo subsidios a los servicios públicos. La posición del ministro es firme, y se mantiene en que las tarifas deben respetar la evolución de la inflación; aunque en su polémica versión del 29% que figura en la ley de Presupuesto 2021. Ya con ese nivel promedio de incrementos en los valores de las tarifas particulares, comerciales e industriales, Guzmán estaría conforme. Otra manera de decir que las cuentas fiscales podrían cerrar.

Sin embargo, con preocupación, el ministro percibe como peligrosamente va tomando forma incluso dentro del propio Ejecutivo, la posición  que en su momento durante una mañana de marzo en Calafate la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner le dejó en claro. Esta reza que para el kirchnerismo los incrementos tarifarios no pueden superar el dígito durante el año. O al menos hasta octubre. Dicho de otra manera, ir a votar con incrementos en luz, agua y gas de un 29%, en medio de una pandemia que aún estaría presente y con sus consecuencias económicas a cuesta, sería, políticamente suicida. Y, como le aclaró la vicepresidenta en aquella conversación, el ministro de Economía debe obedecer a los políticos. Y no al revés. Para Guzmán esta alternativa es inaceptable, si aún se quiere un nivel de déficit fiscal primario de 4,5% para el 2021. Y si el gobierno aún busca que las variables macroeconómicas se conviertan en "sustentables". No es una frase hecha. Es la misión que según el ministro le dio el mismísimo Alberto Fernández cuando lo convocó para ocupar el siempre sillón más caliente del Gabinete Nacional.

El economista criado ideológicamente en la estructuralista Columbia ahora está percibiendo lo que alguna vez le comentó su mentor Daniel Heymann. El economista platense nunca aceptó sumarse a las huestes kirchneristas, por la poca disposición de ese sector político a aceptar las reglas inevitables de la prolijidad económica que rigen tanto para derecha e izquierda.

Alguien le dijo a Guzmán que esto no sería un problema para conducir la economía, porque el gobierno de Alberto Fernández se trataba de una colación política donde ese kirchnerismo era una parte importante pero no fundamental en el trazado de las metas macroeconómicas.

En medio del panorama, alguien cercano a la vicepresidenta tiene una curiosa ideal. Comprendiendo que Martín Guzmán mantiene un nivel de aceptación alto en la sociedad, y que se lo considera un moderado y eficiente funcionario; a alguien dentro del equipo kirchnerista de elaboración de las listas legislativas para octubre se lo ocurrió que el ministro de Economía podría encabezar la de la Ciudad de Buenos Aires o integrar la bonaerense. Sería una manera, elucubran, para atraer a la díscola clase media. Y además, una manera que abandone el Palacio de Hacienda y libere el sillón más complicado y apetecible del Gabinete Nacional. Por las dudas que prospere, el ministro ya rechazó la idea. Y dejó en claro que el paso posterior a dejar Hacienda es volver a Nueva York a continuar su carrera junto a Joseph Stiglitz.