Las razones por las que uno de cada tres argentinos corre riesgo de pasar hambre

Las razones por las que uno de cada tres argentinos corre riesgo de pasar hambre

Un organismo de las Naciones Unidas advierte que la Argentina es el país de la región donde más creció la inseguridad alimentaria. El Fondo, la inflación y la pandemia, entre las razones principales. El rol de la asistencia estatal en este contexto.

Ezequiel Chabay

Ezequiel Chabay

Seis años de crisis y caída de la economía no pasan sin más en la Argentina. Los niveles de hambre e inseguridad alimentaria crecieron de 2014 a esta parte, y podrían verse exacerbados en la salida de la etapa más dura de la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, si los números de crecimiento en los que se apoya el Gobierno no logran un efecto derrame sobre los sectores más vulnerables.

De acuerdo a un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en América Latina y Caribe, entre 2018 y 2020 aproximadamente, 16 millones de argentinos sufrieron hambre o quedaron sin un plato de comida por no contar con recursos.

En los trienios 2014-2016 y 2018-2020, todos los países de América latina y el Caribe con información disponible mostraron un aumento en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Pero en la Argentina aumentó 16,6 puntos porcentuales, siendo el país con mayor crecimiento.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave habría alcanzado al 35,8% de la población, cuando en 2014 dicho número estaba por debajo del 20%. El número de personas pasó de 8,3 millones en el final del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner a casi el doble de hambrientos en el epílogo de la gestión de Mauricio Macri, y el primer año de mandato de Alberto Fernández.

Para la FAO, en la Argentina hay 16 millones de personas que se saltean comidas, quedan ocasionalmente sin alimento alguno, o pasan más de un día sin ingerir alimento, varias veces al año.

Los reconocimientos a la Argentina por sus políticas públicas que llevaron a la reducir sensiblemente los niveles de desnutrición quedaron en el pasado frente a los números que arroja la reciente medición de la FAO.

En el “granero del mundo”, con capacidad de alimentar a casi 400 millones de personas, además de estos inconvenientes, aparecen otros desafíos como la subalimentación de 1,7 millones de personas, o índices crecientes de sobrepeso en población infantil y adulta.

Cristina Kirchner, en la FAO, cuando la Argentina fue reconocida por reducir la malnutrición. Esa vez dijo, incorrectamente, que la pobreza rondaba el 5% de la población.

Razones detrás de los números

En los últimos años, diversos factores han desviado al mundo del camino hacia la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. En la Argentina, la pandemia, el consecuente confinamiento y la destrucción de los trabajos más precarios exacerbó esa tendencia que viene arrastrada por la incapacidad de crear empleo genuino, y el encarecimiento además del costo alimentario por medio de la inflación.

La irrupción del coronavirus redujo los ingresos de millones de personas en la región, y también en la Argentina. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue apenas un paliativo, mientras la Tarjeta AlimentAr, administrada desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con fondos de la ANSeS, buscó moderar la falta de recursos en los hogares con menores a cargo.  

Santiago Poy, investigador del ODSA - UCA y del Conicet, reseñó a MDZ que “la Argentina viene transitando una crisis económica importante a partir de 2018”. Ese año, y más precisamente en abril, inversores extranjeros y tenedores de deuda soberana decidieron abandonar el país, provocaron una corrida contra el peso y favorecieron una devaluación por salida de capitales que llevó, a la postre, al entonces presidente Mauricio Macri a recurrir al Fondo Monetario Internacional para asegurar niveles de reservas en el Banco Central. Entonces, la inflación marcó un 47,6%, y en 2019 llegó al 53,8%, el índice más alto desde 1991.

De acuerdo a Poy, este escenario disparó el crecimiento de hogares indigentes, pasando de 4,1% a 7,3%, y llevando las casas habitadas por familias pobres de 20,9% a 35,2%. “La crisis económica, la caída de los ingresos y salarios y la alta inflación son una causa fundamental del aumento de la inseguridad alimentaria”, explicó el académico.

Para el investigador, “las familias afrontaron en 2020 más dificultades para asegurar el acceso de sus miembros a los alimentos” y ”el marco económico de caída de 10% del PBI, restricciones a la circulación y su impacto en los mercados laborales han tenido consecuencias sobre las condiciones socioalimentarias de la población”.

A su juicio, la Tarjeta AlimentAr “tuvo un impacto positivo y significativo en la amortiguación de las consecuencias de la pandemia”, pero subrayó que hacen falta “políticas públicas que apunten a favorecer el crecimiento económico con un efecto positivo en los presupuestos de los hogares”, asociada a una “reducción sostenible de los niveles de inflación general”.

En este contexto, Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, confirmó al comienzo de la semana que pagará un bono de fin de año a las y los trabajadores que están en el programa Potenciar Trabajo, que mes a mes paga una asignación estímulo equivalente a medio salario mínimo para cerca de un millón de personas que integran cooperativas o desarrollan tareas sociocomunitarias.

El pago será de $ 8000 y se hará el 20 de diciembre, justo cuando se cumplen 20 años del estallido social que se llevó puesto al gobierno de Fernando De la Rúa. Se analizaba esta semana si semejante erogación se extenderá a otros beneficiarios de programas sociales.

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