Las claves de la Ley de Góndolas

El proyecto de Ley de Góndolas impulsado por el Gobierno nacional y que cuenta con media sanción en Diputados, propone una serie de medidas cuyo objetivo es fomentar la competencia en los estantes de los supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país.

Según el texto, en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año. Ello significaría que las principales marcas resignarían espacios estratégicos que a priori facilitarían la competencia con el ingreso de nuevas marcas.

A su vez, los supermercados e hipermercados deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. Cabe mencionar que los almacenes, autoservicios chinos y kioscos - canales de venta que concentran alrededor de 70% de las ventas minoristas-, quedarán excluidos.

Asimismo, el proyecto establece que el plazo máximo de pagos sea de 90 días y que los proveedores podrán aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término; que los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.

Por otra parte, en la negociación contractual no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.

La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.

Al expresar su apoyo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló algunos "puntos a incluir en la futura reglamentación para acentuar la proyección de las PyMES proveedoras de los supermercados": del 25% de presencia de productos de pymes previsto en la ley, CAME solicita establecer un mínimo de 3 empresas proveedoras por categoría.

Propuso también que el plazo de 60 días previsto para el pago a pymes implique la acreditación efectiva de los valores en ese momento y no la entrega de un instrumento de pago diferido que aplace dicho período; y esquemas logísticos flexibles y adecuados para las pymes, a fin de evitar condicionamientos por parte de los supermercados.