Expropiación de YPF: la Justicia norteamericana llamó a declarar a los Eskenazi

A través de videollamadas, avanza a paso firme la demanda contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera y la jueza Loretta Preska solicitó que la familia Eskenazi, expropietaria de las empresas Petersen, entregue toda la documentación que tenga y explique si está involucrada de alguna manera en este proceso legal.

Argentina e YPF acusaron al fondo Burford Capital, quien compró el derecho a litigar al síndico español que llevó adelante el proceso de quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de entorpecer el pedido de discovery (investigación) que realizó la defensa y por eso llegó la solicitud a la familia Eskenazi.

Quienes ya declararon, citados por la defensa, fueron el mismo CEO de Burford, Christopher Bogart, y el síndico español, pero aún los Eskenazi no contestan al pedido de la justicia estadounidense de declarar y presentar toda la documentación. La Argentina e YPF quieren demostrar que Burford inició un juicio en Nueva York, sabiendo que debía haberlo comenzado en la Argentina.

Según consigna La Nación, que los Eskenazi asistan a declarar podría traer consecuencias para los dos lados ya que en el momento de la expropiación, Carlos Zannini, (a cargo de comandar la estrategia legal de la Argentina) era el secretario Legal y Técnico y cuando dejó el cargo pasó a trabajar como director del Banco de Santa Cruz, cuyo dueño es el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

En este momento, hay dos investigaciones realizándose en paralelo para determinar si el juicio en sí, que arranca en julio de 2021, debe llevarse a cabo tomando en cuenta el estatuto de la empresa, que fue constituido bajo ley argentina, como pide la defensa de YPF y la Argentina, o si, como pide la demanda, debe tomarse en cuenta el prospecto de privatización de YPF, que fue la venta de acciones y que se constituyó bajo las leyes de Nueva York.

La familia Eskenazi fundó las empresas Petersen en España y adquirieron el 25% de las acciones de YPF a través de un crédito de Repsol y de un préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades de la petrolera. Al producirse la expropiación, las empresas entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, había prohibido el reparto de utilidades.

Fue entonces cuando Burford compró el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio. Según la familia Eskenazi, ellos ya no tienen ninguna vinculación con las empresas Petersen y dicen que fue la justicia española, quien administró la quiebra, la que remató los derechos a litigar. Por lo tanto, no recibirían ninguna ganancia si Burford gana el juicio.