Banco estatal: preguntas después de la catástrofe

 Lo bueno de que no se haya enterrado la idea de crear un banco estatal es que permite pensar de nuevo todo lo que pasó. Y permite también que nos preguntemos si seremos capaces de hacer las cosas bien, en caso de que se termine creando uno nuevo.

Lo que pasó ya lo sabemos: en la experiencia anterior, la des-administración política hizo quebrar dos bancos históricos: el de Mendoza y el de Previsión Social. Y si bien la parte final de aquel proceso estuvo en manos privadas, aquellos dos bancos previamente fusionados (“cosas de mendocinos”, decía la propaganda oficial) ya venían heridos de muerte. El resultado es lo que más importa recordar ahora: no sólo se fundió sino que dejó una deuda que equivalía a un presupuesto completo de aquel entonces.

Para tener una idea de la dimensión de aquella catástrofe, hay que pensar en qué pasaría hoy si Mendoza tuviera un quebranto de entre 40.000 y 50.000 millones de pesos (el presupuesto aproximado que el gobernador quiere tener para 2015). Repito: hay que imaginar lo que sería cargarnos una deuda de esa magnitud para recordar lo que significó aquella experiencia.

Así que lo primero que habría pensar es que, si hacemos mal las cosas, los costos no serían para nada pequeños.

Lo segundo tiene más que ver con la oferta y la demanda. Y es pensar qué necesidad de mercado está insatisfecha en lo financiero para que Mendoza agregue un nuevo banco, encima estatal y encima con los antecedentes que tenemos. La pregunta es: ¿hace falta agregar un jugador nuevo a la cantidad existente de bancos privados y organismos como el Fondo para la Transformación y el Crecimiento? Entre todos ellos y la cantidad de programas nacionales que gestiona básicamente el Banco Nación, ¿no alcanza para cubrir la demanda de financiamiento de las empresas mendocinas, grandes, medianas y pequeñas?

Hay una respuesta a todo eso para quienes están a favor de crear el nuevo banco, y es la cantidad de dinero que se maneja en las cuentas del Estado. Y es cierto: debe ser una buena cifra, sobre todo pensando en que nuestro Estado tiene entre 80.000 y 100.000 empleados públicos (y aunque parezca mentira, ni siquiera podemos saber cuál es la cifra verdadera). Esa masa de dinero, bien administrada, podría servir para financiar cosas importantes. Pero la pregunta surge sola: ¿Estará bien administrada? ¿Quién la tendrá a su cargo? ¿Qué injerencia tendrán los partidos políticos? ¿Se repartirán los cargos según los partidos y después cada uno podrá expandir su influencia y crear otros cargos? ¿Se empezarán a tapar los problemas cuando surjan? ¿Quién y cómo auditará todo eso?

La respuesta es facilísima desde la teoría y las buenas intenciones: el banco tiene que estar sujeto a una auditoría externa e independiente.

Pero entonces habrá que contemplar otras preguntas: ¿Habrá consenso para que los políticos se sujeten a un control externo? ¿No se empezará en algún momento con las excepciones? ¿Se contemplará que, como el nuevo banco tendrá que nacer para durar, en los próximos años puede haber cambios de administraciones políticas, y esas generaciones de políticos deberán aceptar que se tienen que sujetar a ese control?

Si Mendoza creara el nuevo banco, y además tuviera éxito, la recompensa sería doble, lo cual es un estímulo. Por una parte podría manejar una buena masa de dinero para fines productivos y por otro revertiría uno de sus más grandes fracasos históricos. Desde ese punto de vista, valdría la pena encarar la hazaña. Pero la pregunta allí cae con mucho peso: ¿Nuestra clase política y empresaria está en condiciones de garantizar que esta vez la historia será distinta?