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La Justicia pide un 35% más de fondos para el 2014

El Consejo de la Magistratura pedirá 9 mil millones de pesos al Ejecutivo, que se suman a los 3 mil millones que ya pidió la Corte Suprema.
Foto: web
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El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el presupuesto para el Poder Judicial del año 2014. Le pedirá al Poder Ejecutivo $8.728.991.362, un 35% más que en 2013, que se sumarán a los 3.200 millones de pesos que pide la Corte Suprema para su funcionamiento.

Los gastos contemplan las nuevas Cámaras de Casación creadas por la reforma judicial y recientemente aprobadas por el Congreso.

El presupuesto fue aprobado con los votos de todos los presentes, primero en la Comisión de Administración y Financiera y luego en el plenario. En la reunión estuvieron los consejeros-legisladores Carlos Moreno, Stella Córdoba y Ada Iturrez; los jueces Mario Fera, Ricardo Recondo y Alejandro Sanchez Freytes; los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky; el académico Manuel Urriza y el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales.

Según explicó el administrados General del Poder Judicial, Germán Krieger, el  cálculo se elaboró "evaluando las necesidades del Poder Judicial y los requerimientos de los tribunales", detalló Krieger, al explicar que esta nueva edición del presupuesto incluye los cargos de personal  a integrar las nuevas Cámara de Casación para los fueros Contencioso Administrativo; del Trabajo y la Seguridad Social; y la Civil y Comercial.

También, el presupuesto ahora remitido a la Corte, incluye la integración de otros juzgados federales aún no habilitados como los de Rawson, Venado Tuerto y Pehuajó.

Según informó Minuto Uno, también se prevé la renovación del "parque informático" en el orden del 25 por ciento, porque se está llevando adelante la incorporación del nuevo "software de gestión". "Más del 60 por ciento del Poder Judicial tiene el nuevo sistema", informó Krieger, lo que representa unas 9 mil personas.

El presupuesto ahora pasó a la Corte Suprema que lo adjuntará al propio y lo enviará al Poder Ejecutivo para que, a su vez, lo incorpore al Presupuesto Nacional que finalmente tratará el Congreso.