El costo de cinco años de intervención en el Indec

Hace cinco años comenzaban las sospechas sobre las estadísticas oficiales de inflación, cuando el Gobierno, al no tolerar que el índice de precios al consumidor (IPC) registrara una suba del 2,1% mensual, decidió informar una suba cercana a la mitad de esa cifra.

Desde entonces, el Gobierno se jacta de haberse ahorrado dinero por el pago de los bonos que emitió con ajuste por CER, pero acumula una serie de costos tangibles -el aumento del costo del endeudamiento y la ausencia de un indicador creíble para la discusión salarial- y otros indirectos -fuga de capitales, escasa atracción de inversión extranjera directa y tensiones con organismos multilaterales-.

Para realizar un balance de este quinquenio de distorsiones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que investiga -lentamente- la Justicia, La Nación consultó a un grupo de expertos. No fue sencillo conseguir testimonios con nombre y apellido ante el temor que produce el renovado poder del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, artífice de estos cuestionados cambios a las estadísticas oficiales.

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