Gane quien gane, la asignación por hijo y el proteccionismo seguirán

Aunque siempre es arriesgado confiar ciegamente en que la dirigencia política argentina (y más en campaña) llevará a la práctica, y lo hará de forma sustentable en el tiempo, lo que dice en sus discursos, hoy hay dos temas en lo que no hay discusión alguna más allá de lo que pase en octubre con las elecciones presidenciales. Dos políticas que se vienen aplicando y que se mantendrán al menos por los próximos cuatro años sin importar quién sea el presidente o presidenta electo.

Pero aunque es una medida del Gobierno Kirchnerista, la mayoría de los partidos de la oposición se proponen ir por más y plantean la ampliación de la AUH para volverla “realmente” universal a través de distintos mecanismos. Asimismo, impulsan diversas formas de actualización del programa, desde la variación que tenga la canasta básica (ajuste por inflación) o el salario mínimo vital y móvil, en el caso de la Coalición Cívica (CC), hasta alusiones generales a ajuste por inflación de las distintas vertientes del Radicalismo y Solá.

Asimismo, el PRO que encabeza Macri (quien anunció que se baja de la candidatura para competir por la Jefatura de Gobierno porteña) propone el uso generalizado de tarjetas bancarias para el pago de los programas de transferencia monetaria, como un medio de reducir el clientelismo y aumentar la transparencia.

Pero más allá de la AUH, en el debate sobre las políticas sociales se hace escasa mención a transferencias no pecuniarias o a la provisión en zonas carenciadas de servicios básicos como iluminación, agua potable, salud y educación. Igualmente ausentes se encuentran menciones a una evaluación de su efectividad en términos de incrementar la demanda de educación y salud, o a los mecanismos que posibilitarían eventualmente la reinserción en el mercado laboral formal de los beneficiarios de la AUH y de otros programas de protección social, advierte el trabajo de Cippec.

Política industrial
La segunda coincidencia está vinculada a las varias veces criticadas políticas proteccionistas aplicadas por el Gobierno sobre la industria nacional. Aunque, persisten profundas diferencias y notorias imprecisiones en cuanto a los objetivos, alcance y programas específicos a implementar con vistas a los próximos cuatro años tanto en el oficialismo gobernante como en la oposición, algunos pocos candidatos (Alfonsín y Duhalde) impulsan políticas industriales horizontales, es decir comunes a todos los sectores productivos, mientras que una amplia mayoría favorece políticas verticales, tanto con foco sectorial (CC, FPV, PRO y Solanas) como geográfico o regional (Cobos, Sanz). Incluso algunos propugnan un enfoque mixto sectorial-territorial (Socialismo).

Otra área de disenso aparece en el tipo de instrumentos a emplear por parte del Estado para incentivar y proteger al sector empresario nacional. En un extremo, el PRO promueve la provisión de bienes públicos como infraestructura y mejoras en el “clima de inversión”. En el polo opuesto, Solanas impulsa la creación de corporaciones estatales y de empresas públicas regionales en sectores “estratégicos”.

Mientras que en un espacio intermedio, se ubican candidatos que proponen intervenciones específicas: la creación de un Banco de Desarrollo (Duhalde y Sanz) al estilo Brasil o de una agencia nacional de promoción del emprendedorismo (la CC); regímenes de estímulo fiscal a la inversión, seguros a los créditos de exportación y mayores controles regulatorios (Duhalde).

En cuanto al destino de estas políticas, el Gobierno y el GEN de Margarita Stolbizer priorizan explícitamente al mercado interno y el mantenimiento del pleno empleo. En el resto de los partidos abundan las imprecisiones, salvo en el caso de Duhalde que parece favorecer el incentivo a sectores transables y la inversión por medio de una amplia variedad de medidas financieras y fiscales.

Mayorías simples
Pero hay más temas que cruzan la agenda económica de los políticos “presidenciables” en la Argentina sobre los que hay mayoría simple de criterio, como la estatización de Aerolíneas Argentinas o el programa Fútbol para todos, o una polarización que hace imposible prever su continuidad en el tiempo.

El PRO es el único partido que se pronuncia abiertamente a favor de una reprivatización de Aerolíneas Argentinas (AA). En contraste, el resto de la oposición comparte, con matices, la decisión del oficialismo de nacionalizar AA. Mayormente, los restantes candidatos no oficialistas impulsan mejoras en la gestión, a través de, por ejemplo, una mayor participación de los usuarios y los trabajadores (Binner y Solanas), la creación de una nueva aerolínea estatal (Rodríguez Saá) o de una mayor competencia en el mercado aeronáutico nacional (Carrió y Sanz). Alfonsín y Cobos son los únicos que se diferencian, al proponer un esquema de gestión o gerenciamiento privado con mantenimiento de la propiedad estatal de la empresa.

Por Federico Manrique