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Sin un INDEC creíble, será difícil recuperar la confianza
El ministro Amado Boudou dio un paso importante en su intento de recuperar la confianza de los inversores y regresar a los mercados voluntarios de crédito, pero su `talón de Aquiles` sigue siendo el INDEC, donde aún no se vislumbran políticas para dotarlo de credibilidad.
En una medida que inicialmente fue bien recibida por los operadores financieros, la Argentina propuso un nuevo canje de títulos públicos por hasta 9.000 millones de pesos, que en su mayoría están en manos de inversores locales, porque Boudou sabe que necesitará de todas las fuentes de financiamiento posibles.
La decisión se anunció pocas horas después de conocerse que el juez neoyorquino Thomas Griesa emitió fallos a favor y en contra de la Argentina en la interminable puja que mantiene con los acreedores en default.
Si bien el miércoles Griesa rechazó un nuevo intento de acreedores de la Argentina de embargar activos de la estatal Aerolíneas Argentinas, tal cual lo había hecho en abril último, el fondo de riesgo Elliott Management logró congelar el 6,2 por ciento de las acciones del Banco Hipotecario que la Argentina tiene en una cuenta de los Estados Unidos, por unos 27 millones de dólares.
Esto se suma al fallo de la Justicia de Bélgica que le inmovilizó unos 150 mil dólares a la embajada argentina en ese país europeo, en una decisión más simbólica que efectiva.
Así, el tema de la deuda en default, por unos 28.000 millones de dólares, continúa siendo un dolor de cabeza para la Argentina, que tendrá muchas trabas para recibir préstamos del exterior hasta tanto logre solucionar este litigio y los compromisos con el Club de París, por otros 6.500 millones de dólares.
Pero, mientras se intenta descomprimir el frente externo, Boudou decidió avanzar con señales hacia los bonistas locales. El objetivo del ministro de Economía es ir sacando del mercado los conflictivos títulos que ajustan por coeficiente CER -casi lo mismo que la inflación- y reemplazarlos por títulos BOCAN, que se actualizan por la tasa de los plazos fijos, más creíble para el mercado.
Así, según los cálculos que realizan en el Palacio de Hacienda, un canje exitoso impedirá que cualquier eventual corrección del índice de inflación del INDEC impacte sobre las cuentas públicas.
La decisión se anunció pocas horas después de conocerse que el juez neoyorquino Thomas Griesa emitió fallos a favor y en contra de la Argentina en la interminable puja que mantiene con los acreedores en default.
Si bien el miércoles Griesa rechazó un nuevo intento de acreedores de la Argentina de embargar activos de la estatal Aerolíneas Argentinas, tal cual lo había hecho en abril último, el fondo de riesgo Elliott Management logró congelar el 6,2 por ciento de las acciones del Banco Hipotecario que la Argentina tiene en una cuenta de los Estados Unidos, por unos 27 millones de dólares.
Esto se suma al fallo de la Justicia de Bélgica que le inmovilizó unos 150 mil dólares a la embajada argentina en ese país europeo, en una decisión más simbólica que efectiva.
Así, el tema de la deuda en default, por unos 28.000 millones de dólares, continúa siendo un dolor de cabeza para la Argentina, que tendrá muchas trabas para recibir préstamos del exterior hasta tanto logre solucionar este litigio y los compromisos con el Club de París, por otros 6.500 millones de dólares.
Pero, mientras se intenta descomprimir el frente externo, Boudou decidió avanzar con señales hacia los bonistas locales. El objetivo del ministro de Economía es ir sacando del mercado los conflictivos títulos que ajustan por coeficiente CER -casi lo mismo que la inflación- y reemplazarlos por títulos BOCAN, que se actualizan por la tasa de los plazos fijos, más creíble para el mercado.
Así, según los cálculos que realizan en el Palacio de Hacienda, un canje exitoso impedirá que cualquier eventual corrección del índice de inflación del INDEC impacte sobre las cuentas públicas.
El INDEC, un dolor de cabeza
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que no sólo se revisarán los índices del INDEC de los últimos años, sino que la auditoría se proyectará hasta diez años atrás.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que no sólo se revisarán los índices del INDEC de los últimos años, sino que la auditoría se proyectará hasta diez años atrás.
Los especialistas dudan sobre si es factible realizar semejante tarea faraónica, y cómo se haría operativo tamaño desafío.
Por ahora, el objetivo de la Casa Rosada debería poner el acento en los últimos dos años de estadísticas del organismo, desde que el INDEC fue intervenido y los agentes económicos empezaron a dudar sobre sus curiosas estadísticas.
Allí desempeñará un rol clave el Consejo Académico integrado por las universidades, aunque allí continúan haciendo ruido un grupo de profesores de la UBA que descreen del operativo transparencia y se niegan a participar.
Boudou quiere avanzar también rápido en este tema y por ello pretende realizar el jueves próximo la primera reunión del Consejo Académico con el director del INDEC, el polémico Norberto Itzkovich.
Por ahora, el objetivo de la Casa Rosada debería poner el acento en los últimos dos años de estadísticas del organismo, desde que el INDEC fue intervenido y los agentes económicos empezaron a dudar sobre sus curiosas estadísticas.
Allí desempeñará un rol clave el Consejo Académico integrado por las universidades, aunque allí continúan haciendo ruido un grupo de profesores de la UBA que descreen del operativo transparencia y se niegan a participar.
Boudou quiere avanzar también rápido en este tema y por ello pretende realizar el jueves próximo la primera reunión del Consejo Académico con el director del INDEC, el polémico Norberto Itzkovich.
Para el sector financiero, será casi imposible para Boudou obtener financiación a costos lógicos para la Argentina mientras el Gobierno tenga dificultades para achicar la incertidumbre en el mercado local.
El problema es que, desde la óptica del mercado, el gobierno argentino parece recorrer un camino inverso al que reclama el sector privado.
Las cámaras empresarias hablan de "injerencia estatal indebida" en la economía, una queja que se agudizó con la puja desatada en torno a la televisación del fútbol, donde tallan fuertes intereses mediáticos que se entrecruzan con la propia constitución de las principales centrales que nuclean a las compañías.
Las señales de alerta no llegan sólo desde los sectores más vinculados a las finanzas. Los industriales bonaerenses nucleados en la UIPBA concluyeron un estudio que arrojó preocupación sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en un distrito que representa casi la
mitad del Producto Bruto fabril del país.
"El 85 por ciento de las pymes sufrió una caída en sus niveles de rentabilidad", sostuvo el titular de la UIPBA, Osvaldo Rial, y reclamó incentivos impositivos y corregir leyes que representan enormes costos para las empresas, como la de Riesgos del Trabajo.
Pero los empresarios también están preocupados por las dificultades que tiene el kirchnerismo para construir un Gobierno de Unidad Nacional.
Una corriente muy fuerte de la UIA, liderada por el ex ministro de la Producción y actual secretario de la central fabril, José Ignacio de Mendiguren, reflotó la idea de apostar a un nuevo Pacto de la Moncloa, pero en la Argentina.
Aludió así al enorme acuerdo alcanzado en España entre empresas, gremios y partidos políticos durante el gobierno de transición de Adolfo Suárez, tiempo después de la muerte del dictador Francisco Franco.
Sería un acuerdo ambicioso destinado a fijar políticas de Estado en temas centrales de la economía, como cuáles son los sectores estratégicos a los cuales apuntar, cómo incentivar el empleo y redistribuir la riqueza, y crear las condiciones para pasar del crecimiento al desarrollo.
Parte de la oposición nucleada en la UCR también piensa en ese camino, como lo resumió Rodolfo Terragno cuando esta semana
presentó su Plan 10/16, donde puso mucho el acento en la necesidad de promover la inversión en energía.
El problema es que para alcanzar semejantes acuerdos hace falta diálogo político sin especulaciones entre Gobierno y oposición, y en la convocatoria a sectores empresarios suena imposible dejar afuera a la producción agropecuaria.
Dos metas que, por ahora, aparecen muy lejos en el horizonte de una Argentina cada vez más enfrentada.
El problema es que, desde la óptica del mercado, el gobierno argentino parece recorrer un camino inverso al que reclama el sector privado.
Las cámaras empresarias hablan de "injerencia estatal indebida" en la economía, una queja que se agudizó con la puja desatada en torno a la televisación del fútbol, donde tallan fuertes intereses mediáticos que se entrecruzan con la propia constitución de las principales centrales que nuclean a las compañías.
Las señales de alerta no llegan sólo desde los sectores más vinculados a las finanzas. Los industriales bonaerenses nucleados en la UIPBA concluyeron un estudio que arrojó preocupación sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en un distrito que representa casi la
mitad del Producto Bruto fabril del país.
"El 85 por ciento de las pymes sufrió una caída en sus niveles de rentabilidad", sostuvo el titular de la UIPBA, Osvaldo Rial, y reclamó incentivos impositivos y corregir leyes que representan enormes costos para las empresas, como la de Riesgos del Trabajo.
Pero los empresarios también están preocupados por las dificultades que tiene el kirchnerismo para construir un Gobierno de Unidad Nacional.
Una corriente muy fuerte de la UIA, liderada por el ex ministro de la Producción y actual secretario de la central fabril, José Ignacio de Mendiguren, reflotó la idea de apostar a un nuevo Pacto de la Moncloa, pero en la Argentina.
Aludió así al enorme acuerdo alcanzado en España entre empresas, gremios y partidos políticos durante el gobierno de transición de Adolfo Suárez, tiempo después de la muerte del dictador Francisco Franco.
Sería un acuerdo ambicioso destinado a fijar políticas de Estado en temas centrales de la economía, como cuáles son los sectores estratégicos a los cuales apuntar, cómo incentivar el empleo y redistribuir la riqueza, y crear las condiciones para pasar del crecimiento al desarrollo.
Parte de la oposición nucleada en la UCR también piensa en ese camino, como lo resumió Rodolfo Terragno cuando esta semana
presentó su Plan 10/16, donde puso mucho el acento en la necesidad de promover la inversión en energía.
El problema es que para alcanzar semejantes acuerdos hace falta diálogo político sin especulaciones entre Gobierno y oposición, y en la convocatoria a sectores empresarios suena imposible dejar afuera a la producción agropecuaria.
Dos metas que, por ahora, aparecen muy lejos en el horizonte de una Argentina cada vez más enfrentada.