Manoseo de índices: un escándalo que no cesa

El Indec difundió el índice de precios nacional del mes de agosto y su difusión ya estuvo teñida de sospecha. En lugar de sacar el comunicado a las 16 horas, como es habitual, se mandó a los medios a las 22.45 horas sin mediar explicación.

La demora, aparentemente, estuvo relacionada a la presión que se ejerció sobre varios gobernadores para que modificaran u ordenaran modificar los de sus provincias, sobre todo en aquellos que daba más alto que lo que le gustaba al gobierno.

En el caso de Mendoza, todos los medios consignaban que la provincia había aceptado el retoque, y por eso aparecía con una suba de 1,5%, mientras San luis, que es a otra jurisdicción que se mantenía independiente, mostraba un 3,3%.

Pero la bomba estalló esta mañana, cuando la titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, Patricia Giménez, salió a defender su trabajo y reveló que índice real en Mendoza era de 3,1%, que ellos no lo habían cambiado y que habían reclamado formalmente al Indec para que se corrigiera el error.

Es un escándalo porque modificar arbitrariamente la información pública es un delito previsto en Código Penal y los responsables estarían incursos en la figura, al menos en el grado de complicidad en caso de corroborarse que se manipuló la información a conciencia.

De no ser así, el gobierno de Mendoza debería denunciar penalmente a los funcionarios del Indec que manipularon los datos de la provincia y lo dejan mal parado. Lo mismo deberían hacer los legisladores nacionales por Mendoza.

Pero además, tratándose de un periodo electoral, este escándalo es bochornoso para el sistema institucional.